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sábado, 28 de diciembre de 2013

Los dueños de nada - Irma Montes Patiño

Artículo y columna de opinión que trata sobre los problemas de propiedad de las comunidades amazónicas en el Perú. Escrito en el diario El Comercio en Octubre del 2013.

La errada creencia de que el problema de nuestra amazonia es meramente ecológico nos ha llevado a un callejón sin salida. Y no saldremos de ahí hasta que las autoridades interioricen que el asunto es social, político y resultado de la asimetría - comercial y legal - existente entre el capital, las empresas extractivas y las comunidades indígenas. El reto del estado Peruano, con miras al bicentenario, es sentar las bases para que dichas comunidades asuman las ventajas de la modernidad y se inserten en el desarrollo económico del país.

Es fundamenta, entonces, que cuenten con la titulación de sus tierras comunales y que se impulse el desarrollo de sus capacidades para el uso de las herramientas legales y comerciales necesarias para todo tipo de convenios, alianzas publico-privadas y contratos que les permitan protegerse y, a la vez, beneficiarse sosteniblemente de las riquezas de sus territorios.

El gobierno del presidente Ollanta Humala se regocija de haber logrado la aprobación de la ley de consulta previa a los pueblos indígenas. Sin embargo, sus autoridades confunden términos y prioridades, y cambian constantemente el discurso.

En febrero, con el entonces primer ministro Óscar Valdés Dancuart, se suscribió un documento que atendía las demandas de los asháninkas. Lo principal era la titulación inmediata de sus tierras, pues sólo así se respetaran sus limites y evitaran la invasión de colonos. Hoy el actual gabinete no fomenta la titulación, pese a que existen unas 155 comunidades nativas por titular.

"Para los pueblos indígenas de la Amazonia es primordial la defensa de su territorio porque este es el ámbito de sus supervivencia, tanto física como sociocultural , y también de su proyección futura", explica el Instituto del Bien Común (IBC), entidad que desarrolla trabajos de demarcación y censo de estas poblaciones; información que el estado no ha sabido -o querido- recoger ni sistematizar para hacer viables los grandes proyectos de inversión y facilitar la consulta previa, hoy tan entrampada; no se sabe a quién se debe consultar ni sobre qué.

Si no está claro a quién pertenece el área por concesionarse, ¿quién será consultado? Y si los ancestrales propietarios no tienen títulos, ¿cómo defenderán sus derechos económicos y comerciales, y expresarán sus preocupaciones? Para el IBC, "el proceso de titulación no constituye una prioridad política del Estado Peruano".

De la urgente titulación de tierras que Valdés Dancuart parecia comprometido a concretar, se pasa ahora al discurso del ordenamiento territorial, tema necesario, pero que no solucionará la conflictividad latente en las comunidades.

Ya dos petroleras -Talisman Energy y Conoco Phillips- no invertirán mas en el Perú, en gran medida, por la desconfianza de las comunidades reflejada en hostilidades con las empresas y los representantes del Gobierno Nacional. El ministro del Ambiente, Manuel Pulgar-Vidal, ha explicado que la futura ley de ordenamiento territorial -cuyo borrador es preparado por el Acuerdo Nacional- "no será una herramienta de exclusión de alguna actividad económica". Lo que si se intuye es que los grandes excluidos serán, una vez mas, los pueblos originarios del Perú.

Irma Montes Patiño


Se puede acceder a una copia digital del artículo aquí:

Dueños de nada - Irma Montes Patiño - Conflictos sociales en el Perú by Irma Montes Patiño


O mediante la siguiente imagen:




Saludos,
Irma Montes Patiño
Consultora en resolución de conflictos sociales.

viernes, 27 de diciembre de 2013

El rapto de las agendas - Irma Montes Patiño

Artículo y columna de opinión sobre la situación de la izquierda internacional. Febrero 2013.

  La izquierda internacional ha perdido el debate intelectual y su modelo económico socialista fracasó rotundamente en todos los países en donde se implantó. ¿Qué les queda hoy? Solo politizar y apropiarse de cuanta causa surge: desde los derechos humanos, la defensa de la infancia, la diversidad sexual, pasando por la promoción cultural y, por supuesto, la defensa ambiental.

