Los malos aires de Pulgar - Irma Montes Patiño

Hace buen rato el ministro Manuel Pulgar Vidal debió haber declarado la emergencia ambiental de Lima.

Hace poco, la Organización Mundial de la Salud (OMS) informó que Lima es la ciudad más contaminada de América Latina. Eso no es noticia para quienes vivimos aquí y padecemos diariamente lo señalado por la OMS, en unos distritos más grave que en otros. Pese a ello, lejos de declarar la emergencia ambiental para aplicar los protocolos necesarios y convertir a Lima en una urbe saludable, la máxima autoridad del rubro –el ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal– tomó a la ligera el informe de la OMS. Reaccionó una vez más defendiendo su floja gestión y culpó a terceros. “Lima es una ciudad que en el pasado estuvo ambientalmente abandonada”, dijo en conferencia con la prensa extranjera, obviando el tema central del informe, que es la pésima calidad del aire de nuestra capital, quitándole responsabilidad a su despacho e indirectamente a la alcaldesa Susana Villarán.

Pulgar Vidal minimiza un serio problema, que solo en Lima y Callao “es responsable de cerca de 4.000 muertes al año”. Y, según la propia OMS, “más de siete millones de personas mueren anualmente en el mundo a causa de la contaminación ambiental ya sea fuera o dentro del hogar, lo que convierte a la polución en el principal riesgo medioambiental para la salud”.

Es irritante pensar que cuando a Pulgar Vidal le conviene –por presión política o demagogia– declara emergencias ambientales (DEA) a diestra y siniestra, aunque todo quede solo en papel y se dejen abandonadas a las comunidades afectadas, tal como lo evidenció una federación de Loreto en setiembre pasado al denunciar que luego de seis meses: “El Estado [hasta hoy] no ha puesto en marcha ningún plan de remediación ambiental”. Lugar hasta el que llegó el propio ministro seis meses antes –fiel a su estilo muy ávido de atención y notoriedad– a pedir, en nombre del Estado Peruano, dramáticas disculpas frente a sus cámaras “por el abandono causado por el Estado” a las comunidades. “Hemos decidido intervenir para corregir el problema”, dijo en entrevista televisiva en marzo del 2013. Hasta ahora, ni una palabra, ni una acción concreta, solo formalidades legales, papeleos e infinitas reuniones burocráticas. Tampoco se emite una DEA en la depredada Madre de Dios –pese a los múltiples estudios que demuestran elevadísima contaminación por mercurio en ecosistemas y organismos humanos– seguro porque se trata de un sitio emblemático internacionalmente y hacerlo sería aceptar el fracaso de su gestión.

Cabe señalar que un estudio del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) informó que Ate y El Agustino eran los distritos que encabezaban la lista de los siete distritos con el aire más contaminado en Lima, seguidos por Villa María del Triunfo, Santa Anita, San Borja y Jesús María, todos con índice de partículas por encima de los aceptados por la OMS. Es obvio que hace buen rato el ministro debiera haber declarado la emergencia ambiental de Lima como primer paso para su remediación. Pero esta vez fue muy lejos al minimizar la comprobada contaminación en nuestra ciudad desinformando a la opinión pública nacional e internacional. Esto solo puede explicarse porque en diciembre próximo se realizará en Lima la COP-20 (vigésima conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático) y él será el presidente del magno evento. No lo hace, pues no solo sería vergonzoso sino que evidenciaría su pobre manejo del problema.

Irma Montes Patiño

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Los malos aires de Pulgar by Irma Montes Patiño

Publicado Lunes 19 de mayo del 2014
http://elcomercio.pe/opinion/columnistas/malos-aires-pulgar-irma-montes-patino-noticia-1730291

Inconsulta previa - Irma Montes Patiño

La Ley de Consulta Previa tiene muchos errores que deberían ser corregidos.

Como es costumbre, ante un problema nuestros políticos ofrecen solucionarlo con una nueva ley y a veces esta lo complica todo aun más.

Algo de esto es lo que ha ocurrido con la ley de consulta previa y su reglamento. Normas saludadas por tirios y troyanos, pero que en la práctica son letra muerta y, en el caso del reglamento, las organizaciones indígenas consideran que este genera vacíos dentro de la ley y “genera dudas para la implementación”. De hecho, la famosa consulta previa genera incertidumbre y desconfianza entre los que pretende ayudar.

En el Perú, el Convenio 169 (OIT), sobre derechos de los pueblos indígenas y tribales, entra en vigencia en 1995. Ya había pues una norma (de rango constitucional) sobre el tema. Sin embargo, se aprobó la ley de consulta para implementar los principios del 169 y hasta la fecha carece de metodología eficiente, no se identifica a quiénes consultar y se han generado falsas expectativas en las comunidades indígenas. Es decir, un instrumento lleno de buenas intenciones que, paradójicamente, podría causar nuevos conflictos sociales y hasta desvirtuar lo que establecen normas precedentes sobre el manejo y explotación de nuestros recursos naturales.

La aprobación unánime de la ley de consulta previa inauguró con bombos y maracas nuestro actual Congreso y se dio para garantizar el derecho de estos pueblos a informarlos libre y previamente sobre los proyectos que puedan afectar su destino. Gran logro si nos quedamos solo en el papel: en la práctica, hasta ahora, no ha servido para solucionar, sino entorpecer el ya difícil camino de las inversiones y el reconocimiento de los derechos indígenas.

