jueves, 22 de mayo de 2014

Los malos aires de Pulgar - Irma Montes Patiño

Hace buen rato el ministro Manuel Pulgar Vidal debió haber declarado la emergencia ambiental de Lima.

Hace poco, la Organización Mundial de la Salud (OMS) informó que Lima es la ciudad más contaminada de América Latina. Eso no es noticia para quienes vivimos aquí y padecemos diariamente lo señalado por la OMS, en unos distritos más grave que en otros. Pese a ello, lejos de declarar la emergencia ambiental para aplicar los protocolos necesarios y convertir a Lima en una urbe saludable, la máxima autoridad del rubro –el ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal– tomó a la ligera el informe de la OMS. Reaccionó una vez más defendiendo su floja gestión y culpó a terceros. “Lima es una ciudad que en el pasado estuvo ambientalmente abandonada”, dijo en conferencia con la prensa extranjera, obviando el tema central del informe, que es la pésima calidad del aire de nuestra capital, quitándole responsabilidad a su despacho e indirectamente a la alcaldesa Susana Villarán.


Pulgar Vidal minimiza un serio problema, que solo en Lima y Callao “es responsable de cerca de 4.000 muertes al año”. Y, según la propia OMS, “más de siete millones de personas mueren anualmente en el mundo a causa de la contaminación ambiental ya sea fuera o dentro del hogar, lo que convierte a la polución en el principal riesgo medioambiental para la salud”.

Es irritante pensar que cuando a Pulgar Vidal le conviene –por presión política o demagogia– declara emergencias ambientales (DEA) a diestra y siniestra, aunque todo quede solo en papel y se dejen abandonadas a las comunidades afectadas, tal como lo evidenció una federación de Loreto en setiembre pasado al denunciar que luego de seis meses: “El Estado [hasta hoy] no ha puesto en marcha ningún plan de remediación ambiental”. Lugar hasta el que llegó el propio ministro seis meses antes –fiel a su estilo muy ávido de atención y notoriedad– a pedir, en nombre del Estado Peruano, dramáticas disculpas frente a sus cámaras “por el abandono causado por el Estado” a las comunidades. “Hemos decidido intervenir para corregir el problema”, dijo en entrevista televisiva en marzo del 2013. Hasta ahora, ni una palabra, ni una acción concreta, solo formalidades legales, papeleos e infinitas reuniones burocráticas. Tampoco se emite una DEA en la depredada Madre de Dios –pese a los múltiples estudios que demuestran elevadísima contaminación por mercurio en ecosistemas y organismos humanos– seguro porque se trata de un sitio emblemático internacionalmente y hacerlo sería aceptar el fracaso de su gestión.

Cabe señalar que un estudio del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) informó que Ate y El Agustino eran los distritos que encabezaban la lista de los siete distritos con el aire más contaminado en Lima, seguidos por Villa María del Triunfo, Santa Anita, San Borja y Jesús María, todos con índice de partículas por encima de los aceptados por la OMS. Es obvio que hace buen rato el ministro debiera haber declarado la emergencia ambiental de Lima como primer paso para su remediación. Pero esta vez fue muy lejos al minimizar la comprobada contaminación en nuestra ciudad desinformando a la opinión pública nacional e internacional. Esto solo puede explicarse porque en diciembre próximo se realizará en Lima la COP-20 (vigésima conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático) y él será el presidente del magno evento. No lo hace, pues no solo sería vergonzoso sino que evidenciaría su pobre manejo del problema.

Irma Montes Patiño

Se puede acceder a una copia digital del artículo aquí:

Publicado Lunes 19 de mayo del 2014
http://elcomercio.pe/opinion/columnistas/malos-aires-pulgar-irma-montes-patino-noticia-1730291


sábado, 17 de mayo de 2014

Inconsulta previa - Irma Montes Patiño

La Ley de Consulta Previa tiene muchos errores que deberían ser corregidos.

Como es costumbre, ante un problema nuestros políticos ofrecen solucionarlo con una nueva ley y a veces esta lo complica todo aun más.

Algo de esto es lo que ha ocurrido con la ley de consulta previa y su reglamento. Normas saludadas por tirios y troyanos, pero que en la práctica son letra muerta y, en el caso del reglamento, las organizaciones indígenas consideran que este genera vacíos dentro de la ley y “genera dudas para la implementación”. De hecho, la famosa consulta previa genera incertidumbre y desconfianza entre los que pretende ayudar.

En el Perú, el Convenio 169 (OIT), sobre derechos de los pueblos indígenas y tribales, entra en vigencia en 1995. Ya había pues una norma (de rango constitucional) sobre el tema. Sin embargo, se aprobó la ley de consulta para implementar los principios del 169 y hasta la fecha carece de metodología eficiente, no se identifica a quiénes consultar y se han generado falsas expectativas en las comunidades indígenas. Es decir, un instrumento lleno de buenas intenciones que, paradójicamente, podría causar nuevos conflictos sociales y hasta desvirtuar lo que establecen normas precedentes sobre el manejo y explotación de nuestros recursos naturales.

La aprobación unánime de la ley de consulta previa inauguró con bombos y maracas nuestro actual Congreso y se dio para garantizar el derecho de estos pueblos a informarlos libre y previamente sobre los proyectos que puedan afectar su destino. Gran logro si nos quedamos solo en el papel: en la práctica, hasta ahora, no ha servido para solucionar, sino entorpecer el ya difícil camino de las inversiones y el reconocimiento de los derechos indígenas.

Como si esta ineficacia no fuera suficiente, la congresista Pérez Tello pretende impulsar una norma que en esencia empoderaría en primera instancia a la Comisión de Pueblos Andinos, Ambiente y Ecología del Congreso (de la cual ella es miembro titular) y luego al pleno del Congreso para opinar y dictaminar sobre el rango y aplicabilidad de la ley de consulta previa. Hecho que no solo es alarmante por las innumerables vulnerabilidades y riesgos que conlleva algo semejante, sino porque amenaza nuestra institucionalidad intentando dejar de lado al Ejecutivo, encargado de aplicar la norma a través de su ente rector.

Mientras el Congreso busca maneras de obtener más poder sobre las decisiones económicas que nos afectan como peruanos, olvida que lo que debe corregirse es la asimetría entre los pueblos indígenas frente al Estado y a las empresas. Tal como están planteadas hoy las cosas, esa asimetría continuará y una norma en los términos que plantea Pérez Tello terminará hundiendo toda intención del Ejecutivo de avanzar y destrabar las inversiones.

Urge corregir entonces la vigente e inaplicable ley de consulta y su antitécnico reglamento, alineándolos con leyes ya efectivas que promuevan proyectos de manera despolitizada, consensuada y sostenible para el país. Se equivoca pues el Congreso al pretender legislar sobre un tema que desconoce profundamente, en la medida en que ni siquiera se tiene claro quiénes son nuestros pueblos indígenas.

La modificación de la ley de consulta debe retomar la esencia de nuestra normativa elaborada a raíz del espíritu del Convenio 169 para así evitar sabotear su aplicabilidad. El problema está en saberlo interpretar correctamente.

Irma Montes Patiño



Se puede acceder a una copia digital del artículo aquí:



Publicado Lunes 21 de abril del 2014