  Recordemos que históricamente los pensadores de izquierda han rechazado la idea de que la humanidad es rehén de la naturaleza o lo divino. Originalmente los marxistas expusieron la necesidad de rechazar el mito de que la naturaleza y la utilización de sus recursos eran claves para los objetivos del ser humano y buscaron destruir toda teoría que sostuviera que la naturaleza determinaba el progreso. Aceptar esos argumentos era cuestionar al socialismo como vía para solucionar la pobreza si es que la misma fuese producto de la naturaleza y no de la sociedad. Hoy la izquierda argumenta contradiciendo a su doctrina marxista, pero paradójicamente invocándola. Recordemos que lo atacado por Marx era justamente el elemento natural de la teoría malthusiana, calificando los argumentos del reverendo Malthus como un "agravio a la raza humana" (según el reverendo la pobreza era naturalmente inevitable). Por otro lado, los "marxistas" de hoy sostienen que es la naturaleza misma la que enmarca la escasez de recursos, llegando a generar la fata de oportunidades en las poblaciones mas vulnerables.

  Entonces el argumento rechazado por los marxistas de otrora -que los problemas de la sociedad moderna tienen una relación directa con nuestro entorno natural- representa un vuelco total del pensamiento socialista y un maquillaje idóneo para los izquierdistas de hoy. Los mismos que basan su progresista plataforma política en el antiguo axioma antisocialista de que el entorno natural es determinante y, de no respetarlo, pagaremos la factura de la escasez y el conflicto por los recursos. 

  Así, los extremistas de izquierda utilizan estas coartadas para desestabilizar gobiernos legítimos, entrar por la puerta falsa a la arena política y hasta desviar fondos internacionales para la construcción de movimientos partidos y concentrar acciones contra la inversión privada. En nuestro país vemos con frecuencia cómo se utiliza la excusa de la defensa del ambiente para ahuyentar la inversión y paralizar estratégicos proyectos de inversión. Piensan que desplomando la economía de mercado y frenando el crecimiento el comunismo puede garantizar su supervivencia, la misma que depende de una masa de pobres e inconformes y de la polarización y desinformación de la ciudadanía. Y esto ocurre frente a una derecha y centro derecha desarticuladas y ajenas a la realidad e idiosincrasia nacionales y a un empresariado que no se sacude del retrogrado mercantilismo. Son pocos los empresarios que han comprendido que el liberalismo económico debe enmarcarse en la sostenibilidad y menos aun los que comprenden la necesidad de favorecer el capitalismo popular.

  La bandera ambiental no puede capturarse ni debe tener color político porque se trata de algo practico (aunque tenga también raíces étnicas).
El respeto por el medio ambiente es pragmático, pues ni las poblaciones ni las economías prosperan en espacios depredados, contaminados y saqueados. La sociedad moderna subsiste de los servicios y recursos naturales: agua, aire, suelos, biodiversidad y cualquier emprendimiento económico requiere del correcto aprovechamiento de esos recursos.

Irma Montes Patiño


Se puede encontrar el artículo en digital a continuación:



Y en la siguiente Imagen:


Saludos,
Irma Montes Patiño
Consultora en resolución de conflictos sociales.

lunes, 2 de diciembre de 2013

Resumen de artículos 2011

Este es un resumen de los artículos mas resaltantes del año 2011 que publiqué aquí.
Darle click a cada imagen para agrandarla.

Pago por servicios ambientales y paz social.
Artículo sobre diferentes alternativas que se tienen para mantener y conservar ambientes naturales

La gestión pública de los conflictos sociales.
Artículo sobre los diferentes organismos públicos y la gestión pública de los conflictos sociales.



No repitamos el caso boliviano.
Artículo sobre la consulta previa y los riesgos que podrían implicar una mala aplicación de la misma. Comparativa con Bolivia.
                           

Desde el congreso protegen minería ilegal.
Artículo sobre el lobby de la minería ilegal que se dio en el congreso.

Voz y voto, pero no veto.
Artículo también sobre la consulta previa. Apuntes de "cómo" debería ser la norma.


Los orígenes del 'baguazo'.
Artículo sobre el 'baguazo'. Los origenes reales del problema y no lo sintomático.

Saludos!
Irma Montes Patiño

miércoles, 27 de noviembre de 2013

La gestión pública de los conflictos sociales - Irma Montes Patiño

La gestión pública de los conflictos sociales.  Apuntes sobre el manejo de los conflictos sociales en la gestión pública, escrito el 2011. Igualmente lo comparto por este medio para los interesados.