Como si esta ineficacia no fuera suficiente, la congresista Pérez Tello pretende impulsar una norma que en esencia empoderaría en primera instancia a la Comisión de Pueblos Andinos, Ambiente y Ecología del Congreso (de la cual ella es miembro titular) y luego al pleno del Congreso para opinar y dictaminar sobre el rango y aplicabilidad de la ley de consulta previa. Hecho que no solo es alarmante por las innumerables vulnerabilidades y riesgos que conlleva algo semejante, sino porque amenaza nuestra institucionalidad intentando dejar de lado al Ejecutivo, encargado de aplicar la norma a través de su ente rector.

Mientras el Congreso busca maneras de obtener más poder sobre las decisiones económicas que nos afectan como peruanos, olvida que lo que debe corregirse es la asimetría entre los pueblos indígenas frente al Estado y a las empresas. Tal como están planteadas hoy las cosas, esa asimetría continuará y una norma en los términos que plantea Pérez Tello terminará hundiendo toda intención del Ejecutivo de avanzar y destrabar las inversiones.

Urge corregir entonces la vigente e inaplicable ley de consulta y su antitécnico reglamento, alineándolos con leyes ya efectivas que promuevan proyectos de manera despolitizada, consensuada y sostenible para el país. Se equivoca pues el Congreso al pretender legislar sobre un tema que desconoce profundamente, en la medida en que ni siquiera se tiene claro quiénes son nuestros pueblos indígenas.

La modificación de la ley de consulta debe retomar la esencia de nuestra normativa elaborada a raíz del espíritu del Convenio 169 para así evitar sabotear su aplicabilidad. El problema está en saberlo interpretar correctamente.

Irma Montes Patiño


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Inconsulta Previa - Irma Montes Patiño by Irma Montes Patiño

Publicado Lunes 21 de abril del 2014

http://elcomercio.pe/opinion/columnistas/inconsulta-previa-irma-montes-patino-noticia-1724018

Por Yaku y Wayra - Irma Montes Patiño

Artículo de opinión sobre las condiciones de vida de animales en cautiverio y la normatividad al respecto.

La perturbadora situación de los delfines Yaku y Wayra –‘agua’ y ‘aire’ en quechua– es un vivo ejemplo de la ineficiente normativa de nuestro país cuando se trata de legislar sobre los derechos de los animales. La pareja de delfines vive en cruel cautiverio desde 1997 y hace casi cuatro años fue trasladada del hotel Los Delfines a una poza en La Herradura, Chorrillos. Fueron traídos al Perú a fines de los noventa con un permiso “especial”, importados de México, pero capturados ilegalmente en Cuba, país donde se promueve este tipo de lucrativa actividad y donde las palabras ‘encierro’ y ‘cautiverio’ simbolizan restricción de libertad no solo para el hombre sino hasta para inocentes animales.

El tráfico de vida silvestre es uno de los grandes desafíos globales y el tercer crimen organizado mundial después de las drogas y armas. Según The Humane Society International, “métodos utilizados para capturar animales para el comercio ilegal pueden ser terriblemente crueles”. Tan cruel como el trato dado a Yaku y Wayra, que fueron el incomprensible atractivo del hotel Los Delfines de San Isidro y generaron constantes protestas de los defensores de los animales nacionales e internacionales. Poco a poco creció la sensibilidad sobre las especies en cautiverio y estos dos simpáticos mamíferos marinos terminaron en el eufemísticamente llamado Delfinario de La Herradura (una poza hoy sin acceso al público ni prensa).

En 1996 el entonces Ministerio de Pesquería les facilitó a los hermanos Levy, dueños del hotel –y además luego responsables de la vergonzosa quiebra del banco Nuevo Mundo– traer estos animales con la Resolución Ministerial 588-96-PE, que establecía curiosamente a la especie ‘Tursiops truncatus’ como “único cetáceo que puede ser mantenido en cautiverio en el país”. Así, los señores Levy tendrían a sus dos ‘Tursiops truncatus’ exhibiéndose en su hotel.

En el Perú mucha normativa tiene nombre propio y esa parece haber sido una de ellas. Otras normas se contraponen, son inaplicables, ineficientes o de difícil fiscalización. Se supone, por ejemplo, que el Decreto Supremo 002-96-PE requiere la autorización del Ministerio de Pesquería (hoy bajo Produce) para permitir el cautiverio “con fines de investigación, recreación y difusión cultural” de mamíferos marinos. Hoy Produce le lanza la papa caliente de evaluación de condiciones del cautiverio al recientemente operativo Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), según Ley 29673.

Son además demasiadas las instituciones con funciones y competencias en el asunto de los inocentes Yaku y Wayra: Municipio de Chorrillos, Minam, Imarpe (bajo Produce), Minsa y el propio Congreso, que sin reglamentar la Ley 27265 (Ley de Protección a los Animales Domésticos y a los Animales Silvestres Mantenidos en Cautiverio) no cumple con hacer efectivas las intenciones de esta ley promulgada ya a fines del gobierno de Fujimori, que declaró entonces de “interés nacional la protección a todas las especies de animales domésticos y de animales silvestres mantenidos en cautiverio, contra todo acto de crueldad causado o permitido por el hombre, directa e indirectamente, que les ocasione sufrimiento innecesario, lesión o muerte”.

Se sabe que Wayra mató a una de sus crías y que otras dos no sobrevivieron. Quizá por intuir que, paradójicamente, a ellas les faltaría justamente eso para sobrevivir: el “agua” y el “aire” en libertad. Es momento de legislar con la mano en el corazón y no en los bolsillos, señores congresistas.

Irma Montes Patiño

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Por Yaku y Wayra - Irma Montes Patiño by Irma Montes Patiño

Publicado LUNES 17 DE MARZO DEL 2014 
http://elcomercio.pe/opinion/columnistas/yaku-y-wayra-irma-montes-patino-noticia-1716337

Ley atrapada - Irma Montes Patiño

Artículo de opinión sobre la ley de consulta previa y estado actual al año 2014.

