Los malos aires de Pulgar - Irma Montes Patiño

Hace buen rato el ministro Manuel Pulgar Vidal debió haber declarado la emergencia ambiental de Lima.

Hace poco, la Organización Mundial de la Salud (OMS) informó que Lima es la ciudad más contaminada de América Latina. Eso no es noticia para quienes vivimos aquí y padecemos diariamente lo señalado por la OMS, en unos distritos más grave que en otros. Pese a ello, lejos de declarar la emergencia ambiental para aplicar los protocolos necesarios y convertir a Lima en una urbe saludable, la máxima autoridad del rubro –el ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal– tomó a la ligera el informe de la OMS. Reaccionó una vez más defendiendo su floja gestión y culpó a terceros. “Lima es una ciudad que en el pasado estuvo ambientalmente abandonada”, dijo en conferencia con la prensa extranjera, obviando el tema central del informe, que es la pésima calidad del aire de nuestra capital, quitándole responsabilidad a su despacho e indirectamente a la alcaldesa Susana Villarán.

Pulgar Vidal minimiza un serio problema, que solo en Lima y Callao “es responsable de cerca de 4.000 muertes al año”. Y, según la propia OMS, “más de siete millones de personas mueren anualmente en el mundo a causa de la contaminación ambiental ya sea fuera o dentro del hogar, lo que convierte a la polución en el principal riesgo medioambiental para la salud”.

Es irritante pensar que cuando a Pulgar Vidal le conviene –por presión política o demagogia– declara emergencias ambientales (DEA) a diestra y siniestra, aunque todo quede solo en papel y se dejen abandonadas a las comunidades afectadas, tal como lo evidenció una federación de Loreto en setiembre pasado al denunciar que luego de seis meses: “El Estado [hasta hoy] no ha puesto en marcha ningún plan de remediación ambiental”. Lugar hasta el que llegó el propio ministro seis meses antes –fiel a su estilo muy ávido de atención y notoriedad– a pedir, en nombre del Estado Peruano, dramáticas disculpas frente a sus cámaras “por el abandono causado por el Estado” a las comunidades. “Hemos decidido intervenir para corregir el problema”, dijo en entrevista televisiva en marzo del 2013. Hasta ahora, ni una palabra, ni una acción concreta, solo formalidades legales, papeleos e infinitas reuniones burocráticas. Tampoco se emite una DEA en la depredada Madre de Dios –pese a los múltiples estudios que demuestran elevadísima contaminación por mercurio en ecosistemas y organismos humanos– seguro porque se trata de un sitio emblemático internacionalmente y hacerlo sería aceptar el fracaso de su gestión.

Cabe señalar que un estudio del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) informó que Ate y El Agustino eran los distritos que encabezaban la lista de los siete distritos con el aire más contaminado en Lima, seguidos por Villa María del Triunfo, Santa Anita, San Borja y Jesús María, todos con índice de partículas por encima de los aceptados por la OMS. Es obvio que hace buen rato el ministro debiera haber declarado la emergencia ambiental de Lima como primer paso para su remediación. Pero esta vez fue muy lejos al minimizar la comprobada contaminación en nuestra ciudad desinformando a la opinión pública nacional e internacional. Esto solo puede explicarse porque en diciembre próximo se realizará en Lima la COP-20 (vigésima conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático) y él será el presidente del magno evento. No lo hace, pues no solo sería vergonzoso sino que evidenciaría su pobre manejo del problema.

Irma Montes Patiño

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Los malos aires de Pulgar by Irma Montes Patiño

Publicado Lunes 19 de mayo del 2014
http://elcomercio.pe/opinion/columnistas/malos-aires-pulgar-irma-montes-patino-noticia-1730291

Inconsulta previa - Irma Montes Patiño

La Ley de Consulta Previa tiene muchos errores que deberían ser corregidos.

Como es costumbre, ante un problema nuestros políticos ofrecen solucionarlo con una nueva ley y a veces esta lo complica todo aun más.

