sábado, 28 de diciembre de 2013

Los dueños de nada - Irma Montes Patiño

Artículo y columna de opinión que trata sobre los problemas de propiedad de las comunidades amazónicas en el Perú. Escrito en el diario El Comercio en Octubre del 2013.

La errada creencia de que el problema de nuestra amazonia es meramente ecológico nos ha llevado a un callejón sin salida. Y no saldremos de ahí hasta que las autoridades interioricen que el asunto es social, político y resultado de la asimetría - comercial y legal - existente entre el capital, las empresas extractivas y las comunidades indígenas. El reto del estado Peruano, con miras al bicentenario, es sentar las bases para que dichas comunidades asuman las ventajas de la modernidad y se inserten en el desarrollo económico del país.

Es fundamenta, entonces, que cuenten con la titulación de sus tierras comunales y que se impulse el desarrollo de sus capacidades para el uso de las herramientas legales y comerciales necesarias para todo tipo de convenios, alianzas publico-privadas y contratos que les permitan protegerse y, a la vez, beneficiarse sosteniblemente de las riquezas de sus territorios.

El gobierno del presidente Ollanta Humala se regocija de haber logrado la aprobación de la ley de consulta previa a los pueblos indígenas. Sin embargo, sus autoridades confunden términos y prioridades, y cambian constantemente el discurso.

En febrero, con el entonces primer ministro Óscar Valdés Dancuart, se suscribió un documento que atendía las demandas de los asháninkas. Lo principal era la titulación inmediata de sus tierras, pues sólo así se respetaran sus limites y evitaran la invasión de colonos. Hoy el actual gabinete no fomenta la titulación, pese a que existen unas 155 comunidades nativas por titular.

"Para los pueblos indígenas de la Amazonia es primordial la defensa de su territorio porque este es el ámbito de sus supervivencia, tanto física como sociocultural , y también de su proyección futura", explica el Instituto del Bien Común (IBC), entidad que desarrolla trabajos de demarcación y censo de estas poblaciones; información que el estado no ha sabido -o querido- recoger ni sistematizar para hacer viables los grandes proyectos de inversión y facilitar la consulta previa, hoy tan entrampada; no se sabe a quién se debe consultar ni sobre qué.

Si no está claro a quién pertenece el área por concesionarse, ¿quién será consultado? Y si los ancestrales propietarios no tienen títulos, ¿cómo defenderán sus derechos económicos y comerciales, y expresarán sus preocupaciones? Para el IBC, "el proceso de titulación no constituye una prioridad política del Estado Peruano".

De la urgente titulación de tierras que Valdés Dancuart parecia comprometido a concretar, se pasa ahora al discurso del ordenamiento territorial, tema necesario, pero que no solucionará la conflictividad latente en las comunidades.

Ya dos petroleras -Talisman Energy y Conoco Phillips- no invertirán mas en el Perú, en gran medida, por la desconfianza de las comunidades reflejada en hostilidades con las empresas y los representantes del Gobierno Nacional. El ministro del Ambiente, Manuel Pulgar-Vidal, ha explicado que la futura ley de ordenamiento territorial -cuyo borrador es preparado por el Acuerdo Nacional- "no será una herramienta de exclusión de alguna actividad económica". Lo que si se intuye es que los grandes excluidos serán, una vez mas, los pueblos originarios del Perú.

Irma Montes Patiño


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Dueños de nada - Irma Montes Patiño - Conflictos sociales en el Perú by Irma Montes Patiño


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Irma Montes Patiño
Consultora en resolución de conflictos sociales.

viernes, 27 de diciembre de 2013

El rapto de las agendas - Irma Montes Patiño

Artículo y columna de opinión sobre la situación de la izquierda internacional. Febrero 2013.

  La izquierda internacional ha perdido el debate intelectual y su modelo económico socialista fracasó rotundamente en todos los países en donde se implantó. ¿Qué les queda hoy? Solo politizar y apropiarse de cuanta causa surge: desde los derechos humanos, la defensa de la infancia, la diversidad sexual, pasando por la promoción cultural y, por supuesto, la defensa ambiental.