La ley de consulta previa sigue entrampada, a casi tres años de su unánime promulgación por el Congreso. En la práctica ha resultado inaplicable y requiere reformulación para ser viable, sino quedara como otra demagógica promesa incumplida del gobierno y trampa generadora de nuevos conflictos sociales, ante las expectativas creadas.

La ley de consulta se basa en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes y aquí entró en vigor en 1995. Y, sin necesidad de una ley, se vino cumpliendo eficazmente mediante mecanismos bilaterales: talleres informativos, convenios entre empresas y comunidades, etc.

Este gobierno y sus funcionarios a cargo no comprendieron que el Convenio 169 es un instrumento político efectivo para promover derechos indígenas y construir espacios de consenso, no para crear diferentes categorías de personas con derechos distintos a los del resto de peruanos.

Y es justo ese afán de crear categorías de peruanos el principal escollo para una norma que no ha hecho más que darles nuevas herramientas a las ONG antiinversión para rezongar, cuando esta mismas ONG son cantera de muchos de los incompetentes funcionarios de hoy.

Ni los funcionarios del propio Ministerio de Cultura -ente rector de la norma- tienen claro a quien se le deben consultar. Dicen que el retraso en la implementación de la consulta es por no contar con una base de datos (de pueblos indígenas). Innecesaria, pues desde la década de 1990 los sectores, las empresas y las comunidades ya usaban espacios y mecanismos de discusión libre e información previa en varias fases de los proyectos.

En noviembre del 2011, el entonces viceministro de Interculturidad, Iván Lanegra, anunció que la base de datos se difundiría en diciembre de ese año. En abril y mayo del 2012, Lanegra informó repetidamente a la prensa que se publicaría en esos meses, y siguió declarando lo mismo hasta dejar el cargo. A la fecha no existe una base de datos; quizá sea mejor, pues urge modificar la norma para que recoja el verdadero espíritu del Convenio 169 y elimine el sesgo activista que le imprimieron varios de los funcionarios involucrados en su elaboración.

Parecería lógico que la identificación de los pueblos indígenas sea requisito para ejercer el derecho a la consulta previa, pero esto colisiona con la Constitución, ya que, así, no todos los ciudadanos gozaríamos de los mismos derechos. La buena intención del gobierno del presidente Humala de dar potentes y positivas señales de inclusión social no tomó en cuenta estos factores.

Hay en el convenio 169 algo de lo que poco se habla y discute y debió ser medular al legislar: incluir medidas "que ayuden a los miembros de los miembros de los pueblos interesados a eliminar las diferencias socieconómicas que puedan existir entre indígenas y los demás miembros de la comunidad nacional, de una manera compatible con sus aspiraciones y sus formas de vida". Esto es, facilitar involucrarse en las actividades económicas de sus territorios, promover mecanismos y normas que les genere beneficios, eleven su calidad de vida y promuevan su desarrollo sostenible.

Esto se ha venido haciendo en nuestro país, desde la entrada en vigor del convenio 169. Sin la expectativa creada por una ley de consulta previa, que como está, es discriminadora e inaplicable.

Irma Montes Patiño

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Ley Atrapada - Irma Montes Patiño by Irma Montes Patiño

El aire dañino que respiramos y que las autoridades no se esfuerzan en mejorar - Irma Montes Patiño

Ya casi termina el año y seguimos respirando aire de bajísima calidad, casi tan baja como el compromiso de las autoridades para enfrentar la contaminación.

La fuente es el añejo parque automotor que sigue circulando por la capital, sin que la reforma del transporte se implemente, y no se hará si la iniciativa municipal no es respaldada por una decisión de Estado. Súmese a los motores, las industrias y refinerías mineras y petroleras ubicadas en zonas urbanas y periurbanas que incumplen los estándares ambientales, y no faltan las explotaciones mineras ilegales (como en Chosica) que liberan tóxicos al ambiente, incluidos vapores de mercurio.

Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial deben impulsar y unificar criterios, junto con los municipios, y generar una gran cruzada por el aire limpio. En los últimos años –según un informe de Munilima–, la contaminación causó unos 800 mil casos de infecciones respiratorias agudas (IRA) en Lima y Callao, con la consecuencia de pérdidas de horas hombre y una serie de gastos –evitables– en el sistema de salud social.

El aire contaminado es un ‘asesino silencioso’ que, solo en Lima, mata a seis mil personas cada año. Estamos ante el principal problema de salud pública de las ciudades y uno de los mayores problemas ambientales del país, pues esta amenaza es invisible –contrariamente a un relave minero o derrame petrolero– y los planes de acción y remediación no son inmediatos.

Lima será sede el próximo año de la 19 Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP19). En ese sentido, uno de los temas por tratar es la reducción de gases de efecto invernadero (GEI), varios de los cuales generan parte de la contaminación del aire. ¿Qué avances mostraremos el próximo diciembre a los líderes del mundo?

Una nota aparecida en “La Razón”, de España, informa que el miércoles pasado, la Comisión Europea aprobó una serie de medidas para mejorar la calidad del aire y evitar las 58 mil muertes prematuras anuales relacionadas con la contaminación. El anuncio lo hizo el comisionado europeo de Medio Ambiente, Janez Potocnik, quien además informó que la Directiva de Calidad del Aire, en vigor desde el 2011, será mucho más estricta.

Para ello, la Comisión Europea revisó todas sus políticas de calidad de aire, los vacíos jurídicos y estableció nuevos límites de contaminantes con calendarios específicos para 2020, 2025 y 2030. La contaminación ambiental le cuesta a Europa hasta 940 billones de euros anuales en temas de salud.