Algo de esto es lo que ha ocurrido con la ley de consulta previa y su reglamento. Normas saludadas por tirios y troyanos, pero que en la práctica son letra muerta y, en el caso del reglamento, las organizaciones indígenas consideran que este genera vacíos dentro de la ley y “genera dudas para la implementación”. De hecho, la famosa consulta previa genera incertidumbre y desconfianza entre los que pretende ayudar.

En el Perú, el Convenio 169 (OIT), sobre derechos de los pueblos indígenas y tribales, entra en vigencia en 1995. Ya había pues una norma (de rango constitucional) sobre el tema. Sin embargo, se aprobó la ley de consulta para implementar los principios del 169 y hasta la fecha carece de metodología eficiente, no se identifica a quiénes consultar y se han generado falsas expectativas en las comunidades indígenas. Es decir, un instrumento lleno de buenas intenciones que, paradójicamente, podría causar nuevos conflictos sociales y hasta desvirtuar lo que establecen normas precedentes sobre el manejo y explotación de nuestros recursos naturales.

La aprobación unánime de la ley de consulta previa inauguró con bombos y maracas nuestro actual Congreso y se dio para garantizar el derecho de estos pueblos a informarlos libre y previamente sobre los proyectos que puedan afectar su destino. Gran logro si nos quedamos solo en el papel: en la práctica, hasta ahora, no ha servido para solucionar, sino entorpecer el ya difícil camino de las inversiones y el reconocimiento de los derechos indígenas.

Como si esta ineficacia no fuera suficiente, la congresista Pérez Tello pretende impulsar una norma que en esencia empoderaría en primera instancia a la Comisión de Pueblos Andinos, Ambiente y Ecología del Congreso (de la cual ella es miembro titular) y luego al pleno del Congreso para opinar y dictaminar sobre el rango y aplicabilidad de la ley de consulta previa. Hecho que no solo es alarmante por las innumerables vulnerabilidades y riesgos que conlleva algo semejante, sino porque amenaza nuestra institucionalidad intentando dejar de lado al Ejecutivo, encargado de aplicar la norma a través de su ente rector.

Mientras el Congreso busca maneras de obtener más poder sobre las decisiones económicas que nos afectan como peruanos, olvida que lo que debe corregirse es la asimetría entre los pueblos indígenas frente al Estado y a las empresas. Tal como están planteadas hoy las cosas, esa asimetría continuará y una norma en los términos que plantea Pérez Tello terminará hundiendo toda intención del Ejecutivo de avanzar y destrabar las inversiones.

Urge corregir entonces la vigente e inaplicable ley de consulta y su antitécnico reglamento, alineándolos con leyes ya efectivas que promuevan proyectos de manera despolitizada, consensuada y sostenible para el país. Se equivoca pues el Congreso al pretender legislar sobre un tema que desconoce profundamente, en la medida en que ni siquiera se tiene claro quiénes son nuestros pueblos indígenas.

La modificación de la ley de consulta debe retomar la esencia de nuestra normativa elaborada a raíz del espíritu del Convenio 169 para así evitar sabotear su aplicabilidad. El problema está en saberlo interpretar correctamente.

Irma Montes Patiño


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Inconsulta Previa - Irma Montes Patiño by Irma Montes Patiño

Publicado Lunes 21 de abril del 2014

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Por Yaku y Wayra - Irma Montes Patiño

Artículo de opinión sobre las condiciones de vida de animales en cautiverio y la normatividad al respecto.

La perturbadora situación de los delfines Yaku y Wayra –‘agua’ y ‘aire’ en quechua– es un vivo ejemplo de la ineficiente normativa de nuestro país cuando se trata de legislar sobre los derechos de los animales. La pareja de delfines vive en cruel cautiverio desde 1997 y hace casi cuatro años fue trasladada del hotel Los Delfines a una poza en La Herradura, Chorrillos. Fueron traídos al Perú a fines de los noventa con un permiso “especial”, importados de México, pero capturados ilegalmente en Cuba, país donde se promueve este tipo de lucrativa actividad y donde las palabras ‘encierro’ y ‘cautiverio’ simbolizan restricción de libertad no solo para el hombre sino hasta para inocentes animales.