  Recordemos que históricamente los pensadores de izquierda han rechazado la idea de que la humanidad es rehén de la naturaleza o lo divino. Originalmente los marxistas expusieron la necesidad de rechazar el mito de que la naturaleza y la utilización de sus recursos eran claves para los objetivos del ser humano y buscaron destruir toda teoría que sostuviera que la naturaleza determinaba el progreso. Aceptar esos argumentos era cuestionar al socialismo como vía para solucionar la pobreza si es que la misma fuese producto de la naturaleza y no de la sociedad. Hoy la izquierda argumenta contradiciendo a su doctrina marxista, pero paradójicamente invocándola. Recordemos que lo atacado por Marx era justamente el elemento natural de la teoría malthusiana, calificando los argumentos del reverendo Malthus como un "agravio a la raza humana" (según el reverendo la pobreza era naturalmente inevitable). Por otro lado, los "marxistas" de hoy sostienen que es la naturaleza misma la que enmarca la escasez de recursos, llegando a generar la fata de oportunidades en las poblaciones mas vulnerables.

  Entonces el argumento rechazado por los marxistas de otrora -que los problemas de la sociedad moderna tienen una relación directa con nuestro entorno natural- representa un vuelco total del pensamiento socialista y un maquillaje idóneo para los izquierdistas de hoy. Los mismos que basan su progresista plataforma política en el antiguo axioma antisocialista de que el entorno natural es determinante y, de no respetarlo, pagaremos la factura de la escasez y el conflicto por los recursos. 

  Así, los extremistas de izquierda utilizan estas coartadas para desestabilizar gobiernos legítimos, entrar por la puerta falsa a la arena política y hasta desviar fondos internacionales para la construcción de movimientos partidos y concentrar acciones contra la inversión privada. En nuestro país vemos con frecuencia cómo se utiliza la excusa de la defensa del ambiente para ahuyentar la inversión y paralizar estratégicos proyectos de inversión. Piensan que desplomando la economía de mercado y frenando el crecimiento el comunismo puede garantizar su supervivencia, la misma que depende de una masa de pobres e inconformes y de la polarización y desinformación de la ciudadanía. Y esto ocurre frente a una derecha y centro derecha desarticuladas y ajenas a la realidad e idiosincrasia nacionales y a un empresariado que no se sacude del retrogrado mercantilismo. Son pocos los empresarios que han comprendido que el liberalismo económico debe enmarcarse en la sostenibilidad y menos aun los que comprenden la necesidad de favorecer el capitalismo popular.

  La bandera ambiental no puede capturarse ni debe tener color político porque se trata de algo practico (aunque tenga también raíces étnicas).
El respeto por el medio ambiente es pragmático, pues ni las poblaciones ni las economías prosperan en espacios depredados, contaminados y saqueados. La sociedad moderna subsiste de los servicios y recursos naturales: agua, aire, suelos, biodiversidad y cualquier emprendimiento económico requiere del correcto aprovechamiento de esos recursos.

Irma Montes Patiño


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Irma Montes Patiño
Consultora en resolución de conflictos sociales.

Cañaris - Hay dudas sobre autorización a minera en tierras comunales - Irma Montes Patiño

En un columna publicada en el diario El Comercio sobre el conflicto social en Cañaris (Lambayeque) se me requirió mi opinión.

"La relación asimétrica del conflicto es un punto complejo y en este caso es obvia. Hay mucha desconfianza entre todos los afectados. Algunos sostienen que la consulta no fue legítima (por más que haya sido legal) y otros intentan explicar el conflicto haciendo referencia a la ausencia de la aplicación de la ley de consulta.

Yo considero como gran responsable de todos estos conflictos a la ineficiencia de este gobierno, en todos sus niveles. Desde el presidente Humala, que fue el primero en sembrar el sentimiento antiminero durante su agresiva campaña electoral, pasando por el Ministerio de Cultura, ente rector de la ley de consulta.