China, por su lado, invertirá unos US$300.000 millones en los próximos tres años, para combatir la contaminación. La cifra la dio a conocer Wang Jinnan, vicepresidente de la Academia china de Planificación Medioambiental, y aseguró que esta lucha frontal creará, además, más de dos millones de puestos de trabajo. Cerca de 37% del monto será para limpiar el aire, y el resto para promover las energías limpias y mejorar la eficiencia de los motores.

Urge, pues, que todos participemos en una cruzada por el aire limpio, de otro modo las ciudades –lejos de ser centros de prosperidad– se irán convirtiendo, cada vez más, en imperio de cáncer, asma, aborto espontáneo, infarto, embolia, hipertensión, bebes de bajo peso al nacer y otros males asociados al ‘asesino invisible”.

Irma Montes Patiño

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El aire dañino que respiramos y que las autoridades no se esfuerzan en mejorar - Irma Montes Patiño by Irma Montes Patiño

También en la siguiente imagen:

Publicado MARTES 24 DE DICIEMBRE DEL 2013 

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Anaya y Fitzcarrald

El presidente Ollanta Humala remarcó en la cumbre APEC, de octubre, que el liderazgo en la política medioambiental del país debe llevarlo el Estado y no las ONG. ¿Pero qué sucede cuando esas mismas personas que han estado años trabajando en esas ONG aludidas por el presidente Humala ocupan los puestos que deben tomar las decisiones técnicas y políticas, y trazar la política ambiental desde el propio Estado?

Lo dicho es más preocupante cuando estas mismas ONG alimentan de información a las ONG internacionales y estas a los organismos internacionales encargados de opinar –desde una óptica internacional y absolutamente objetiva- sobre el cumplimiento de acuerdos a los cuales se ha adscrito nuestro país.

En este contexto, nos preocupa la objetividad de la próxima visita oficial a nuestro país del señor James Anaya, relator especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Y es que el relator Anaya visitará el Perú luego de la publicación del informe que elaboró su despacho en Ginebra sobre la situación de los pueblos indígenas que habitan las proximidades del proyecto Camisea, en el Cusco, particularmente en la Reserva Territorial Kugapakori-Nahua-Nanti (RTKNN).

En este informe final se consigna, entre otros puntos de claro interés personal, dos que valen la pena rescatar para comprender la preocupación del presidente Humala por lo advertido en APEC. Máxime si el informe oficial del señor Anaya fue publicado en setiembre del 2013 –luego de un año de contrapunteo entre el Estado Peruano y el despacho de Anaya- y no considera como válidas ninguna de las declaraciones hechas por el Estado Peruano en los sucesivos informes que se le envía al relator Anaya a través de las entidades pertinentes.

Preocupa más cuando insiste en mantener una posición suspicaz al remarcar: “El relator especial observa, sin embargo, que existe una divergencia entre la información presentada por el Gobierno [Peruano] y las alegaciones recibidas con respecto a la legalidad de la ampliación de actividades hidrocarburíferas en el lote 88, la existencia de una concesión en el denominado lote Fitzcarrald”.

Aseveración oficial del relator al que el Estado Peruano, a través de un oficio de la procuradora pública especializada supranacional del Ministerio de Justicia, responde: “Con respecto al alegado lote Fitzcarrald, es necesario afirmar de manera contundente que Perú-Petro no ha establecido ningún área con dicha denominación ni lote calificado como tal, menos aún sobre la Reserva Territorial Kugapakori-Nahua-Nanti. Por lo tanto, no existe ningún trámite de negociación con alguna empresa en el área mencionada”.

Queda clarísimo así que el lote Fitzcarrald, sobre el cual alguien ha desinformado al relator Anaya, no es más que una invención ‘oenegera’ y ello evidencia el sesgo de nuestro próximo ilustre visitante.

Nos sumamos así a la preocupación del presidente Humala cuando con justa razón advierte que las ONG no deben encargarse de dictar la política ambiental del Estado. Pues, en un afán de garantizar el flujo de fondos internacionales, apuntan a moldear las opiniones de ciertos organismos internacionales.

Nos preguntamos entonces, luego de un informe tan ligero, ¿debemos tomar en serio las sugerencias de un funcionario internacional que además de estar de salida de su cargo, exige que durante su visita oficial se le conceda visitar otras áreas ‘de interes’ que ni siquiera consigna su informe oficial?

Irma Montes Patiño


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Anaya y Fitzcarrald - Irma Montes patiño by Irma Montes Patiño

Q.E.P.D - Irma Montes Patiño

Se acaba de propinar el golpe más fuerte contra la ley de consulta previa, desde su promulgación hace dos años. La responsable ha sido, lamentablemente, la flamante ministra de Cultura, Diana Álvarez-Calderón, es decir, la "garante" de esa ley. Y es que, en su primera entrevista a un programa televisivo -concedida al periodista Jaime  de Althaus-, la ministra entró en una serie de contradicciones que evidenciaron su falta de información sobre el tema.

No es nuestra intención hacer notar las debilidades técnicas de la ministra Álvarez-Calderón ni su falta de información sobre los alcances de su cargo, pero sí la de su situación al mando de un ministerio que quizá sea el mas importante para destrabar la millonaria inversión paralizada para grandes proyectos extractivos y de infraestructura.

Si bien su nombramiento fue muy criticado, siempre es fácil hacerlo desde el otro lado de la vereda y por eso, luego de analizar su posición, podemos contar con información mas certera, pues proviene de sus mismas declaraciones. La sorpresa se da mas por el lado de las personas que están a cargo de los temas técnicos, de las que la asesoran y de las que ya formaban los cuadros de expertos en el sector que ella ahora lidera. 