El tráfico de vida silvestre es uno de los grandes desafíos globales y el tercer crimen organizado mundial después de las drogas y armas. Según The Humane Society International, “métodos utilizados para capturar animales para el comercio ilegal pueden ser terriblemente crueles”. Tan cruel como el trato dado a Yaku y Wayra, que fueron el incomprensible atractivo del hotel Los Delfines de San Isidro y generaron constantes protestas de los defensores de los animales nacionales e internacionales. Poco a poco creció la sensibilidad sobre las especies en cautiverio y estos dos simpáticos mamíferos marinos terminaron en el eufemísticamente llamado Delfinario de La Herradura (una poza hoy sin acceso al público ni prensa).

En 1996 el entonces Ministerio de Pesquería les facilitó a los hermanos Levy, dueños del hotel –y además luego responsables de la vergonzosa quiebra del banco Nuevo Mundo– traer estos animales con la Resolución Ministerial 588-96-PE, que establecía curiosamente a la especie ‘Tursiops truncatus’ como “único cetáceo que puede ser mantenido en cautiverio en el país”. Así, los señores Levy tendrían a sus dos ‘Tursiops truncatus’ exhibiéndose en su hotel.

En el Perú mucha normativa tiene nombre propio y esa parece haber sido una de ellas. Otras normas se contraponen, son inaplicables, ineficientes o de difícil fiscalización. Se supone, por ejemplo, que el Decreto Supremo 002-96-PE requiere la autorización del Ministerio de Pesquería (hoy bajo Produce) para permitir el cautiverio “con fines de investigación, recreación y difusión cultural” de mamíferos marinos. Hoy Produce le lanza la papa caliente de evaluación de condiciones del cautiverio al recientemente operativo Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), según Ley 29673.

Son además demasiadas las instituciones con funciones y competencias en el asunto de los inocentes Yaku y Wayra: Municipio de Chorrillos, Minam, Imarpe (bajo Produce), Minsa y el propio Congreso, que sin reglamentar la Ley 27265 (Ley de Protección a los Animales Domésticos y a los Animales Silvestres Mantenidos en Cautiverio) no cumple con hacer efectivas las intenciones de esta ley promulgada ya a fines del gobierno de Fujimori, que declaró entonces de “interés nacional la protección a todas las especies de animales domésticos y de animales silvestres mantenidos en cautiverio, contra todo acto de crueldad causado o permitido por el hombre, directa e indirectamente, que les ocasione sufrimiento innecesario, lesión o muerte”.

Se sabe que Wayra mató a una de sus crías y que otras dos no sobrevivieron. Quizá por intuir que, paradójicamente, a ellas les faltaría justamente eso para sobrevivir: el “agua” y el “aire” en libertad. Es momento de legislar con la mano en el corazón y no en los bolsillos, señores congresistas.

Irma Montes Patiño

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Por Yaku y Wayra - Irma Montes Patiño by Irma Montes Patiño

Publicado LUNES 17 DE MARZO DEL 2014 
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Ley atrapada - Irma Montes Patiño

Artículo de opinión sobre la ley de consulta previa y estado actual al año 2014.

La ley de consulta previa sigue entrampada, a casi tres años de su unánime promulgación por el Congreso. En la práctica ha resultado inaplicable y requiere reformulación para ser viable, sino quedara como otra demagógica promesa incumplida del gobierno y trampa generadora de nuevos conflictos sociales, ante las expectativas creadas.

La ley de consulta se basa en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes y aquí entró en vigor en 1995. Y, sin necesidad de una ley, se vino cumpliendo eficazmente mediante mecanismos bilaterales: talleres informativos, convenios entre empresas y comunidades, etc.

Este gobierno y sus funcionarios a cargo no comprendieron que el Convenio 169 es un instrumento político efectivo para promover derechos indígenas y construir espacios de consenso, no para crear diferentes categorías de personas con derechos distintos a los del resto de peruanos.

Y es justo ese afán de crear categorías de peruanos el principal escollo para una norma que no ha hecho más que darles nuevas herramientas a las ONG antiinversión para rezongar, cuando esta mismas ONG son cantera de muchos de los incompetentes funcionarios de hoy.