Dicen que tienen identificados a los pueblos sujetos de consulta, pero no pueden publicar el listado. Sin embargo, existe un listado de intérpretes oficiales para el proceso de consulta, entre los que figura un especialista en quechua de Lambayeque (zona de Cañaris).

Adicionalmente, debemos aterrizar la idea de que así se haya identificado al pueblo, la decisión de esta población no será vinculante. Mientras sigamos huérfanos de un sistema nacional que prevenga conflictos, que aglutine y haga una eficiente compilación de las normas, donde los encargados de aplicarlo sean especialistas, no vamos a dejar de tener este tipo de conflictos."

El artículo completo a continuación:


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lunes, 23 de diciembre de 2013

Artículos y columnas de opinión del año 2012 - Irma Montes Patiño

Resumen de artículos y columnas de opinión escritos el año 2012

Abuso de la protesta social
Artículo y columnas de opinión sobre al abuso de la protesta social en el Perú. Estos relacionados en el momento de escrito el artículo, con la minería ilegal e informal.

Artículo y columnas de opinión sobre la implementación de una política ambiental efectiva en el país.

El financiamiento contra Conga
Artículo y columnas de opinión sobre el financiamiento contra proyectos de inversión (minera en este caso), y el trasfondo ideológico de las ONG antimineras.

Para proteger la Amazonía
Artículo y columnas de opinión sobre cómo la reforestación puede ayudar al desarrollo y protección de zonas altoandinas y de la selva, ayudando también a evitar los conflictos sociales en el Perú.

El riesgo del diálogo extemporáneo
Artículo y columnas de opinión sobre el enfoque, uso y fin de las mesas de diálogo que se dan en los conflictos sociales.

La importancia de la palabra
Artículo y columnas de opinión sobre el enfoque del  diálogo que se dan en los conflictos sociales en el Perú.

Propiedad y prosperidad
Artículo y columnas de opinión que trata sobre la propiedad de los recursos extractivos.

Oro para todos
Artículo y columnas de opinión que trata sobre los recursos extractivos.

El diálogo genera confianza
Artículo y columnas de opinión sobre el diálogo como método para evitar conflictos sociales en el Perú.

Diálogo de sordos en la tierra del alto comisionado
Artículo y columna  de opinión sobre la gestión del diálogo en los actores del estado para evitar conflictos sociales en el Perú.

Incertidumbre a un año de la consulta previa
Artículo y columna  de opinión sobre la consulta previa y los riesgos que podría implicar a  las inversiones en el Perú.

Para recuperar la confianza
Artículo y columna  de opinión que hace un análisis al tema ambiental, la falta de compromiso ante esto y lo  que esto conlleva. 

Un controvertido convenio
Artículo y columna de opinión sobre la ley de consulta previa.

Saludos,

domingo, 15 de diciembre de 2013

Un controvertido convenio - Irma Montes Patiño

Artículo de opinión sobre la ley de consulta previa. Columna escrita el 2012.

Un controvertido convenio suscrito el 11 de julio de 2012 entre Alberto Pizango, presidente de la Aidesep, y Pedro Miguel Grijalba Vásquez, de Petrobras Perú, increíblemente lesiona los derechos de los propios pueblos indígenas a los que la celebrada pero imperfecta Ley de Consulta Previa pretende proteger.

Las críticas a Pizango han sido muchas y desde varios frentes, sobre todo desde las bases de su pueblo de origen, los Shawi. Alfredo Torres Rucoba, alcalde de Balsapuerto, Loreto, calificó el hecho como una traición a los pueblos originarios. Incluso en abril el presidente del Consejo Aguaruna-Huambisa,Alexander TeetsWishu, lo acusa de malversar fondos y lo responsabiliza del abandono de los nativos apresados durante el Baguazo. Igual de duras han sido las expresiones desde la Conap, la segunda mayor organización indígena del país. 