A su regreso de Hawái, del foro APEC, el presidente Ollanta Humala se refirió a los conflictos antimineros (el tema Conga no se había radicalizado al punto actual). Humala expresó que los conflictos son una amenaza a la gobernabilidad y a la seguridad jurídica, capaces de ahuyentar las inversiones que el Perú requiere para un desarrollo con inclusión. Dejó en claro que su gobierno está dispuesto a aclarar con transparencia las dudas de las comunidades sobre los impactos que pueden generar ciertas actividades productivas. Estableció que el proyecto Conga, Cajamarca, –integrado al plan de desarrollo regional– es viable y permitirá alcanzar la gran transformación que ofreció durante su campaña.

En prevención, mencionó el fortalecimiento de la muy sobreestimada Oficina de Conflictos de la Presidencia del Consejo de Ministros, PCM (web abandonada); preocupante, puesto que tal oficina no ha sabido demostrar manejo político ni capacidad técnica para resolver y menos evitar la conflictividad. Esa ineficiencia se arrastra desde gobiernos anteriores y va de mal en peor.

Una de las primeras medidas de la nueva gestión fue dejar en suspenso –sin razón alguna– el Sistema de Alerta Temprana (SAT), un mecanismo de procedimientos y sistemas para el manejo de información, análisis y gestión de la conflictividad nacional, de utilidad intergubernamental. El anuncio de que esta oficina de la PCM reemplazará al Viceministerio de Interculturalidad para reglamentar la Ley de Consulta Previa resulta preocupante. Se está dilatando, así, esta impostergable y necesaria norma y creando confusión sobre la autonomía de los entes especializados en interculturalidad. Mientras tanto, los conflictos escalan a etapas de crisis con velocidad sin precedentes.

El presidente Humala ha anunciado, también, la creación de un ente fiscalizador de los estudios de impacto ambiental (EIA) adscrito a la PCM, que absorbería el área encargada de la aprobación de los EIA del Ministerio de Energía y Minas (Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros- DGAAM); la Autoridad Nacional del Agua (ANA), hoy adscrita a Agricultura; y el OEFA, hoy en Ambiente. Todo esto corrobora una vocación por mejorar y modernizar la gestión pública en lo que es manejo de los conflictos sociales. Se reconoce, además, la falta de institucionalidad y funcionalidad de ciertos organismos públicos y sectores que han transformado al Estado en uno elefantiásico, donde se duplican esfuerzos, competencias y las funciones se sobreponen: al final nadie sabe lo que le toca o se convierten en juez y parte, sembrando así la conflictividad dentro de la propia gestión pública. No debe llamar la atención que esta ineficiencia se desborde y refleje en la proliferación de conflictos sociales.






El nuevo organismo deberá estar dotado de presupuesto adecuado, autonomía e independencia técnica y funcional como ente evaluador y fiscalizador en materia de impacto ambiental y social. Además, debería respetar la esencia del Ministerio del Ambiente, creado justamente para poner en marcha el Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, cuya misión es precisamente implementar la normativa ambiental a través del OEFA. Es necesario, además, aplicar sanciones que garanticen un entorno saludable y sostenible, donde las actividades extractivas se desarrollen en armonía, respetando el derecho a la vida, la salud, al libre desarrollo y a la igualdad ante la ley.

Se puede acceder a una copia digital del artículo aquí:



Saludos,
Irma Montes Patiño

¿ Y la consulta previa ? - Irma Montes Patiño

¿ Y la consulta previa ?.  Apuntes sobre la ley de consulta previa y su reglamentación. El presente artículo lo escribí el 2011. Lo comparto como los anteriores, también por este medio para los interesados.

El último domingo, el presidente Ollanta Humala hizo un balance de los cien días de gestión. Es un hecho que ha tenido aciertos y signos positivos en el manejo macroeconómico. Varias de sus promesas de campaña, además, han sido cumplidas diligentemente, aunque no con la efectividad esperada.

Un ejemplo es la promulgación de la ley de consulta previa –gesto saludado por diversos sectores–, cuya aplicación genera incertidumbre especialmente en las comunidades directamente afectadas y los sectores económicos involucrados. La reglamentación de esta ley es crucial para la continuidad y sostenibilidad de proyectos extractivos, energéticos y de infraestructura. No hacerlo, oportuna y correctamente, podría llevar a perder millones de dólares en inversión y recaudación; inversiones que son el pilar de nuestro crecimiento y desarrollo, aunque eso no le guste a las ONG radicales que se autodenominan ambientalistas, a oportunistas políticos que se disfrazan de verdes y a seudolíderes con sospechosos intereses.