Ni los funcionarios del propio Ministerio de Cultura -ente rector de la norma- tienen claro a quien se le deben consultar. Dicen que el retraso en la implementación de la consulta es por no contar con una base de datos (de pueblos indígenas). Innecesaria, pues desde la década de 1990 los sectores, las empresas y las comunidades ya usaban espacios y mecanismos de discusión libre e información previa en varias fases de los proyectos.

En noviembre del 2011, el entonces viceministro de Interculturidad, Iván Lanegra, anunció que la base de datos se difundiría en diciembre de ese año. En abril y mayo del 2012, Lanegra informó repetidamente a la prensa que se publicaría en esos meses, y siguió declarando lo mismo hasta dejar el cargo. A la fecha no existe una base de datos; quizá sea mejor, pues urge modificar la norma para que recoja el verdadero espíritu del Convenio 169 y elimine el sesgo activista que le imprimieron varios de los funcionarios involucrados en su elaboración.

Parecería lógico que la identificación de los pueblos indígenas sea requisito para ejercer el derecho a la consulta previa, pero esto colisiona con la Constitución, ya que, así, no todos los ciudadanos gozaríamos de los mismos derechos. La buena intención del gobierno del presidente Humala de dar potentes y positivas señales de inclusión social no tomó en cuenta estos factores.

Hay en el convenio 169 algo de lo que poco se habla y discute y debió ser medular al legislar: incluir medidas "que ayuden a los miembros de los miembros de los pueblos interesados a eliminar las diferencias socieconómicas que puedan existir entre indígenas y los demás miembros de la comunidad nacional, de una manera compatible con sus aspiraciones y sus formas de vida". Esto es, facilitar involucrarse en las actividades económicas de sus territorios, promover mecanismos y normas que les genere beneficios, eleven su calidad de vida y promuevan su desarrollo sostenible.

Esto se ha venido haciendo en nuestro país, desde la entrada en vigor del convenio 169. Sin la expectativa creada por una ley de consulta previa, que como está, es discriminadora e inaplicable.

Irma Montes Patiño

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Ley Atrapada - Irma Montes Patiño by Irma Montes Patiño

El aire dañino que respiramos y que las autoridades no se esfuerzan en mejorar - Irma Montes Patiño

Ya casi termina el año y seguimos respirando aire de bajísima calidad, casi tan baja como el compromiso de las autoridades para enfrentar la contaminación.

La fuente es el añejo parque automotor que sigue circulando por la capital, sin que la reforma del transporte se implemente, y no se hará si la iniciativa municipal no es respaldada por una decisión de Estado. Súmese a los motores, las industrias y refinerías mineras y petroleras ubicadas en zonas urbanas y periurbanas que incumplen los estándares ambientales, y no faltan las explotaciones mineras ilegales (como en Chosica) que liberan tóxicos al ambiente, incluidos vapores de mercurio.

Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial deben impulsar y unificar criterios, junto con los municipios, y generar una gran cruzada por el aire limpio. En los últimos años –según un informe de Munilima–, la contaminación causó unos 800 mil casos de infecciones respiratorias agudas (IRA) en Lima y Callao, con la consecuencia de pérdidas de horas hombre y una serie de gastos –evitables– en el sistema de salud social.

El aire contaminado es un ‘asesino silencioso’ que, solo en Lima, mata a seis mil personas cada año. Estamos ante el principal problema de salud pública de las ciudades y uno de los mayores problemas ambientales del país, pues esta amenaza es invisible –contrariamente a un relave minero o derrame petrolero– y los planes de acción y remediación no son inmediatos.

Lima será sede el próximo año de la 19 Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP19). En ese sentido, uno de los temas por tratar es la reducción de gases de efecto invernadero (GEI), varios de los cuales generan parte de la contaminación del aire. ¿Qué avances mostraremos el próximo diciembre a los líderes del mundo?

Una nota aparecida en “La Razón”, de España, informa que el miércoles pasado, la Comisión Europea aprobó una serie de medidas para mejorar la calidad del aire y evitar las 58 mil muertes prematuras anuales relacionadas con la contaminación. El anuncio lo hizo el comisionado europeo de Medio Ambiente, Janez Potocnik, quien además informó que la Directiva de Calidad del Aire, en vigor desde el 2011, será mucho más estricta.