El caso grafica que el debate sobre la eficacia de la Ley de Consulta está lejos de agotarse y, quizá, recién esté realmente por empezar el verdadero análisis de sus debilidades y entrampamientos. Lo de Pizango y Petrobras es un problema ético y a la vez muestra una profunda debilidad institucional y la pérdida de confianza de los mismos pueblos afectados. En estacolumna hemos reiterado la importancia de la palabra empeñada y a la confianza que debe imperar entre los actores. Solo en ese clima se podrá manejar de manera constructiva un potencial conflicto. Pizango y Petrobras han debilitado esa confianza entre pueblos y líderes, quienes juegan el importante papel de defensores delos derechos de sus hermanos. La debilidad institucional la expresa claramente el connotado experto en derecho internacional de los pueblos indígenas y jurista español Bartolomé Clavero, quien advirtió sobre este convenio. "Aparte de lo delicado de un compromiso de esta índole, la desproporción entre partida y contrapartida es enorme" Y enfatiza la cláusula séptima del convenio describiéndola como "tan desorbitada que no tiene cabida ni en la capacidad de una organización teóricamente representativa como la Aidesep ni, más general y llanamente, en el derecho contractual, esto es, entre las prácticas legítimas de extracción y tráfico de recursos. No obliga por supuesto a las comunidades indigenas". Con ello se refiere al contenido pernicioso que exime a las comunidades afectadas de cualquier reclamo, acción o demanda -de toda índole-en contra de Petrobras. En concreto, recae sobre pocas manos la decisión sobre un contrato leonino que nos afecta a todos como país y del que se benefician unos pocos dirigentes de turno. La duda y preocupación aparecen cuando reflexionamos sobre la objetividad y criterio que pueden tenerlos líderes nativos en quienes recae la responsabilidad de decidir mediante la aplicación de la ley de consulta -el destino delos recursos naturales de todos los peruanos. 

Uno se preguntaría ¿para qué insistir implementando la normas si llegado el momento bastará firmar un convenio casi secreto (algunos dirigentes de la Aidesep revelaron no haber conocido el contenido del documento) y dejar las decisiones que nos afecten a todos, en manos del representante de turno de las organizaciones indígenas? Hay que sumar que a todo esto además que el Gobierno mantiene inexplicablemente pa­ralizadas inversiones por más de 50 mil millones de dólares debido a la falta de institucionalidad.

Irma Montes Patiño


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Irma Montes Patiño

sábado, 14 de diciembre de 2013

Para recuperar la confianza - Irma Montes Patiño

Artículo de opinión que hace un análisis al tema ambiental, la falta de compromiso ante esto y lo  que esto conlleva. Columna escrita el 2012.

Durante la última campaña presidencial, los representantes de los partidos políticos más sólidos suscribieron el Pacto Ambiental, que con visión y acierto fue promovido por este Diario. Dentro de lo asumido figuraba: “Promover la conservación y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales en el marco de una gobernanza basada en el ordenamiento territorial, la inclusión social, equidad, participación ciudadana, interculturalidad, distribución equitativa de los beneficios y el fortalecimiento del Estado para el cumplimiento de su rol de administrar, salvaguardar los recursos naturales y prevenir los conflictos sociales”. También fortalecer el Sistema Nacional de Gestión Ambiental, con concertación intergubernamental, y el compromiso de reducir la degradación ambiental sin altos costos sociales. En el tema del agua, el compromiso fue la protección y el fortalecimiento de la institucionalidad. 

A 18 meses de asumidos esos compromisos vemos que a nuestros políticos les resulta fácil firmar –ad portas de una elección– para luego de asumir diversos cargos y olvidar lo prometido. Los conflictos socioambientales han escalado a récords históricos. La ausencia de institucionalidad ambiental y de manejo de conflictos es grave; no se respeta la coordinación intergubernamental, se vulneran derechos ciudadanos y la multiculturalidad y las comunidades no perciben los beneficios por la ineficiencia de sus autoridades. Lo peor: en el camino se han firmado otros pactos como el inexplicable beneficio a la minería informal. De esta manera se han otorgado doce meses más de impunidad para que continúen depredando hasta que estos mineros se “formalicen”. 

