Para recuperar la confianza - Irma Montes Patiño

Artículo de opinión que hace un análisis al tema ambiental, la falta de compromiso ante esto y lo  que esto conlleva. Columna escrita el 2012.

Durante la última campaña presidencial, los representantes de los partidos políticos más sólidos suscribieron el Pacto Ambiental, que con visión y acierto fue promovido por este Diario. Dentro de lo asumido figuraba: “Promover la conservación y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales en el marco de una gobernanza basada en el ordenamiento territorial, la inclusión social, equidad, participación ciudadana, interculturalidad, distribución equitativa de los beneficios y el fortalecimiento del Estado para el cumplimiento de su rol de administrar, salvaguardar los recursos naturales y prevenir los conflictos sociales”. También fortalecer el Sistema Nacional de Gestión Ambiental, con concertación intergubernamental, y el compromiso de reducir la degradación ambiental sin altos costos sociales. En el tema del agua, el compromiso fue la protección y el fortalecimiento de la institucionalidad. 

A 18 meses de asumidos esos compromisos vemos que a nuestros políticos les resulta fácil firmar –ad portas de una elección– para luego de asumir diversos cargos y olvidar lo prometido. Los conflictos socioambientales han escalado a récords históricos. La ausencia de institucionalidad ambiental y de manejo de conflictos es grave; no se respeta la coordinación intergubernamental, se vulneran derechos ciudadanos y la multiculturalidad y las comunidades no perciben los beneficios por la ineficiencia de sus autoridades. Lo peor: en el camino se han firmado otros pactos como el inexplicable beneficio a la minería informal. De esta manera se han otorgado doce meses más de impunidad para que continúen depredando hasta que estos mineros se “formalicen”. 

Esta prórroga para destruir y extraer oro ilegalmente, transgredir derechos y facilitar la evasión tributaria fue avalada por el actual ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal. Mientras tanto, se boicotean grandes proyectos mineros como Pierina (Barrick), Raura (Minsur) y Quellaveco (AngloAmerican) que respetan estándares ambientales e intentan impactar positivamente en la comunidad, aunque no lo logren al ritmo que estas esperan. Algunos líderes locales –adportas de una etapa de campaña electoral regional y provincial– buscan protagonismo descalificando la labor de estas empresas, y pretenden llevar lo ambiental a la arena sociopolítica para confundir y menoscabar logros de proyectos de inversión que aportan a las arcas de los mismos dirigentes que las atacan. Recuperar la confianza de las poblaciones de las zonas aledañas a los grandes proyectos mineros requiere de una sólida institucionalidad ambiental y de la adecuada fiscalización y monitoreo por parte del Estado.

Irma Montes Patiño

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Irma Montes Patiño

Abuso de la protesta social ( en el Perú ) - Irma Montes Patiño

Artículo de opinión sobre al abuso de la protesta social en el Perú. Estos relacionados en el momento de escrito el artículo, con la minería ilegal e informal.

El conocido actor George Clooney fue apresado –y liberado tras 12 horas– el último viernes en Washington D.C. por protestar pacíficamente contra el régimen sudanés. Mientras tanto en el Perú manifestantes violentos, vinculados a la minería ilegal en la selva sur, se rasgan las vestiduras victimizándose al tiempo que atropellan leyes y generan violencia hasta dejar tres muertos y más de 60 heridos. Las protestas generadas en torno a la minería se han agudizado en las últimas semanas arriesgando la estabilidad social y amenazando el Estado de derecho.

Vuelven las protestas hoy, a casi un año de los enfrentamientos en Madre de Dios entre mineros ilegales y autoridades del gobierno nacional por la destrucción de dragas ilegales, y el panorama ha empeorado convirtiéndose en una batalla campal por temas políticos e ideológicos.

En aquel entonces, se propuso un proyecto de formalización y apoyo multisectorial hacia los mineros para lograr un cambio efectivo y dar a los jóvenes involucrados en la minería ilegal una alternativa de ocupación. Sin embargo, hoy esta actividad no solo existe en zonas de exclusión minera sino, lo que es peor, hay evidencia contundente de que la minería ilegal está directamente vinculada con el narcotráfico y el lavado de activos.

El problema persiste, pues no existe una noción de la verdadera democracia, del vivir en sociedad respetando las leyes y el principio de autoridad y que el derecho a la protesta pacífica no sea excusa para la revuelta violenta y para desencadenar el caos social por todo aquello con lo que no se está de acuerdo.

Decretar la formalización de una actividad ilegal es dar una oportunidad de entrar en regla, advertir al que está evadiendo la ley que su situación puede empeorar de no respetar las normas. Formalizar no es atacar derechos laborales ni impedir la realización individual, como alegan los revoltosos.

La mal llamada minería artesanal o informal, la que usa dragas millonarias y químicos como el mercurio con consecuencias ambientales nefastas, es ilegal y perpetra delitos de contaminación ambiental en muchas de sus formas.

Por donde se mire, este tipo de minería es delictiva y debe permanecer tipificada como tal y contemplar penas severas.

Es necesario castigar entonces a todos los involucrados en la nefasta “ruta del oro”, desde los mineros ilegales, pasando por los intermediarios, acopiadores y ‘traders’, hasta los funcionarios de las empresas que demandan este tipo de metal de conocida procedencia ilícita.

Es urgente, asimismo, romper la cadena destructiva del oro sucio –que se cobija tras la máscara de la minería artesanal– y optar por la alternativa del oro verde, extraído de manera sostenible y por el que se paga hasta 15% más en el mercado internacional al garantizarse su procedencia ecológicamente responsable.

No permitamos la victimización de los plagiadores, no defendamos lo ilegal ni protejamos el falso discurso y la doble moral.

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Irma Montes Patiño


Valor compartido y beneficio
Coexistencia efectiva