El presidente Ollanta Humala remarcó en la cumbre APEC, de
octubre, que el liderazgo en la política medioambiental del país debe llevarlo
el Estado y no las ONG. ¿Pero qué sucede cuando esas mismas personas que han
estado años trabajando en esas ONG aludidas por el presidente Humala ocupan los
puestos que deben tomar las decisiones técnicas y políticas, y trazar la
política ambiental desde el propio Estado?
Lo dicho es más preocupante cuando estas mismas ONG alimentan de información a
las ONG internacionales y estas a los organismos internacionales encargados de
opinar –desde una óptica internacional y absolutamente objetiva- sobre el
cumplimiento de acuerdos a los cuales se ha adscrito nuestro país.
En este contexto, nos preocupa la objetividad de la próxima visita oficial a nuestro país del señor James Anaya, relator especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Y es que el relator Anaya visitará el Perú luego de la publicación del informe que elaboró su despacho en Ginebra sobre la situación de los pueblos indígenas que habitan las proximidades del proyecto Camisea, en el Cusco, particularmente en la Reserva Territorial Kugapakori-Nahua-Nanti (RTKNN).
En este contexto, nos preocupa la objetividad de la próxima visita oficial a nuestro país del señor James Anaya, relator especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Y es que el relator Anaya visitará el Perú luego de la publicación del informe que elaboró su despacho en Ginebra sobre la situación de los pueblos indígenas que habitan las proximidades del proyecto Camisea, en el Cusco, particularmente en la Reserva Territorial Kugapakori-Nahua-Nanti (RTKNN).
En este informe final se consigna, entre otros puntos de claro interés
personal, dos que valen la pena rescatar para comprender la preocupación del
presidente Humala por lo advertido en APEC. Máxime si el informe oficial del
señor Anaya fue publicado en setiembre del 2013 –luego de un año de
contrapunteo entre el Estado Peruano y el despacho de Anaya- y no considera
como válidas ninguna de las declaraciones hechas por el Estado Peruano en los
sucesivos informes que se le envía al relator Anaya a través de las entidades
pertinentes.
Preocupa más cuando insiste en mantener una posición suspicaz al remarcar: “El relator especial observa, sin embargo, que existe una divergencia entre la información presentada por el Gobierno [Peruano] y las alegaciones recibidas con respecto a la legalidad de la ampliación de actividades hidrocarburíferas en el lote 88, la existencia de una concesión en el denominado lote Fitzcarrald”.
Aseveración oficial del relator al que el Estado Peruano, a través de un oficio
de la procuradora pública especializada supranacional del Ministerio de
Justicia, responde: “Con respecto al alegado lote Fitzcarrald, es necesario
afirmar de manera contundente que Perú-Petro no ha establecido ningún área con
dicha denominación ni lote calificado como tal, menos aún sobre la Reserva
Territorial Kugapakori-Nahua-Nanti. Por lo tanto, no existe ningún trámite de
negociación con alguna empresa en el área mencionada”.
Queda clarísimo así que el lote Fitzcarrald, sobre el cual alguien ha desinformado
al relator Anaya, no es más que una invención ‘oenegera’ y ello evidencia el
sesgo de nuestro próximo ilustre visitante.
Nos sumamos así a la preocupación del presidente Humala cuando con justa razón
advierte que las ONG no deben encargarse de dictar la política ambiental del
Estado. Pues, en un afán de garantizar el flujo de fondos internacionales,
apuntan a moldear las opiniones de ciertos organismos internacionales.
Irma Montes Patiño
Se puede acceder a una copia digital del artículo aquí:
