Incertidumbre a un año de la consulta previa - Irma Montes Patiño

Artículo de opinión sobre la consulta previa y los riesgos que podría implicar a  las inversiones en el Perú. Columna escrita el año 2012

La promulgación de la Ley de Consulta Previa ha cumplido un año, y lo que se tiene son más preguntas que respuestas. El panorama no está claro, los conflictos socioambien­tales continúan. Tienen razón los detractores de la norma cuando señalan que su implementación es casi imposible debido a cómo fue reglamentada. A un año, existe aún incertidumbre porque la Ley de Consulta Previa requiere de un reglamento que -a diferencia del actual- sea eficiente y coherente. Recordemos que el propio proceso de elaboración del reglamento fue cuestionado por las organizaciones indígenas, pues algunos artículos contravienen lo establecido en el Convenio 169 de la OIT la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y la propia norma que debe reglamentar. 

Hace unos días se presentó el lnforme Alternativo Anual del cumplimiento del Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas, especialmente relevante, pues es el primero presentado con Ollanta Humala. El documento considera que el Estado peruano insiste en priorizar el "extractivismo" generando conflictos al no respetar la voluntad de las comunidades ni el cumplimiento de la Ley de Consulta. El aprovechamiento de los recursos no debería ser excluyente, sino complementario, pues la norma fue dada para proteger los derechos de los pueblos en cuyos territorios se encuentran los recursos a extraerse. 

No le falta sentido al informe altemativo, ni razón a los representantes de los pueblos indígenas cuando llaman la atención de los organismos internacionales sobre si el Gobierno tiene la real intención de proteger sus derechos sobre decisiones que puedan afectar sus territorios. Tomemos en cuenta que hasta junio pasado, un cuarto del territorio peruano estaba ya concesionado para proyectos mineros los cuales, sin duda, no fueron sujetos a la mencionada ley. La supuesta buena noticia es que, en breve, la ley se aplicará en un proceso de consulta en Lore­to para un proyecto de PerúPetro de extracción hidrocarburífera en el Lote lAB. No queda claro, sin embargo, qué entidad se encargará de promover dicha consulta: si el Ministerio de Energía y Minas o la empresa extractiva, según la Ley Orgánica de Hidrocarburos, que señala que la compañía es la encargada de promover la inversión en exploración y explotación (artículo 6.a), así como negociar, celebrar y supervisar los contratos del sector (articulo 6..b). Esta posibilidad es evidente si consideramos que el turbio reglamento de la Ley de Consulta ofrece la posibilidad de acomo­dar la consulta a la normativa de cada sector. Lo preocupante es que, al no implementarse aún de manera adecuada esta ley; se resta institucionalidad a las políticas sectoriales que deben regir a las actividades extractivas y, lo que es peor, se pone en riesgo el enfoque intercultural de dicha institucionalidad en desmedro de la tan ofrecida inclusión social. Y para agravar la situación, se amenaza la fluidez y la estabilidad de las inversiones en actividades productivas, motor de nuestra economía y a las que debemos el estable crecimiento de los últimos 35 meses pese a la crisis internacional.

Irma Montes Patiño

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Irma Montes Patiño

El financiamiento contra Conga - Irma Montes Patiño

Artículo de opinión sobre el financiamiento contra proyectos de inversión (minera en este caso), y el trasfondo ideológico de las ONG antimineras.

Mucho se especula sobre los intereses detrás de los conflictos sociales, en especial de los socioambientales y, específicamente, en el caso de Minas Conga. Las causas no son recientes, pero sí complejas, pues las aristas y su trasfondo se incubaron largos años y hasta trascendieron diversos gobiernos.

Existen aspectos sociales, económicos, ambientales que muestran que este problema lleva años de gestación y que su solución a través de la “negociación” –como la estiman muchos mal asesorados políticos– no se dará en este ni en los próximos gobiernos, de continuar usándose mecanismos equivocados, pues es una cuestión de incapacidad y de errores acumulados por parte del Estado de pretender negociar el conflicto en lugar de transformarlo.

La etapa de crisis que llevó al estallido social del mismo y su imposibilidad, luego de muchos intentos de llegar a alguna solución, sí ha logrado transformar el conflicto, pero lamentablemente de manera negativa y perjudicial, pues ahora ha cobrado una connotación ideológica, política y hasta geopolítica, a tal punto que la manipulación por personajes que pretenden erigirse como figuras políticas utilizando la bandera ambientalista salta a la vista.

Sería válido, pues, analizar las distintas estrategias utilizadas para azuzar el conflicto promoviendo un viraje hacia lo radical e ideológico –que parece más “idiotológico”– al margen de lo puramente socioambiental. Ello debe apoyarse en la teoría de que existen intereses y actores, incluso legitimados y protegidos por la actual legislación, que aprovechan de la misma –o de la falta de esta– para contrabandear a sus anchas agendas paralelas que poco o nada tienen que ver con los temas centrales del conflicto y que deja pocas alternativas para el manejo constructivo y la transformación del mismo.

Dentro de las estrategias que mencionamos están los fondos, el financiamiento y la llamada asistencia técnica. 

Si bien mucha de esta asesoría es legítima, eficiente y necesaria, hay otro tipo: la que proviene de las ONG de “pensamiento único” financiadas con fondos del extranjero para fines particulares y que alimentan la justificación de su existencia en problemas como el de Conga. 

El trasfondo de muchos de estos conflictos sociales que devienen en ideológicos o políticos es, generalmente, un ciclo de flujo de capitales provenientes de organizaciones que operan sin supervisión nacional y, además, sin rendir cuentas del origen ni destino real de sus fondos, con lo cual pueden ser canalizados como “asistencia técnica”. Esto debido a que el proyecto de ley para fiscalizar a las ONG fuera vetado durante el gobierno de Alejandro Toledo. 

Entonces, antes de señalar culpables o pretender conceder logros, deberíamos analizar los nudos de gobernabilidad que dejaron los declarados garantes de la democracia y de la estabilidad social con escasa visión de estadistas y más de nefasta demagogia.

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Irma Montes Patiño

Por un valor compartido y beneficio y una coexistencia efectiva.

Por una efectiva política ambiental - Irma Montes Patiño

Artículo de opinión sobre la implementación de una política ambiental efectiva en el país.

Las marchas y contramarchas experimentadas en el manejo del conflicto de Minas Conga pusieron al descubierto la desinformación y falta de comunicación entre los actores involucrados, lo que sumado a la poca coordinación intersectorial e intergubernamental evidenció la carencia de institucionalidad de nuestra política ambiental. Analizando profundamente el tema, puede afirmarse que las incoherencias se originan en la concepción errada de que la creación del ente rector de la política ambiental del país debía atender los pedidos de un Estado extranjero –en este caso Estados Unidos– al condicionar la aprobación del TLC a la creación del Ministerio del Ambiente, entre otras cosas.

En esos momentos, se debió aprovechar la oportunidad para cumplir con la necesidad de implementar una política ambiental seria, coherente, coordinada y sostenible a largo plazo, con una visión común e integradora de país. Un plan inmerso en una proyección hacia los auténticos objetivos del sector ambiental previniendo que hoy en día se tropiece –debido a su desacertada concepción– con visiones y estrategias discordantes de sectores como Energía y Minas, Transportes, Agricultura y Producción, además del manejo óptimo del recurso hídrico.

Estamos aún a tiempo de revertir muchos de estos errores y enfocar soluciones hacia una meta uniforme y coordinada centrándonos en una visión a largo plazo. Para ello debemos acudir a herramientas ya disponibles como la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) existente en el marco de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental como un “proceso sistemático, activo y participativo que tiene como finalidad internalizar la variable ambiental en las propuestas de las políticas, planes y programas de desarrollo” en todos los niveles de gobierno y que tengan implicancias ambientales significativas.

Es decir, un instrumento homogeneizado que marque la pauta en la elaboración de estudios de impacto ambiental y social y sirva como referente en el cumplimiento apropiado de la normativa. Es imperativo, asimismo, contar con una ley de ordenamiento territorial eficiente, elaborada sobre la base de información técnica y científica de las potencialidades y limitaciones del territorio y teniendo en cuenta las demandas de la población a través de la consulta libre e informada. Que logre integrar los instrumentos técnicos disponibles con miras a reducir la conflictividad social y promover la sostenibilidad del desarrollo de nuestro país. Se necesita, además, una adecuada asignación de recursos y el fortalecimiento de las capacidades de servidores públicos, pues mucho se queda en intentos viables que se frustran por falta de capacidad de decisión o visión de las personas a cargo. Nos encontramos pues ante una excelente oportunidad para que el positivamente refrescado Gabinete –apoyándose en técnicos de primer nivel– enmiende el rumbo de la efervescencia social y genere los escenarios adecuados para el diálogo, promoviendo el manejo constructivo de los conflictos y el desarrollo armónico del país. Que lo nacido con Minas Conga nos sirva como advertencia de las graves consecuencias de la falta de una política coherente sobre esta delicada materia.

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Irma Montes Patiño