Para ello, la Comisión Europea revisó todas sus políticas de calidad de aire, los vacíos jurídicos y estableció nuevos límites de contaminantes con calendarios específicos para 2020, 2025 y 2030. La contaminación ambiental le cuesta a Europa hasta 940 billones de euros anuales en temas de salud.

China, por su lado, invertirá unos US$300.000 millones en los próximos tres años, para combatir la contaminación. La cifra la dio a conocer Wang Jinnan, vicepresidente de la Academia china de Planificación Medioambiental, y aseguró que esta lucha frontal creará, además, más de dos millones de puestos de trabajo. Cerca de 37% del monto será para limpiar el aire, y el resto para promover las energías limpias y mejorar la eficiencia de los motores.

Urge, pues, que todos participemos en una cruzada por el aire limpio, de otro modo las ciudades –lejos de ser centros de prosperidad– se irán convirtiendo, cada vez más, en imperio de cáncer, asma, aborto espontáneo, infarto, embolia, hipertensión, bebes de bajo peso al nacer y otros males asociados al ‘asesino invisible”.

Irma Montes Patiño

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El aire dañino que respiramos y que las autoridades no se esfuerzan en mejorar - Irma Montes Patiño by Irma Montes Patiño

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Publicado MARTES 24 DE DICIEMBRE DEL 2013 

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Anaya y Fitzcarrald

El presidente Ollanta Humala remarcó en la cumbre APEC, de octubre, que el liderazgo en la política medioambiental del país debe llevarlo el Estado y no las ONG. ¿Pero qué sucede cuando esas mismas personas que han estado años trabajando en esas ONG aludidas por el presidente Humala ocupan los puestos que deben tomar las decisiones técnicas y políticas, y trazar la política ambiental desde el propio Estado?

Lo dicho es más preocupante cuando estas mismas ONG alimentan de información a las ONG internacionales y estas a los organismos internacionales encargados de opinar –desde una óptica internacional y absolutamente objetiva- sobre el cumplimiento de acuerdos a los cuales se ha adscrito nuestro país.

En este contexto, nos preocupa la objetividad de la próxima visita oficial a nuestro país del señor James Anaya, relator especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Y es que el relator Anaya visitará el Perú luego de la publicación del informe que elaboró su despacho en Ginebra sobre la situación de los pueblos indígenas que habitan las proximidades del proyecto Camisea, en el Cusco, particularmente en la Reserva Territorial Kugapakori-Nahua-Nanti (RTKNN).

En este informe final se consigna, entre otros puntos de claro interés personal, dos que valen la pena rescatar para comprender la preocupación del presidente Humala por lo advertido en APEC. Máxime si el informe oficial del señor Anaya fue publicado en setiembre del 2013 –luego de un año de contrapunteo entre el Estado Peruano y el despacho de Anaya- y no considera como válidas ninguna de las declaraciones hechas por el Estado Peruano en los sucesivos informes que se le envía al relator Anaya a través de las entidades pertinentes.

Preocupa más cuando insiste en mantener una posición suspicaz al remarcar: “El relator especial observa, sin embargo, que existe una divergencia entre la información presentada por el Gobierno [Peruano] y las alegaciones recibidas con respecto a la legalidad de la ampliación de actividades hidrocarburíferas en el lote 88, la existencia de una concesión en el denominado lote Fitzcarrald”.

Aseveración oficial del relator al que el Estado Peruano, a través de un oficio de la procuradora pública especializada supranacional del Ministerio de Justicia, responde: “Con respecto al alegado lote Fitzcarrald, es necesario afirmar de manera contundente que Perú-Petro no ha establecido ningún área con dicha denominación ni lote calificado como tal, menos aún sobre la Reserva Territorial Kugapakori-Nahua-Nanti. Por lo tanto, no existe ningún trámite de negociación con alguna empresa en el área mencionada”.