Estamos ad portas de que se cumplan los cien días de la promulgación de la referida ley y no hay reglamento. El escenario de su promulgación fue Bagua y el mismo presidente Humala mencionó ante la prensa tener un motivo sentimental de hacerlo en Imacita, comunidad cercana a su corazón. Hoy lo que se percibe, sin embargo, es el riesgo de caer en la inoperancia de una excelente iniciativa que puede terminar como gesto meramente populista. La ley promueve el diálogo intercultural y transparente entre el Estado y los pueblos indígenas –cimentando una cultura de paz–, por lo que debería ser un tema prioritario en la agenda de políticas públicas: no debemos olvidar que somos el tercer país con mayor población indígena de América Latina.

* Actualización: A la fecha ya se cuenta con reglamento



Muchos son los retos, pero mayores son las contradicciones y vacíos que se revelan en la ausencia de un enfoque coherente en cuanto a políticas de interculturalidad. Una profunda contradicción es que el Instituto Nacional de Desarrollo de los Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuano (Indepa) –una de cuyas principales funciones es la defensa, promoción y afirmación de los derechos y desarrollo de la identidad de los pueblos indígenas– tenga ahora que asumir la decisión final de la consulta previa, de no llegarse a un acuerdo con las comunidades, a las que defiende y protege. ¿Tiene lógica haber convertido al Indepa, en juez y parte del proceso de la consulta previa?

El Indepa depende políticamente del Viceministerio de Interculturalidad, un ente de escasa institucionalidad y –hasta hace muy poco– sin capacidad técnica, lo que retrasó el crítico proceso de reglamentación. Si bien la promulgación de la ley de consulta previa es un logro sin precedentes, a los casi cien días de aprobada los problemas continúan y muchos conflictos sociales han escalado vertiginosamente a su fase de crisis. Y lo que es peor: veinte nuevos conflictos sociales han surgido en los últimos dos meses, la proliferación o el control de estos dependerá del éxito de la implementación de la consulta previa.

Mientras se espera la reglamentación, en el Perú se han detenido ya inversiones cercanas a los US$400 millones en el sector hidrocarburos, afectándose el derecho al empleo y el acceso a las oportunidades de los peruanos involucrados. ¿Realmente está comprometido el gobierno del presidente Ollanta Humala con la tan mentada inclusión social, que tiene como uno de sus ejes la adecuada implementación de la ley de consulta previa?


Se puede acceder a una copia digital del artículo aquí:

  
Saludos,
Irma Montes Patiño

martes, 26 de noviembre de 2013

No repitamos el caso boliviano - Irma Montes Patiño

No repitamos el caso boliviano. Apuntes sobre la ley de consulta previa y un alcance sobre su similar en Bolivia. El presente artículo lo escribí el 2011. Lo comparto como los anteriores, también por este medio para los interesados.

El 6 de agosto del 2006 se instaló en Bolivia una Asamblea Constituyente para moldear un “Estado más equitativo, defender los recursos naturales y acabar con el modelo neoliberal”. La nueva Constitución –aprobada por cerca del 60% de votantes en un referéndum– fue promulgada por Evo Morales al estilo populista: “Misión cumplida con la refundación de una nueva Bolivia unida”.

Su modificada Constitución del Estado Plurinacional (CEP) de Bolivia introdujo cambios relacionados con los “pueblos indígena originario campesinos”, brindándoles derecho de autonomía y autogobierno y el reconocimiento oficial de sus entidades territoriales e instituciones, además de la “propiedad exclusiva de los recursos forestales de su comunidad”.



Hace poco se promulgó en el Perú la ley de consulta previa, que reconoce el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados sobre medidas que los afecten. En la práctica, de no primar la prudencia la buena intención podría generar nuevos conflictos como le sucede a nuestro vecino altiplánico. El reglamento de la saludable nueva ley lo elabora una comisión para darle sentido práctico y un enfoque adecuado que evite casos como el de Bolivia. En ese país, la modificada Constitución otorgó a los pueblos indígenas reconocimientos que ahora el propio Morales pretende revocar arbitrariamente, al haber dado luz verde, por ejemplo, a la construcción de una carretera que atravesará el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis), que su nueva Constitución protegió. Esto ha generado la peor crisis social del Gobierno Boliviano desde el 2006, provocando la renuncia de ministros y altos funcionarios.
Los enfrentamientos con los indígenas, lamentablemente, han cobrado vidas de menores, pero las protestas son comprensibles, pues se vulneran abiertamente las normas que protegen sus territorios. 



