sábado, 28 de diciembre de 2013

Los dueños de nada - Irma Montes Patiño

Artículo y columna de opinión que trata sobre los problemas de propiedad de las comunidades amazónicas en el Perú. Escrito en el diario El Comercio en Octubre del 2013.

La errada creencia de que el problema de nuestra amazonia es meramente ecológico nos ha llevado a un callejón sin salida. Y no saldremos de ahí hasta que las autoridades interioricen que el asunto es social, político y resultado de la asimetría - comercial y legal - existente entre el capital, las empresas extractivas y las comunidades indígenas. El reto del estado Peruano, con miras al bicentenario, es sentar las bases para que dichas comunidades asuman las ventajas de la modernidad y se inserten en el desarrollo económico del país.

Es fundamenta, entonces, que cuenten con la titulación de sus tierras comunales y que se impulse el desarrollo de sus capacidades para el uso de las herramientas legales y comerciales necesarias para todo tipo de convenios, alianzas publico-privadas y contratos que les permitan protegerse y, a la vez, beneficiarse sosteniblemente de las riquezas de sus territorios.

El gobierno del presidente Ollanta Humala se regocija de haber logrado la aprobación de la ley de consulta previa a los pueblos indígenas. Sin embargo, sus autoridades confunden términos y prioridades, y cambian constantemente el discurso.

En febrero, con el entonces primer ministro Óscar Valdés Dancuart, se suscribió un documento que atendía las demandas de los asháninkas. Lo principal era la titulación inmediata de sus tierras, pues sólo así se respetaran sus limites y evitaran la invasión de colonos. Hoy el actual gabinete no fomenta la titulación, pese a que existen unas 155 comunidades nativas por titular.

"Para los pueblos indígenas de la Amazonia es primordial la defensa de su territorio porque este es el ámbito de sus supervivencia, tanto física como sociocultural , y también de su proyección futura", explica el Instituto del Bien Común (IBC), entidad que desarrolla trabajos de demarcación y censo de estas poblaciones; información que el estado no ha sabido -o querido- recoger ni sistematizar para hacer viables los grandes proyectos de inversión y facilitar la consulta previa, hoy tan entrampada; no se sabe a quién se debe consultar ni sobre qué.

Si no está claro a quién pertenece el área por concesionarse, ¿quién será consultado? Y si los ancestrales propietarios no tienen títulos, ¿cómo defenderán sus derechos económicos y comerciales, y expresarán sus preocupaciones? Para el IBC, "el proceso de titulación no constituye una prioridad política del Estado Peruano".

De la urgente titulación de tierras que Valdés Dancuart parecia comprometido a concretar, se pasa ahora al discurso del ordenamiento territorial, tema necesario, pero que no solucionará la conflictividad latente en las comunidades.

Ya dos petroleras -Talisman Energy y Conoco Phillips- no invertirán mas en el Perú, en gran medida, por la desconfianza de las comunidades reflejada en hostilidades con las empresas y los representantes del Gobierno Nacional. El ministro del Ambiente, Manuel Pulgar-Vidal, ha explicado que la futura ley de ordenamiento territorial -cuyo borrador es preparado por el Acuerdo Nacional- "no será una herramienta de exclusión de alguna actividad económica". Lo que si se intuye es que los grandes excluidos serán, una vez mas, los pueblos originarios del Perú.

Irma Montes Patiño


Se puede acceder a una copia digital del artículo aquí:

Dueños de nada - Irma Montes Patiño - Conflictos sociales en el Perú by Irma Montes Patiño


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Saludos,
Irma Montes Patiño
Consultora en resolución de conflictos sociales.

viernes, 27 de diciembre de 2013

El rapto de las agendas - Irma Montes Patiño

Artículo y columna de opinión sobre la situación de la izquierda internacional. Febrero 2013.

  La izquierda internacional ha perdido el debate intelectual y su modelo económico socialista fracasó rotundamente en todos los países en donde se implantó. ¿Qué les queda hoy? Solo politizar y apropiarse de cuanta causa surge: desde los derechos humanos, la defensa de la infancia, la diversidad sexual, pasando por la promoción cultural y, por supuesto, la defensa ambiental.

  Recordemos que históricamente los pensadores de izquierda han rechazado la idea de que la humanidad es rehén de la naturaleza o lo divino. Originalmente los marxistas expusieron la necesidad de rechazar el mito de que la naturaleza y la utilización de sus recursos eran claves para los objetivos del ser humano y buscaron destruir toda teoría que sostuviera que la naturaleza determinaba el progreso. Aceptar esos argumentos era cuestionar al socialismo como vía para solucionar la pobreza si es que la misma fuese producto de la naturaleza y no de la sociedad. Hoy la izquierda argumenta contradiciendo a su doctrina marxista, pero paradójicamente invocándola. Recordemos que lo atacado por Marx era justamente el elemento natural de la teoría malthusiana, calificando los argumentos del reverendo Malthus como un "agravio a la raza humana" (según el reverendo la pobreza era naturalmente inevitable). Por otro lado, los "marxistas" de hoy sostienen que es la naturaleza misma la que enmarca la escasez de recursos, llegando a generar la fata de oportunidades en las poblaciones mas vulnerables.

  Entonces el argumento rechazado por los marxistas de otrora -que los problemas de la sociedad moderna tienen una relación directa con nuestro entorno natural- representa un vuelco total del pensamiento socialista y un maquillaje idóneo para los izquierdistas de hoy. Los mismos que basan su progresista plataforma política en el antiguo axioma antisocialista de que el entorno natural es determinante y, de no respetarlo, pagaremos la factura de la escasez y el conflicto por los recursos. 

  Así, los extremistas de izquierda utilizan estas coartadas para desestabilizar gobiernos legítimos, entrar por la puerta falsa a la arena política y hasta desviar fondos internacionales para la construcción de movimientos partidos y concentrar acciones contra la inversión privada. En nuestro país vemos con frecuencia cómo se utiliza la excusa de la defensa del ambiente para ahuyentar la inversión y paralizar estratégicos proyectos de inversión. Piensan que desplomando la economía de mercado y frenando el crecimiento el comunismo puede garantizar su supervivencia, la misma que depende de una masa de pobres e inconformes y de la polarización y desinformación de la ciudadanía. Y esto ocurre frente a una derecha y centro derecha desarticuladas y ajenas a la realidad e idiosincrasia nacionales y a un empresariado que no se sacude del retrogrado mercantilismo. Son pocos los empresarios que han comprendido que el liberalismo económico debe enmarcarse en la sostenibilidad y menos aun los que comprenden la necesidad de favorecer el capitalismo popular.

  La bandera ambiental no puede capturarse ni debe tener color político porque se trata de algo practico (aunque tenga también raíces étnicas).
El respeto por el medio ambiente es pragmático, pues ni las poblaciones ni las economías prosperan en espacios depredados, contaminados y saqueados. La sociedad moderna subsiste de los servicios y recursos naturales: agua, aire, suelos, biodiversidad y cualquier emprendimiento económico requiere del correcto aprovechamiento de esos recursos.

Irma Montes Patiño


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Saludos,
Irma Montes Patiño
Consultora en resolución de conflictos sociales.

Cañaris - Hay dudas sobre autorización a minera en tierras comunales - Irma Montes Patiño

En un columna publicada en el diario El Comercio sobre el conflicto social en Cañaris (Lambayeque) se me requirió mi opinión.

"La relación asimétrica del conflicto es un punto complejo y en este caso es obvia. Hay mucha desconfianza entre todos los afectados. Algunos sostienen que la consulta no fue legítima (por más que haya sido legal) y otros intentan explicar el conflicto haciendo referencia a la ausencia de la aplicación de la ley de consulta.

Yo considero como gran responsable de todos estos conflictos a la ineficiencia de este gobierno, en todos sus niveles. Desde el presidente Humala, que fue el primero en sembrar el sentimiento antiminero durante su agresiva campaña electoral, pasando por el Ministerio de Cultura, ente rector de la ley de consulta.