La ministra es la que lleva la voz cantante en el sector y hace eco de la línea trazada por el gobierno. Es decir, que lo que ella manifiesta no es sólo algo con lo que esta de acuerdo personalmente, sino que transmite la opinión de los que proponen las políticas de su sector.

Pues bien, el golpe del que hablamos al inicio se da a por fin aceptar lo que muchos quisieron esconder y no reconocer: que no existen lineamientos técnicos serios para determinar quiénes serán los pueblos a los que la ley de consulta debe consultar. Se ha escrito y debatido extensamente sobre el objeto a consultar, el contenido de lo consultado y demás aspectos, pero de nada serviría llegar a un acuerdo bajo esas condiciones si lo principal -el sujeto de la propia consulta- no se puede reconocer. Y es que si bien la ley se basa en los criterios que recoge el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (1989), ese mismo convenio es muy amplio, genérico y hasta poco claro en cuanto al criterio de la subjetividad, es decir, que los pueblos indígenas mismos deben autorreconocerse como tales.

Queda pues en evidencia lo que hemos venido sosteniendo en esta columna del aspecto demagógico de dicha ley y que sólo fue usada como una ficha táctica en el nuevo tablero del entonces inaugurado gobierno. Donde las aclamaciones llegaron al extranjero, como si ello anunciara lo que sería un gobierno justo, inclusivo, tolerante, y eficiente en materia de pueblos indígenas, Dos años después, nada mas alejado de la realidad.

En conclusión, con lo que manifestó la ministra Álvarez-Calderón, podemos considerar que se ha sepultado la ultima posibilidad de implementación adecuada de la ley, pues declaró que para saber a quienes se les consultará "se ha solicitado al Minagri [Ministerio de Agricultura y Riego] el poyo con un catastro que se hará en el siguiente censo", es decir, no se tendrá respuesta a esa pregunta crucial en este gobierno y, claro, ya será responsabilidad del próximo o de alguien más. Que en paz descanse, ley de consulta previa.

Irma Montes Patiño

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Q.E.P.D - Irma Montes Patiño by Irma Montes Patiño

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Los dueños de nada - Irma Montes Patiño

Artículo y columna de opinión que trata sobre los problemas de propiedad de las comunidades amazónicas en el Perú. Escrito en el diario El Comercio en Octubre del 2013.

La errada creencia de que el problema de nuestra amazonia es meramente ecológico nos ha llevado a un callejón sin salida. Y no saldremos de ahí hasta que las autoridades interioricen que el asunto es social, político y resultado de la asimetría - comercial y legal - existente entre el capital, las empresas extractivas y las comunidades indígenas. El reto del estado Peruano, con miras al bicentenario, es sentar las bases para que dichas comunidades asuman las ventajas de la modernidad y se inserten en el desarrollo económico del país.

Es fundamenta, entonces, que cuenten con la titulación de sus tierras comunales y que se impulse el desarrollo de sus capacidades para el uso de las herramientas legales y comerciales necesarias para todo tipo de convenios, alianzas publico-privadas y contratos que les permitan protegerse y, a la vez, beneficiarse sosteniblemente de las riquezas de sus territorios.

El gobierno del presidente Ollanta Humala se regocija de haber logrado la aprobación de la ley de consulta previa a los pueblos indígenas. Sin embargo, sus autoridades confunden términos y prioridades, y cambian constantemente el discurso.

En febrero, con el entonces primer ministro Óscar Valdés Dancuart, se suscribió un documento que atendía las demandas de los asháninkas. Lo principal era la titulación inmediata de sus tierras, pues sólo así se respetaran sus limites y evitaran la invasión de colonos. Hoy el actual gabinete no fomenta la titulación, pese a que existen unas 155 comunidades nativas por titular.

"Para los pueblos indígenas de la Amazonia es primordial la defensa de su territorio porque este es el ámbito de sus supervivencia, tanto física como sociocultural , y también de su proyección futura", explica el Instituto del Bien Común (IBC), entidad que desarrolla trabajos de demarcación y censo de estas poblaciones; información que el estado no ha sabido -o querido- recoger ni sistematizar para hacer viables los grandes proyectos de inversión y facilitar la consulta previa, hoy tan entrampada; no se sabe a quién se debe consultar ni sobre qué.

Si no está claro a quién pertenece el área por concesionarse, ¿quién será consultado? Y si los ancestrales propietarios no tienen títulos, ¿cómo defenderán sus derechos económicos y comerciales, y expresarán sus preocupaciones? Para el IBC, "el proceso de titulación no constituye una prioridad política del Estado Peruano".

De la urgente titulación de tierras que Valdés Dancuart parecia comprometido a concretar, se pasa ahora al discurso del ordenamiento territorial, tema necesario, pero que no solucionará la conflictividad latente en las comunidades.

Ya dos petroleras -Talisman Energy y Conoco Phillips- no invertirán mas en el Perú, en gran medida, por la desconfianza de las comunidades reflejada en hostilidades con las empresas y los representantes del Gobierno Nacional. El ministro del Ambiente, Manuel Pulgar-Vidal, ha explicado que la futura ley de ordenamiento territorial -cuyo borrador es preparado por el Acuerdo Nacional- "no será una herramienta de exclusión de alguna actividad económica". Lo que si se intuye es que los grandes excluidos serán, una vez mas, los pueblos originarios del Perú.

Irma Montes Patiño

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Dueños de nada - Irma Montes Patiño - Conflictos sociales en el Perú by Irma Montes Patiño


O mediante la siguiente imagen:

Saludos,
Irma Montes Patiño
Consultora en resolución de conflictos sociales.