La polémica carretera –financiada por capitales brasileños y que llevó al propio Lula a viajar para hacer lobby por ella– desintegraría el territorio forestal a lo largo de 300 kilómetros, violando los artículos 387 y 388 de la CEP sobre la conservación de los bosques naturales y el que las comunidades “situadas dentro de áreas forestales serán titulares del derecho exclusivo de su aprovechamiento y de su gestión, de acuerdo con la ley”. Los impactos socioambientales de la obra serán severos y el temor de los pobladores es la posible invasión de sus tierras por cocaleros.

¿Dónde quedaron para Morales los derechos de pueblos a los que utilizó estratégicamente para llegar al poder? Los líderes indígenas consideran que su derecho a la consulta previa e informada no se ha respetado. En el marco de la nueva CEP, la consulta previa  –tan promocionada, aplaudida y manoseada por la demagogia evista– ha perdido sentido, pues el Estado decide por los territorios que supuestamente procura proteger y a los que obvia unilateralmente y sin consulta, cuando le estorban. El error político le ha costado a Morales la formación de una oposición mayoritaria.
Ojalá los traspiés de Morales y su carretera de la discordia sirvan de ejemplo para que prime la prudencia en la elaboración del reglamento de la ley de consulta previa en el Perú, para que la positiva norma no sea una piedra en el zapato del presidente Humala.

Se puede acceder a una copia digital del artículo aquí:
No repitamos el caso boliviano - Irma Montes Patiño by Irma Montes Patiño


Saludos,
Irma Montes Patiño

Desde el Congreso protegen minería ilegal - Irma Montes Patiño

Desde el Congreso protegen minería ilegal. Artículo sobre el "lobby" del la minería ilegal e informal en el CongresoEste artículo lo escribí el 2011. Lo comparto también por este medio para los interesados.

Desde la bancada oficialista se intenta derogar el Decreto de Urgencia 028 y dejar sin efecto el Decreto Supremo 035-2011-EM. Ambos fueron dados para contrarrestar las consecuencias socioambientales de la minería informal en Madre de Dios y en Puno. Dictadas a fines del gobierno aprista con carácter de urgencia, para recuperar a corto plazo la estabilidad y paz social en Puno y establecer un ordenamiento minero formal en Madre de Dios, estas normas garantizan la salud, la seguridad, la conservación ambiental y el ejercicio pleno de derechos fundamentales. Quien quiere mandarlas al tacho es un defensor de la minería informal y congresista del partido de gobierno por Madre de Dios. 

Como lo ha denunciado este Diario, se trata de Eulogio Amado Romero Rodríguez. 

Este personaje ha estado en la mira de las organizaciones ambientalistas y defensoras de los derechos humanos, así como de organismos públicos de fiscalización ambiental por su activo rol en la Federación Minera de Madre de Dios (Fedemin), donde actuaba como capo de cártel más que como dirigente gremial. 


Tras ser electo congresista, Amado Romero estuvo detenido en el penal San Francisco de Asís, acusado de peculado en agravio de la Dirección Regional de Agricultura de Madre de Dios. Esto a raíz de que desapareció un lote de caoba del Inrena, que él tenía en custodia. No ha quedado claro por qué la detención con reclusión se le varió por comparecencia.

Ahora, en sospechosa estrategia desde su nueva posición congresal, intenta deslizar dos proyectos de ley: uno para proteger la minería informal en Puno, región que no representa, y otro para evitar el ordenamiento minero en Madre de Dios. 


Eulogio Amado Romero Rodríguez –según ficha del Jurado Nacional de Elecciones– es propietario de un predio agrícola y de una concesión minera en Tambopata, donde es sabido que campea la minería ilegal, hay cobro de regalías a trabajadores, ausencia de certificación ambiental, tala ilegal e invasión de la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional de Tambopata. Vale recordar que la minería informal y artesanal se convierte en ilegal cuando viola los derechos de propiedad de terceros y las transacciones económicas no son registradas. 