Dicen que tienen identificados a los pueblos sujetos de consulta, pero no pueden publicar el listado. Sin embargo, existe un listado de intérpretes oficiales para el proceso de consulta, entre los que figura un especialista en quechua de Lambayeque (zona de Cañaris).

Adicionalmente, debemos aterrizar la idea de que así se haya identificado al pueblo, la decisión de esta población no será vinculante. Mientras sigamos huérfanos de un sistema nacional que prevenga conflictos, que aglutine y haga una eficiente compilación de las normas, donde los encargados de aplicarlo sean especialistas, no vamos a dejar de tener este tipo de conflictos."

El artículo completo a continuación:


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lunes, 23 de diciembre de 2013

Artículos y columnas de opinión del año 2012 - Irma Montes Patiño

Resumen de artículos y columnas de opinión escritos el año 2012

Abuso de la protesta social
Artículo y columnas de opinión sobre al abuso de la protesta social en el Perú. Estos relacionados en el momento de escrito el artículo, con la minería ilegal e informal.

Artículo y columnas de opinión sobre la implementación de una política ambiental efectiva en el país.

El financiamiento contra Conga
Artículo y columnas de opinión sobre el financiamiento contra proyectos de inversión (minera en este caso), y el trasfondo ideológico de las ONG antimineras.

Para proteger la Amazonía
Artículo y columnas de opinión sobre cómo la reforestación puede ayudar al desarrollo y protección de zonas altoandinas y de la selva, ayudando también a evitar los conflictos sociales en el Perú.

El riesgo del diálogo extemporáneo
Artículo y columnas de opinión sobre el enfoque, uso y fin de las mesas de diálogo que se dan en los conflictos sociales.

La importancia de la palabra
Artículo y columnas de opinión sobre el enfoque del  diálogo que se dan en los conflictos sociales en el Perú.

Propiedad y prosperidad
Artículo y columnas de opinión que trata sobre la propiedad de los recursos extractivos.

Oro para todos
Artículo y columnas de opinión que trata sobre los recursos extractivos.

El diálogo genera confianza
Artículo y columnas de opinión sobre el diálogo como método para evitar conflictos sociales en el Perú.

Diálogo de sordos en la tierra del alto comisionado
Artículo y columna  de opinión sobre la gestión del diálogo en los actores del estado para evitar conflictos sociales en el Perú.

Incertidumbre a un año de la consulta previa
Artículo y columna  de opinión sobre la consulta previa y los riesgos que podría implicar a  las inversiones en el Perú.

Para recuperar la confianza
Artículo y columna  de opinión que hace un análisis al tema ambiental, la falta de compromiso ante esto y lo  que esto conlleva. 

Un controvertido convenio
Artículo y columna de opinión sobre la ley de consulta previa.

Saludos,

domingo, 15 de diciembre de 2013

Un controvertido convenio - Irma Montes Patiño

Artículo de opinión sobre la ley de consulta previa. Columna escrita el 2012.

Un controvertido convenio suscrito el 11 de julio de 2012 entre Alberto Pizango, presidente de la Aidesep, y Pedro Miguel Grijalba Vásquez, de Petrobras Perú, increíblemente lesiona los derechos de los propios pueblos indígenas a los que la celebrada pero imperfecta Ley de Consulta Previa pretende proteger.

Las críticas a Pizango han sido muchas y desde varios frentes, sobre todo desde las bases de su pueblo de origen, los Shawi. Alfredo Torres Rucoba, alcalde de Balsapuerto, Loreto, calificó el hecho como una traición a los pueblos originarios. Incluso en abril el presidente del Consejo Aguaruna-Huambisa,Alexander TeetsWishu, lo acusa de malversar fondos y lo responsabiliza del abandono de los nativos apresados durante el Baguazo. Igual de duras han sido las expresiones desde la Conap, la segunda mayor organización indígena del país. 

