Para recuperar la confianza - Irma Montes Patiño

Artículo de opinión que hace un análisis al tema ambiental, la falta de compromiso ante esto y lo  que esto conlleva. Columna escrita el 2012.

Durante la última campaña presidencial, los representantes de los partidos políticos más sólidos suscribieron el Pacto Ambiental, que con visión y acierto fue promovido por este Diario. Dentro de lo asumido figuraba: “Promover la conservación y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales en el marco de una gobernanza basada en el ordenamiento territorial, la inclusión social, equidad, participación ciudadana, interculturalidad, distribución equitativa de los beneficios y el fortalecimiento del Estado para el cumplimiento de su rol de administrar, salvaguardar los recursos naturales y prevenir los conflictos sociales”. También fortalecer el Sistema Nacional de Gestión Ambiental, con concertación intergubernamental, y el compromiso de reducir la degradación ambiental sin altos costos sociales. En el tema del agua, el compromiso fue la protección y el fortalecimiento de la institucionalidad. 

A 18 meses de asumidos esos compromisos vemos que a nuestros políticos les resulta fácil firmar –ad portas de una elección– para luego de asumir diversos cargos y olvidar lo prometido. Los conflictos socioambientales han escalado a récords históricos. La ausencia de institucionalidad ambiental y de manejo de conflictos es grave; no se respeta la coordinación intergubernamental, se vulneran derechos ciudadanos y la multiculturalidad y las comunidades no perciben los beneficios por la ineficiencia de sus autoridades. Lo peor: en el camino se han firmado otros pactos como el inexplicable beneficio a la minería informal. De esta manera se han otorgado doce meses más de impunidad para que continúen depredando hasta que estos mineros se “formalicen”. 

Esta prórroga para destruir y extraer oro ilegalmente, transgredir derechos y facilitar la evasión tributaria fue avalada por el actual ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal. Mientras tanto, se boicotean grandes proyectos mineros como Pierina (Barrick), Raura (Minsur) y Quellaveco (AngloAmerican) que respetan estándares ambientales e intentan impactar positivamente en la comunidad, aunque no lo logren al ritmo que estas esperan. Algunos líderes locales –adportas de una etapa de campaña electoral regional y provincial– buscan protagonismo descalificando la labor de estas empresas, y pretenden llevar lo ambiental a la arena sociopolítica para confundir y menoscabar logros de proyectos de inversión que aportan a las arcas de los mismos dirigentes que las atacan. Recuperar la confianza de las poblaciones de las zonas aledañas a los grandes proyectos mineros requiere de una sólida institucionalidad ambiental y de la adecuada fiscalización y monitoreo por parte del Estado.

Irma Montes Patiño

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Irma Montes Patiño