El rapto de las agendas - Irma Montes Patiño

Artículo y columna de opinión sobre la situación de la izquierda internacional. Febrero 2013.

  La izquierda internacional ha perdido el debate intelectual y su modelo económico socialista fracasó rotundamente en todos los países en donde se implantó. ¿Qué les queda hoy? Solo politizar y apropiarse de cuanta causa surge: desde los derechos humanos, la defensa de la infancia, la diversidad sexual, pasando por la promoción cultural y, por supuesto, la defensa ambiental.

  Recordemos que históricamente los pensadores de izquierda han rechazado la idea de que la humanidad es rehén de la naturaleza o lo divino. Originalmente los marxistas expusieron la necesidad de rechazar el mito de que la naturaleza y la utilización de sus recursos eran claves para los objetivos del ser humano y buscaron destruir toda teoría que sostuviera que la naturaleza determinaba el progreso. Aceptar esos argumentos era cuestionar al socialismo como vía para solucionar la pobreza si es que la misma fuese producto de la naturaleza y no de la sociedad. Hoy la izquierda argumenta contradiciendo a su doctrina marxista, pero paradójicamente invocándola. Recordemos que lo atacado por Marx era justamente el elemento natural de la teoría malthusiana, calificando los argumentos del reverendo Malthus como un "agravio a la raza humana" (según el reverendo la pobreza era naturalmente inevitable). Por otro lado, los "marxistas" de hoy sostienen que es la naturaleza misma la que enmarca la escasez de recursos, llegando a generar la fata de oportunidades en las poblaciones mas vulnerables.

  Entonces el argumento rechazado por los marxistas de otrora -que los problemas de la sociedad moderna tienen una relación directa con nuestro entorno natural- representa un vuelco total del pensamiento socialista y un maquillaje idóneo para los izquierdistas de hoy. Los mismos que basan su progresista plataforma política en el antiguo axioma antisocialista de que el entorno natural es determinante y, de no respetarlo, pagaremos la factura de la escasez y el conflicto por los recursos. 

  Así, los extremistas de izquierda utilizan estas coartadas para desestabilizar gobiernos legítimos, entrar por la puerta falsa a la arena política y hasta desviar fondos internacionales para la construcción de movimientos partidos y concentrar acciones contra la inversión privada. En nuestro país vemos con frecuencia cómo se utiliza la excusa de la defensa del ambiente para ahuyentar la inversión y paralizar estratégicos proyectos de inversión. Piensan que desplomando la economía de mercado y frenando el crecimiento el comunismo puede garantizar su supervivencia, la misma que depende de una masa de pobres e inconformes y de la polarización y desinformación de la ciudadanía. Y esto ocurre frente a una derecha y centro derecha desarticuladas y ajenas a la realidad e idiosincrasia nacionales y a un empresariado que no se sacude del retrogrado mercantilismo. Son pocos los empresarios que han comprendido que el liberalismo económico debe enmarcarse en la sostenibilidad y menos aun los que comprenden la necesidad de favorecer el capitalismo popular.

  La bandera ambiental no puede capturarse ni debe tener color político porque se trata de algo practico (aunque tenga también raíces étnicas).

El respeto por el medio ambiente es pragmático, pues ni las poblaciones ni las economías prosperan en espacios depredados, contaminados y saqueados. La sociedad moderna subsiste de los servicios y recursos naturales: agua, aire, suelos, biodiversidad y cualquier emprendimiento económico requiere del correcto aprovechamiento de esos recursos.

Irma Montes Patiño

Se puede encontrar el artículo en digital a continuación:

El rapto de las agendas - Irma Montes Patiño - Conflictos sociales by Irma Montes Patiño

Y en la siguiente Imagen:

Saludos,

Irma Montes Patiño

Consultora en resolución de conflictos sociales.

Cañaris - Hay dudas sobre autorización a minera en tierras comunales - Irma Montes Patiño

En un columna publicada en el diario El Comercio sobre el conflicto social en Cañaris (Lambayeque) se me requirió mi opinión.

"La relación asimétrica del conflicto es un punto complejo y en este caso es obvia. Hay mucha desconfianza entre todos los afectados. Algunos sostienen que la consulta no fue legítima (por más que haya sido legal) y otros intentan explicar el conflicto haciendo referencia a la ausencia de la aplicación de la ley de consulta.

Yo considero como gran responsable de todos estos conflictos a la ineficiencia de este gobierno, en todos sus niveles. Desde el presidente Humala, que fue el primero en sembrar el sentimiento antiminero durante su agresiva campaña electoral, pasando por el Ministerio de Cultura, ente rector de la ley de consulta.

Dicen que tienen identificados a los pueblos sujetos de consulta, pero no pueden publicar el listado. Sin embargo, existe un listado de intérpretes oficiales para el proceso de consulta, entre los que figura un especialista en quechua de Lambayeque (zona de Cañaris).

Adicionalmente, debemos aterrizar la idea de que así se haya identificado al pueblo, la decisión de esta población no será vinculante. Mientras sigamos huérfanos de un sistema nacional que prevenga conflictos, que aglutine y haga una eficiente compilación de las normas, donde los encargados de aplicarlo sean especialistas, no vamos a dejar de tener este tipo de conflictos."

El artículo completo a continuación:

Cañaris - Hay dudas sobre autorización a minera en tierras comunales - Irma Montes Patiño by Irma Montes Patiño

O dandole click a las siguientes imagenes:

Artículos y columnas de opinión del año 2012 - Irma Montes Patiño

Resumen de artículos y columnas de opinión escritos el año 2012

Abuso de la protesta social

Artículo y columnas de opinión sobre al abuso de la protesta social en el Perú. Estos relacionados en el momento de escrito el artículo, con la minería ilegal e informal.