El caso grafica que el debate sobre la eficacia de la Ley de Consulta está lejos de agotarse y, quizá, recién esté realmente por empezar el verdadero análisis de sus debilidades y entrampamientos. Lo de Pizango y Petrobras es un problema ético y a la vez muestra una profunda debilidad institucional y la pérdida de confianza de los mismos pueblos afectados. En estacolumna hemos reiterado la importancia de la palabra empeñada y a la confianza que debe imperar entre los actores. Solo en ese clima se podrá manejar de manera constructiva un potencial conflicto. Pizango y Petrobras han debilitado esa confianza entre pueblos y líderes, quienes juegan el importante papel de defensores delos derechos de sus hermanos. La debilidad institucional la expresa claramente el connotado experto en derecho internacional de los pueblos indígenas y jurista español Bartolomé Clavero, quien advirtió sobre este convenio. "Aparte de lo delicado de un compromiso de esta índole, la desproporción entre partida y contrapartida es enorme" Y enfatiza la cláusula séptima del convenio describiéndola como "tan desorbitada que no tiene cabida ni en la capacidad de una organización teóricamente representativa como la Aidesep ni, más general y llanamente, en el derecho contractual, esto es, entre las prácticas legítimas de extracción y tráfico de recursos. No obliga por supuesto a las comunidades indigenas". Con ello se refiere al contenido pernicioso que exime a las comunidades afectadas de cualquier reclamo, acción o demanda -de toda índole-en contra de Petrobras. En concreto, recae sobre pocas manos la decisión sobre un contrato leonino que nos afecta a todos como país y del que se benefician unos pocos dirigentes de turno. La duda y preocupación aparecen cuando reflexionamos sobre la objetividad y criterio que pueden tenerlos líderes nativos en quienes recae la responsabilidad de decidir mediante la aplicación de la ley de consulta -el destino delos recursos naturales de todos los peruanos. 

Uno se preguntaría ¿para qué insistir implementando la normas si llegado el momento bastará firmar un convenio casi secreto (algunos dirigentes de la Aidesep revelaron no haber conocido el contenido del documento) y dejar las decisiones que nos afecten a todos, en manos del representante de turno de las organizaciones indígenas? Hay que sumar que a todo esto además que el Gobierno mantiene inexplicablemente pa­ralizadas inversiones por más de 50 mil millones de dólares debido a la falta de institucionalidad.

Irma Montes Patiño


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Irma Montes Patiño

sábado, 14 de diciembre de 2013

Para recuperar la confianza - Irma Montes Patiño

Artículo de opinión que hace un análisis al tema ambiental, la falta de compromiso ante esto y lo  que esto conlleva. Columna escrita el 2012.

Durante la última campaña presidencial, los representantes de los partidos políticos más sólidos suscribieron el Pacto Ambiental, que con visión y acierto fue promovido por este Diario. Dentro de lo asumido figuraba: “Promover la conservación y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales en el marco de una gobernanza basada en el ordenamiento territorial, la inclusión social, equidad, participación ciudadana, interculturalidad, distribución equitativa de los beneficios y el fortalecimiento del Estado para el cumplimiento de su rol de administrar, salvaguardar los recursos naturales y prevenir los conflictos sociales”. También fortalecer el Sistema Nacional de Gestión Ambiental, con concertación intergubernamental, y el compromiso de reducir la degradación ambiental sin altos costos sociales. En el tema del agua, el compromiso fue la protección y el fortalecimiento de la institucionalidad. 

A 18 meses de asumidos esos compromisos vemos que a nuestros políticos les resulta fácil firmar –ad portas de una elección– para luego de asumir diversos cargos y olvidar lo prometido. Los conflictos socioambientales han escalado a récords históricos. La ausencia de institucionalidad ambiental y de manejo de conflictos es grave; no se respeta la coordinación intergubernamental, se vulneran derechos ciudadanos y la multiculturalidad y las comunidades no perciben los beneficios por la ineficiencia de sus autoridades. Lo peor: en el camino se han firmado otros pactos como el inexplicable beneficio a la minería informal. De esta manera se han otorgado doce meses más de impunidad para que continúen depredando hasta que estos mineros se “formalicen”. 