Ahora, bajo la bandera de la ‘no discriminación’ se pretende suspender los avances en la recuperación de cuencas y el adecuado ordenamiento territorial para proteger los frágiles ecosistemas amazónicos. 



Se atenta, además, contra los derechos y seguridad de las personas, pues está comprobado que en esas tierras de nadie, campea la trata de personas y la explotación sexual y laboral de menores. 
Actitudes como las de Romero Rodríguez solo menoscaban la aprobación y confianza en el nuevo Congreso.

Se puede acceder a una copia digital del artículo aquí:

Saludos,
Irma Montes Patiño

domingo, 24 de noviembre de 2013

Voz y voto, pero no veto - Irma Montes Patiño

Voz y voto pero no veto. Apuntes sobre la ley de consulta previa. El presente artículo lo escribí el 2011. Lo comparto como los anteriores, también por este medio para los interesados.

El Congreso aprobó por unanimidad la ley de consulta previa, una promesa medular de la campaña electoral del presidente Ollanta Humala. Lo que debe debatirse ahora, de manera técnica y no política, es el cómo. Es decir, de qué manera se implementará el mecanismo de consulta, pues la aprobación es tan solo el principio de un largo y accidentado camino por recorrer.


Apus - Imagen referencial 

Es esencial prestar ahora atención a la elaboración del reglamento de esta ley, pues este dictará las vías para aplicar la nueva norma. Hay ciertas consideraciones básicas a tener en cuenta. Por ejemplo, la identificación de parámetros y mecanismos de consulta y participación, es decir el modus operandi del proceso. Y es así que surgirán inquietudes: ¿Qué se consultará en realidad? ¿Qué derechos de los pueblos indígenas podrían verse vulnerados? ¿Qué poblaciones son consideradas pueblos indígenas? ¿Cuáles se rán los mecanismos de consulta?

Lo complejo aparecerá cuando se intente aplicar una especie de transculturación, pues lo que es lógico para unos, no necesariamente lo es para otros. La multiculturalidad e interetnicidad de nuestro país nos hace inmensamente ricos en términos culturales, pero a la vez nos impone grandes brechas de desarrollo, porque la multiplicidad de grupos concibe el mundo de manera diversa. Tomemos, por ejemplo, el reconocimiento de las organizaciones representativas de los pueblos originarios y a la vez a sus representantes. En este ámbito, aparecerán inquietudes de cómo reconocer la voluntad de una comunidad a través del apu: si el apu fue elegido por la mayoría democráticamente o si la democracia– tal y como la concebimos en Occidente es similar dentro de la tradición de un determinado pueblo indígena. El asunto no será nada simple. ¿Tiene el apu representatividad legítima, según los procesos de elección aprobados por la ONPE y otros órganos de nuestro sistema electoral?

Mezquinamente pretendemos que los pueblos indígenas se comporten con una visión de Occidente. Lo que esta nueva ley nos trae en el fondo es la necesidad de aprender a aceptar la diversidad, al otro que comprende el mundo de manera distinta que nosotros. Son nuestras diferencias, la propia diversidad y la falta de información lo que nos lleva a inexactitudes, lo que llama a ser sumamente cautelosos al reglamentar la ley de consulta previa.

Conozco a muchos líderes comunales, apus y dirigentes de todo tipo, elegidos, designados, reconocidos, así como autoridades –dentro de las comunidades no son necesariamente lo mismo que los líderes–, y en todos encuentro cualidades legítimas de representatividad. Esto, en muchos casos, podría crear incertidumbre al tiempo de elaborar el reglamento de la ley. 



Estamos frente a un fenómeno de transculturalidad en el sistema de representatividad, más complejo de lo que creen los legisladores del oficialismo. No se trata de cumplir con una promesa electoral ligera y un tanto demagógica, tomando en cuenta que en el Perú la consulta previa existe formalmente desde 1994. Ese año, durante el gobierno del presidente Fujimori, se ratificó el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), diseñado sobre la base del reconocimiento de los derechos de protección a las minorías étnicas. 
Las autoridades tienen muchos puntos por afinar y considerar, sin embargo.


Todos los peruanos, al margen de nuestro origen étnico, buscamos una mejor calidad de vida y esto se logra a través del crecimiento económico, la promoción de la inversión privada, la seguridad jurídica y la estabilidad social.
Mediante consensos, diálogo e información adecuada y oportuna puede llegarse a acuerdos que promuevan el crecimiento con inclusión social. Esto se logrará, sin duda, fortaleciendo el derecho a voz y voto de las poblaciones que podrían sentirse afectadas por una determinada inversión. 