Por una efectiva política ambiental

Artículo y columnas de opinión sobre la implementación de una política ambiental efectiva en el país.

El financiamiento contra Conga

Artículo y columnas de opinión sobre el financiamiento contra proyectos de inversión (minera en este caso), y el trasfondo ideológico de las ONG antimineras.

Para proteger la Amazonía

Artículo y columnas de opinión sobre cómo la reforestación puede ayudar al desarrollo y protección de zonas altoandinas y de la selva, ayudando también a evitar los conflictos sociales en el Perú.

El riesgo del diálogo extemporáneo

Artículo y columnas de opinión sobre el enfoque, uso y fin de las mesas de diálogo que se dan en los conflictos sociales.

La importancia de la palabra

Artículo y columnas de opinión sobre el enfoque del  diálogo que se dan en los conflictos sociales en el Perú.

Propiedad y prosperidad

Artículo y columnas de opinión que trata sobre la propiedad de los recursos extractivos.

Oro para todos

Artículo y columnas de opinión que trata sobre los recursos extractivos.

El diálogo genera confianza

Artículo y columnas de opinión sobre el diálogo como método para evitar conflictos sociales en el Perú.

Diálogo de sordos en la tierra del alto comisionado

Artículo y columna  de opinión sobre la gestión del diálogo en los actores del estado para evitar conflictos sociales en el Perú.

Incertidumbre a un año de la consulta previa

Artículo y columna  de opinión sobre la consulta previa y los riesgos que podría implicar a  las inversiones en el Perú.

Para recuperar la confianza

Artículo y columna  de opinión que hace un análisis al tema ambiental, la falta de compromiso ante esto y lo  que esto conlleva. 

Un controvertido convenio

Artículo y columna de opinión sobre la ley de consulta previa.

Saludos,

Irma Montes Patiño

Un controvertido convenio - Irma Montes Patiño

Artículo de opinión sobre la ley de consulta previa. Columna escrita el 2012.

Un controvertido convenio suscrito el 11 de julio de 2012 entre Alberto Pizango, presidente de la Aidesep, y Pedro Miguel Grijalba Vásquez, de Petrobras Perú, increíblemente lesiona los derechos de los propios pueblos indígenas a los que la celebrada pero imperfecta Ley de Consulta Previa pretende proteger.

Las críticas a Pizango han sido muchas y desde varios frentes, sobre todo desde las bases de su pueblo de origen, los Shawi. Alfredo Torres Rucoba, alcalde de Balsapuerto, Loreto, calificó el hecho como una traición a los pueblos originarios. Incluso en abril el presidente del Consejo Aguaruna-Huambisa,Alexander TeetsWishu, lo acusa de malversar fondos y lo responsabiliza del abandono de los nativos apresados durante el Baguazo. Igual de duras han sido las expresiones desde la Conap, la segunda mayor organización indígena del país. 

El caso grafica que el debate sobre la eficacia de la Ley de Consulta está lejos de agotarse y, quizá, recién esté realmente por empezar el verdadero análisis de sus debilidades y entrampamientos. Lo de Pizango y Petrobras es un problema ético y a la vez muestra una profunda debilidad institucional y la pérdida de confianza de los mismos pueblos afectados. En estacolumna hemos reiterado la importancia de la palabra empeñada y a la confianza que debe imperar entre los actores. Solo en ese clima se podrá manejar de manera constructiva un potencial conflicto. Pizango y Petrobras han debilitado esa confianza entre pueblos y líderes, quienes juegan el importante papel de defensores delos derechos de sus hermanos. La debilidad institucional la expresa claramente el connotado experto en derecho internacional de los pueblos indígenas y jurista español Bartolomé Clavero, quien advirtió sobre este convenio. "Aparte de lo delicado de un compromiso de esta índole, la desproporción entre partida y contrapartida es enorme" Y enfatiza la cláusula séptima del convenio describiéndola como "tan desorbitada que no tiene cabida ni en la capacidad de una organización teóricamente representativa como la Aidesep ni, más general y llanamente, en el derecho contractual, esto es, entre las prácticas legítimas de extracción y tráfico de recursos. No obliga por supuesto a las comunidades indigenas". Con ello se refiere al contenido pernicioso que exime a las comunidades afectadas de cualquier reclamo, acción o demanda -de toda índole-en contra de Petrobras. En concreto, recae sobre pocas manos la decisión sobre un contrato leonino que nos afecta a todos como país y del que se benefician unos pocos dirigentes de turno. La duda y preocupación aparecen cuando reflexionamos sobre la objetividad y criterio que pueden tenerlos líderes nativos en quienes recae la responsabilidad de decidir mediante la aplicación de la ley de consulta -el destino delos recursos naturales de todos los peruanos. 

Uno se preguntaría ¿para qué insistir implementando la normas si llegado el momento bastará firmar un convenio casi secreto (algunos dirigentes de la Aidesep revelaron no haber conocido el contenido del documento) y dejar las decisiones que nos afecten a todos, en manos del representante de turno de las organizaciones indígenas? Hay que sumar que a todo esto además que el Gobierno mantiene inexplicablemente pa­ralizadas inversiones por más de 50 mil millones de dólares debido a la falta de institucionalidad.

Irma Montes Patiño

Un controvertido convenio - Irma Montes Patiño by Irma Montes Patiño

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Irma Montes Patiño

Para recuperar la confianza - Irma Montes Patiño

Artículo de opinión que hace un análisis al tema ambiental, la falta de compromiso ante esto y lo  que esto conlleva. Columna escrita el 2012.

