Artículo de opinión que trata sobre los recursos extractivos. Escrito el año 2012.
Los proyectos mineros están en el ojo de la tormenta, y no por sus virtudes –como la importancia para el crecimiento de la economía nacional–, sino por sus negativos impactos ambientales e incapacidad para beneficiar a corto plazo a las comunidades. Se han convertido, además, en la coartada de oportunistas para irrumpir en la escena política, sin mérito ni propuesta alguna. Personajes que se oponen por oponerse, que vociferan agua, Pachamama, contaminación y automáticamente copan los medios y pretenden ponerse a la altura de un presidente.
Indiscutiblemente, los proyectos extractivos y de infraestructura favorecen el desarrollo y el progreso, pero si las cosas no se hacen correcta y transparentemente, tendrán costos socioambientales irreversibles, pero sí previsibles, mitigables y hasta capitalizables.
Los procesos de extracción de oro, y otros demandados metales, padecen de mala fama.Y es que unas pocas empresas erraron las formas, incumplieron promesas o trabajaron negligentemente. Demás está nombrar a los chicos malos de ambos bandos: empresas irresponsables y antimineros trasnochados. Más útil resulta poner el reflector sobre propuestas que muestran cómo el oro sí puede brillar para todos.
El Perú sigue atrayendo las inversiones pese a la crisis global. Las compañías extractivas transnacionales continúan posicionándose aquí para procurar buenos negocios, por que genera rriqueza es el único y principal objetivo de toda empresa (moléstele a quien le moleste). Estas son cada vez más sensibles y conscientes de la necesidad de alinearse con los aspectos socioculturales y ambientales, para que la gran minería evolucione hacia un desarrollo, positivo y sostenible.Crucial resulta el respeto de los derechos ajenos, particularmente de las comunidades en cuyos territorios se albergan los recursos naturales.
Sobran quienes afirman que la explotación de recursos y el desarrollo son incompatibles con la conservación ambiental. Olvidan que antes de solicitar permisos, licencias o ejecutar los contratos, hay mecanismos positivos para la mitigación de los impactos socioculturales y ecológicos adversos.Estos mecanismos van desde la participación ciudadana hasta los acuerdos de impacto y beneficio (AIB). Los AIB son ampliamente usados en países respetuosos de sus poblaciones aborígenes, como Canadá y Australia (coincidentemente de donde provienen muchas de las empresas extractivas que operan en el Perú). Los AIB son convenios legales y ejecutables, suscritos entre las empresas y las comunidades que potencialmente serán afectadas, para establecer relaciones formales y de confianza, reducir el impacto negativo de los proyectos y asegurar el beneficio económico comunal. Además de posibilitarles la defensa de sus propios intereses y derechos y promocionar el empleo entre integrantes de la comunidad, algunos AIB incorporan disposiciones relativas a la participación de las comunidades en las utilidades del negocio, así como la atenuación de impactos culturales, programas sociales y mecanismos de manejo constructivo de conflictos: instrumentos que contribuyen a una participación comunal más directa en la toma de decisiones.
Hace casi un año se promulgó la aplaudida ley de consulta previa. Hoy corresponde al Estado ser coherente con su política de promoción de inclusión social, impulsando iniciativas como los AIB, en aras de la pacificación y la justicia social y ambiental.
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Saludos,
Irma Montes Patiño