Voz y voto, hay que recordarlo, no es derecho a voz y veto.

Se puede acceder a una copia digital del artículo aquí:


viernes, 22 de noviembre de 2013

Los retos socioambientales de Ollanta Humala - Irma Montes Patiño

Los retos socioambientales del hoy presidente Ollanta Humala. El presente artículo lo escribí el 2011. Lo comparto también por este medio para los interesados.


El próximo gobierno de Ollanta Humala tendrá que afrontar 227 conflictos sociales pendientes (más de la mitad están vinculados con asuntos ambientales). Este fenómeno social ha crecido notablemente desde principios de este siglo, a partir del ‘tambograndazo’ (Piura, 2000) hasta llegar a los actuales sucesos en Puno.



La mayoría de estas protestas de comunidades rurales e indígenas se vinculan con los derechos de propiedad y tenencia de tierras. Una de las principales razones es la inexactitud en la demarcación y el ordenamiento territorial (asunto mediocremente abordado por los sucesivos gobiernos de Toledo y García). Se generan, así, expectativas distintas sobre el uso del recurso hídrico y el derecho sobre los recursos naturales. Las legítimas preocupaciones son azuzadas, muchas veces, por politiqueros en busca de notoriedad, infiltración ideológica, inequidad económica y la prepotencia para imponer ciertos proyectos, imposibilitando el diálogo fructífero.

En el plan de gobierno original del presidente electo se contemplaba la total observancia del Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales. Reconociendo, así, su derecho a participar en la toma de decisiones en temas que los afecten directamente. Sería oportuno conocer la política de prevención y manejo de conflictos que implementará el nuevo gobierno cuando se busque, por ejemplo, la licencia social para el controvertido Convenio Energético Perú-Brasil, que requiere la construcción de gran infraestructura de centrales hidroeléctricas de embalse en nuestra Amazonia. Sus impactos ambientales serán considerables, pero nada comparados con los sociales. Varias comunidades deberán ser reubicadas y este desplazamiento forzado de miles de pobladores generará migración, ruptura de sus costumbres y sistemas de vida, descontrol de sus instituciones comunales y tradiciones; todo esto sin mencionar el atropello a su derecho de conservar el ambiente que los sustenta. ¿Qué se hará entonces con lo estipulado en el Convenio 169 que Gana Perú dijo que respetaría?


El tema merece atención por la estrecha relación entre el presidente electo y el gobierno de Brasil. Se podría pensar que el Perú se beneficiará en muchos aspectos, como compartir una enorme frontera verde con uno de los BRIC (sigla de las economías emergentes más poderosas del mundo: Brasil, Rusia, India y China) y que impulsaría nuestra economía simplemente por ubicación geográfica. Pero, ¿cuán ‘verde’ sería esa frontera? ¿Están preocupados por el medio ambiente los BRIC? Recordemos que tres de ellos –Brasil, India y China– son de los principales emisores (30%) de gases de efecto invernadero (GEI) en el ámbito global.

Es necesario que la nueva gestión empiece ya a prevenir lo que está en ebullición y, de paso, revisar su concertación (un eventual cogobierno) con Perú Posible, que ocupó el cuarto lugar en la primera vuelta. La paz social, la gobernabilidad y la estabilidad democrática serán puestas a prueba en la capacidad de prevención y resolución de conflictos sociales. Preocupa recordar que el próximo presidente y sus potenciales aliados de Perú Posible tuvieron presencia parlamentaria en estos últimos cinco años, pero los hechos demuestran que sus bancadas no fueron capaces de mediar para evitar el sangriento ‘baguazo’. Más aun, el gobierno de Alejandro Toledo –hoy aliado de Humala– fue un pésimo negociador y extraordinario promotor de las coyunturas que gestaron muchos de los conflictos sociales y socioambientales más lamentables de los últimos veinte años. La ciudadanía deberá estar vigilante y fiscalizar un tema del que depende el orden interno y la viabilidad democrática del país.


Se puede acceder a una copia digital del artículo aquí:
Saludos,
Irma Montes Patiño

miércoles, 20 de noviembre de 2013

Los orígenes del ‘baguazo’ - Irma Montes Patiño

Los orígenes del ‘baguazo’. El presente artículo lo escribí el 2011. Lo comparto por este medio para los interesados.