Durante la última campaña presidencial, los representantes de los partidos políticos más sólidos suscribieron el Pacto Ambiental, que con visión y acierto fue promovido por este Diario. Dentro de lo asumido figuraba: “Promover la conservación y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales en el marco de una gobernanza basada en el ordenamiento territorial, la inclusión social, equidad, participación ciudadana, interculturalidad, distribución equitativa de los beneficios y el fortalecimiento del Estado para el cumplimiento de su rol de administrar, salvaguardar los recursos naturales y prevenir los conflictos sociales”. También fortalecer el Sistema Nacional de Gestión Ambiental, con concertación intergubernamental, y el compromiso de reducir la degradación ambiental sin altos costos sociales. En el tema del agua, el compromiso fue la protección y el fortalecimiento de la institucionalidad. 

A 18 meses de asumidos esos compromisos vemos que a nuestros políticos les resulta fácil firmar –ad portas de una elección– para luego de asumir diversos cargos y olvidar lo prometido. Los conflictos socioambientales han escalado a récords históricos. La ausencia de institucionalidad ambiental y de manejo de conflictos es grave; no se respeta la coordinación intergubernamental, se vulneran derechos ciudadanos y la multiculturalidad y las comunidades no perciben los beneficios por la ineficiencia de sus autoridades. Lo peor: en el camino se han firmado otros pactos como el inexplicable beneficio a la minería informal. De esta manera se han otorgado doce meses más de impunidad para que continúen depredando hasta que estos mineros se “formalicen”. 

Esta prórroga para destruir y extraer oro ilegalmente, transgredir derechos y facilitar la evasión tributaria fue avalada por el actual ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal. Mientras tanto, se boicotean grandes proyectos mineros como Pierina (Barrick), Raura (Minsur) y Quellaveco (AngloAmerican) que respetan estándares ambientales e intentan impactar positivamente en la comunidad, aunque no lo logren al ritmo que estas esperan. Algunos líderes locales –adportas de una etapa de campaña electoral regional y provincial– buscan protagonismo descalificando la labor de estas empresas, y pretenden llevar lo ambiental a la arena sociopolítica para confundir y menoscabar logros de proyectos de inversión que aportan a las arcas de los mismos dirigentes que las atacan. Recuperar la confianza de las poblaciones de las zonas aledañas a los grandes proyectos mineros requiere de una sólida institucionalidad ambiental y de la adecuada fiscalización y monitoreo por parte del Estado.

Irma Montes Patiño

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Irma Montes Patiño

Incertidumbre a un año de la consulta previa - Irma Montes Patiño

Artículo de opinión sobre la consulta previa y los riesgos que podría implicar a  las inversiones en el Perú. Columna escrita el año 2012

La promulgación de la Ley de Consulta Previa ha cumplido un año, y lo que se tiene son más preguntas que respuestas. El panorama no está claro, los conflictos socioambien­tales continúan. Tienen razón los detractores de la norma cuando señalan que su implementación es casi imposible debido a cómo fue reglamentada. A un año, existe aún incertidumbre porque la Ley de Consulta Previa requiere de un reglamento que -a diferencia del actual- sea eficiente y coherente. Recordemos que el propio proceso de elaboración del reglamento fue cuestionado por las organizaciones indígenas, pues algunos artículos contravienen lo establecido en el Convenio 169 de la OIT la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y la propia norma que debe reglamentar. 

Hace unos días se presentó el lnforme Alternativo Anual del cumplimiento del Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas, especialmente relevante, pues es el primero presentado con Ollanta Humala. El documento considera que el Estado peruano insiste en priorizar el "extractivismo" generando conflictos al no respetar la voluntad de las comunidades ni el cumplimiento de la Ley de Consulta. El aprovechamiento de los recursos no debería ser excluyente, sino complementario, pues la norma fue dada para proteger los derechos de los pueblos en cuyos territorios se encuentran los recursos a extraerse. 

No le falta sentido al informe altemativo, ni razón a los representantes de los pueblos indígenas cuando llaman la atención de los organismos internacionales sobre si el Gobierno tiene la real intención de proteger sus derechos sobre decisiones que puedan afectar sus territorios. Tomemos en cuenta que hasta junio pasado, un cuarto del territorio peruano estaba ya concesionado para proyectos mineros los cuales, sin duda, no fueron sujetos a la mencionada ley. La supuesta buena noticia es que, en breve, la ley se aplicará en un proceso de consulta en Lore­to para un proyecto de PerúPetro de extracción hidrocarburífera en el Lote lAB. No queda claro, sin embargo, qué entidad se encargará de promover dicha consulta: si el Ministerio de Energía y Minas o la empresa extractiva, según la Ley Orgánica de Hidrocarburos, que señala que la compañía es la encargada de promover la inversión en exploración y explotación (artículo 6.a), así como negociar, celebrar y supervisar los contratos del sector (articulo 6..b). Esta posibilidad es evidente si consideramos que el turbio reglamento de la Ley de Consulta ofrece la posibilidad de acomo­dar la consulta a la normativa de cada sector. Lo preocupante es que, al no implementarse aún de manera adecuada esta ley; se resta institucionalidad a las políticas sectoriales que deben regir a las actividades extractivas y, lo que es peor, se pone en riesgo el enfoque intercultural de dicha institucionalidad en desmedro de la tan ofrecida inclusión social. Y para agravar la situación, se amenaza la fluidez y la estabilidad de las inversiones en actividades productivas, motor de nuestra economía y a las que debemos el estable crecimiento de los últimos 35 meses pese a la crisis internacional.

Irma Montes Patiño

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Un año de consulta previa - Irma Montes Patiño by Irma Montes Patiño

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Irma Montes Patiño