Esta prórroga para destruir y extraer oro ilegalmente, transgredir derechos y facilitar la evasión tributaria fue avalada por el actual ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal. Mientras tanto, se boicotean grandes proyectos mineros como Pierina (Barrick), Raura (Minsur) y Quellaveco (AngloAmerican) que respetan estándares ambientales e intentan impactar positivamente en la comunidad, aunque no lo logren al ritmo que estas esperan. Algunos líderes locales –adportas de una etapa de campaña electoral regional y provincial– buscan protagonismo descalificando la labor de estas empresas, y pretenden llevar lo ambiental a la arena sociopolítica para confundir y menoscabar logros de proyectos de inversión que aportan a las arcas de los mismos dirigentes que las atacan. Recuperar la confianza de las poblaciones de las zonas aledañas a los grandes proyectos mineros requiere de una sólida institucionalidad ambiental y de la adecuada fiscalización y monitoreo por parte del Estado.

Irma Montes Patiño

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Irma Montes Patiño

jueves, 12 de diciembre de 2013

Incertidumbre a un año de la consulta previa - Irma Montes Patiño

Artículo de opinión sobre la consulta previa y los riesgos que podría implicar a  las inversiones en el Perú. Columna escrita el año 2012

La promulgación de la Ley de Consulta Previa ha cumplido un año, y lo que se tiene son más preguntas que respuestas. El panorama no está claro, los conflictos socioambien­tales continúan. Tienen razón los detractores de la norma cuando señalan que su implementación es casi imposible debido a cómo fue reglamentada. A un año, existe aún incertidumbre porque la Ley de Consulta Previa requiere de un reglamento que -a diferencia del actual- sea eficiente y coherente. Recordemos que el propio proceso de elaboración del reglamento fue cuestionado por las organizaciones indígenas, pues algunos artículos contravienen lo establecido en el Convenio 169 de la OIT la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y la propia norma que debe reglamentar. 

Hace unos días se presentó el lnforme Alternativo Anual del cumplimiento del Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas, especialmente relevante, pues es el primero presentado con Ollanta Humala. El documento considera que el Estado peruano insiste en priorizar el "extractivismo" generando conflictos al no respetar la voluntad de las comunidades ni el cumplimiento de la Ley de Consulta. El aprovechamiento de los recursos no debería ser excluyente, sino complementario, pues la norma fue dada para proteger los derechos de los pueblos en cuyos territorios se encuentran los recursos a extraerse. 

No le falta sentido al informe altemativo, ni razón a los representantes de los pueblos indígenas cuando llaman la atención de los organismos internacionales sobre si el Gobierno tiene la real intención de proteger sus derechos sobre decisiones que puedan afectar sus territorios. Tomemos en cuenta que hasta junio pasado, un cuarto del territorio peruano estaba ya concesionado para proyectos mineros los cuales, sin duda, no fueron sujetos a la mencionada ley. La supuesta buena noticia es que, en breve, la ley se aplicará en un proceso de consulta en Lore­to para un proyecto de PerúPetro de extracción hidrocarburífera en el Lote lAB. No queda claro, sin embargo, qué entidad se encargará de promover dicha consulta: si el Ministerio de Energía y Minas o la empresa extractiva, según la Ley Orgánica de Hidrocarburos, que señala que la compañía es la encargada de promover la inversión en exploración y explotación (artículo 6.a), así como negociar, celebrar y supervisar los contratos del sector (articulo 6..b). Esta posibilidad es evidente si consideramos que el turbio reglamento de la Ley de Consulta ofrece la posibilidad de acomo­dar la consulta a la normativa de cada sector. Lo preocupante es que, al no implementarse aún de manera adecuada esta ley; se resta institucionalidad a las políticas sectoriales que deben regir a las actividades extractivas y, lo que es peor, se pone en riesgo el enfoque intercultural de dicha institucionalidad en desmedro de la tan ofrecida inclusión social. Y para agravar la situación, se amenaza la fluidez y la estabilidad de las inversiones en actividades productivas, motor de nuestra economía y a las que debemos el estable crecimiento de los últimos 35 meses pese a la crisis internacional.

Irma Montes Patiño


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Irma Montes Patiño