La declaración de la ONU del 2011 como Año Internacional de los Bosques lleva a pensar con cuánta facilidad se buscan culpables de los constantes conflictos socioambientales del país. Los presuntos “culpables y responsables” son prontamente descalificados y se pide su destitución. Uno de los conflictos que marcó nuestra historia democrática –por su paupérrimo manejo– fue el ‘baguazo’, cuya causa se originó en el 2002. Dramas como los de Bagua amenazan la estabilidad social y la gobernabilidad, marcando precedentes para quienes participaron directamente. Paradójicamente, los responsables indirectos del ‘baguazo’ se encontraban en el extranjero cuando ocurrieron los hechos, alejados de los problemas que habrían provocado años antes al no velar por el cumplimiento de la ley que declaraba la veda de especies maderables en peligro de extinción. Nos referimos a la Ley 27308, Ley Forestal y de Fauna Silvestre, promulgada en el 2000 por el gobierno de Alberto Fujimori.

Enfrentamiento con la policía en el 'baguazo' - Irma Montes Patiño

La norma fue promulgada por la imperiosa necesidad de controlar la tala indiscriminada de especies como la caoba y el cedro, cuya demanda internacional se había elevado en 4.000% entre 1995 y el 2000. De haberse seguido con ese ritmo las especies se hubiesen extinguido. La ley declaró la veda desde su promulgación –en julio del 2000– por diez años: hasta el 2010. A la letra se prohibió “la extracción de especies maderables caoba y cedro en las cuencas de los ríos Putumayo, Yavarí, Tamaya y el Purús; así como en otras áreas declaradas o por declararse mediante decreto supremo”.



Interesados lobbies de madereros, y la presentación de recursos ante el Tribunal Constitucional por un grupo de congresistas liderados por Guiomar Seijas, en aquel entonces de Perú Posible, pretendieron dejar sin efecto esta ley. Para ello se removió a funcionarios del Inrena (aún no existía el Ministerio del Ambiente) y se valieron de directivas y resoluciones que contravenían la norma dada por el Legislativo. Esto llevó a la depredación de las especies que debieron ser protegidas. Ante los constantes agravios contra los comuneros de las zonas de tala, se empezó a gestar un descontento entre la población, que veía atónita este impune atropello.

Las comunidades nativas, desde ese entonces, se sentían amenazadas por las actividades ilícitas y las arbitrariedades de entidades y funcionarios del gobierno en desmedro de sus recursos. Estábamos, pues, ante la gestación de un conflicto. El desenlace no es ajeno a ningún peruano: se puso en riesgo la democracia, el Estado de derecho y la gobernabilidad del país cuando estallaron los sucesos en Bagua en junio del 2009.

Cabe resaltar que los orígenes de ese caos no fueron la dación de los decretos legislativos 1090, 1064 y los demás del ‘paquetazo’, como se afirma. Eso fue simplemente el detonante. Los orígenes del ‘baguazo’ se retrotraen a los acontecimientos antes mencionados, expresión de negligencia e indiferencia por parte del gobierno toledista que permitió semejantes actos de ilegalidad y corrupción. 

¿Dónde estaba en el 2002 la denominada institución defensora de los pueblos indígenas ?


Saludos,
Irma Montes Patiño

Se puede acceder a una copia digital del artículo aquí:

martes, 19 de noviembre de 2013

Participación en mesa redonda en el diario El Comercio

Se me invitó a una mesa redonda en el diario El Comercio (Julio 2012). Hablamos entre otras cosas, sobre propuestas de solución a los conflictos sociales.


Mesa Redonda - Irma Montes Patiño


      
Fue sin duda, una reunión muy interesante.

Si quieren leer mas detalles sobre la nota, pueden ingresar aquí


       

Saludos,
Irma Montes Patiño

lunes, 18 de noviembre de 2013

Conflictos Sociales - Opinión y Artículos - Irma Montes Patiño

El presente blog es una recopilación de los artículos y columnas de opinión que escribe para diferentes medios. En los mismos se va plasmando opiniones, puntos de vista, y demás temas relacionados a los de conflictos sociales, el cual es el enfoque particular que se le da a las columnas.


Irma Montes Patiño

Irma Montes Patiño

Saludos
Irma Montes Patiño