Queda clarísimo así que el lote Fitzcarrald, sobre el cual alguien ha desinformado al relator Anaya, no es más que una invención ‘oenegera’ y ello evidencia el sesgo de nuestro próximo ilustre visitante.

Nos sumamos así a la preocupación del presidente Humala cuando con justa razón advierte que las ONG no deben encargarse de dictar la política ambiental del Estado. Pues, en un afán de garantizar el flujo de fondos internacionales, apuntan a moldear las opiniones de ciertos organismos internacionales.

Nos preguntamos entonces, luego de un informe tan ligero, ¿debemos tomar en serio las sugerencias de un funcionario internacional que además de estar de salida de su cargo, exige que durante su visita oficial se le conceda visitar otras áreas ‘de interes’ que ni siquiera consigna su informe oficial?

Irma Montes Patiño


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Anaya y Fitzcarrald - Irma Montes patiño by Irma Montes Patiño

Q.E.P.D - Irma Montes Patiño

Se acaba de propinar el golpe más fuerte contra la ley de consulta previa, desde su promulgación hace dos años. La responsable ha sido, lamentablemente, la flamante ministra de Cultura, Diana Álvarez-Calderón, es decir, la "garante" de esa ley. Y es que, en su primera entrevista a un programa televisivo -concedida al periodista Jaime  de Althaus-, la ministra entró en una serie de contradicciones que evidenciaron su falta de información sobre el tema.

No es nuestra intención hacer notar las debilidades técnicas de la ministra Álvarez-Calderón ni su falta de información sobre los alcances de su cargo, pero sí la de su situación al mando de un ministerio que quizá sea el mas importante para destrabar la millonaria inversión paralizada para grandes proyectos extractivos y de infraestructura.

Si bien su nombramiento fue muy criticado, siempre es fácil hacerlo desde el otro lado de la vereda y por eso, luego de analizar su posición, podemos contar con información mas certera, pues proviene de sus mismas declaraciones. La sorpresa se da mas por el lado de las personas que están a cargo de los temas técnicos, de las que la asesoran y de las que ya formaban los cuadros de expertos en el sector que ella ahora lidera. 

La ministra es la que lleva la voz cantante en el sector y hace eco de la línea trazada por el gobierno. Es decir, que lo que ella manifiesta no es sólo algo con lo que esta de acuerdo personalmente, sino que transmite la opinión de los que proponen las políticas de su sector.

Pues bien, el golpe del que hablamos al inicio se da a por fin aceptar lo que muchos quisieron esconder y no reconocer: que no existen lineamientos técnicos serios para determinar quiénes serán los pueblos a los que la ley de consulta debe consultar. Se ha escrito y debatido extensamente sobre el objeto a consultar, el contenido de lo consultado y demás aspectos, pero de nada serviría llegar a un acuerdo bajo esas condiciones si lo principal -el sujeto de la propia consulta- no se puede reconocer. Y es que si bien la ley se basa en los criterios que recoge el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (1989), ese mismo convenio es muy amplio, genérico y hasta poco claro en cuanto al criterio de la subjetividad, es decir, que los pueblos indígenas mismos deben autorreconocerse como tales.

Queda pues en evidencia lo que hemos venido sosteniendo en esta columna del aspecto demagógico de dicha ley y que sólo fue usada como una ficha táctica en el nuevo tablero del entonces inaugurado gobierno. Donde las aclamaciones llegaron al extranjero, como si ello anunciara lo que sería un gobierno justo, inclusivo, tolerante, y eficiente en materia de pueblos indígenas, Dos años después, nada mas alejado de la realidad.

En conclusión, con lo que manifestó la ministra Álvarez-Calderón, podemos considerar que se ha sepultado la ultima posibilidad de implementación adecuada de la ley, pues declaró que para saber a quienes se les consultará "se ha solicitado al Minagri [Ministerio de Agricultura y Riego] el poyo con un catastro que se hará en el siguiente censo", es decir, no se tendrá respuesta a esa pregunta crucial en este gobierno y, claro, ya será responsabilidad del próximo o de alguien más. Que en paz descanse, ley de consulta previa.

Irma Montes Patiño

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Q.E.P.D - Irma Montes Patiño by Irma Montes Patiño

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