Esta prórroga para destruir y extraer oro ilegalmente, transgredir derechos y facilitar la evasión tributaria fue avalada por el actual ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal. Mientras tanto, se boicotean grandes proyectos mineros como Pierina (Barrick), Raura (Minsur) y Quellaveco (AngloAmerican) que respetan estándares ambientales e intentan impactar positivamente en la comunidad, aunque no lo logren al ritmo que estas esperan. Algunos líderes locales –adportas de una etapa de campaña electoral regional y provincial– buscan protagonismo descalificando la labor de estas empresas, y pretenden llevar lo ambiental a la arena sociopolítica para confundir y menoscabar logros de proyectos de inversión que aportan a las arcas de los mismos dirigentes que las atacan. Recuperar la confianza de las poblaciones de las zonas aledañas a los grandes proyectos mineros requiere de una sólida institucionalidad ambiental y de la adecuada fiscalización y monitoreo por parte del Estado.

Irma Montes Patiño

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Irma Montes Patiño

jueves, 12 de diciembre de 2013

Incertidumbre a un año de la consulta previa - Irma Montes Patiño

Artículo de opinión sobre la consulta previa y los riesgos que podría implicar a  las inversiones en el Perú. Columna escrita el año 2012

La promulgación de la Ley de Consulta Previa ha cumplido un año, y lo que se tiene son más preguntas que respuestas. El panorama no está claro, los conflictos socioambien­tales continúan. Tienen razón los detractores de la norma cuando señalan que su implementación es casi imposible debido a cómo fue reglamentada. A un año, existe aún incertidumbre porque la Ley de Consulta Previa requiere de un reglamento que -a diferencia del actual- sea eficiente y coherente. Recordemos que el propio proceso de elaboración del reglamento fue cuestionado por las organizaciones indígenas, pues algunos artículos contravienen lo establecido en el Convenio 169 de la OIT la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y la propia norma que debe reglamentar. 

Hace unos días se presentó el lnforme Alternativo Anual del cumplimiento del Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas, especialmente relevante, pues es el primero presentado con Ollanta Humala. El documento considera que el Estado peruano insiste en priorizar el "extractivismo" generando conflictos al no respetar la voluntad de las comunidades ni el cumplimiento de la Ley de Consulta. El aprovechamiento de los recursos no debería ser excluyente, sino complementario, pues la norma fue dada para proteger los derechos de los pueblos en cuyos territorios se encuentran los recursos a extraerse. 

No le falta sentido al informe altemativo, ni razón a los representantes de los pueblos indígenas cuando llaman la atención de los organismos internacionales sobre si el Gobierno tiene la real intención de proteger sus derechos sobre decisiones que puedan afectar sus territorios. Tomemos en cuenta que hasta junio pasado, un cuarto del territorio peruano estaba ya concesionado para proyectos mineros los cuales, sin duda, no fueron sujetos a la mencionada ley. La supuesta buena noticia es que, en breve, la ley se aplicará en un proceso de consulta en Lore­to para un proyecto de PerúPetro de extracción hidrocarburífera en el Lote lAB. No queda claro, sin embargo, qué entidad se encargará de promover dicha consulta: si el Ministerio de Energía y Minas o la empresa extractiva, según la Ley Orgánica de Hidrocarburos, que señala que la compañía es la encargada de promover la inversión en exploración y explotación (artículo 6.a), así como negociar, celebrar y supervisar los contratos del sector (articulo 6..b). Esta posibilidad es evidente si consideramos que el turbio reglamento de la Ley de Consulta ofrece la posibilidad de acomo­dar la consulta a la normativa de cada sector. Lo preocupante es que, al no implementarse aún de manera adecuada esta ley; se resta institucionalidad a las políticas sectoriales que deben regir a las actividades extractivas y, lo que es peor, se pone en riesgo el enfoque intercultural de dicha institucionalidad en desmedro de la tan ofrecida inclusión social. Y para agravar la situación, se amenaza la fluidez y la estabilidad de las inversiones en actividades productivas, motor de nuestra economía y a las que debemos el estable crecimiento de los últimos 35 meses pese a la crisis internacional.

Irma Montes Patiño


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Irma Montes Patiño


miércoles, 11 de diciembre de 2013

Diálogo de sordos en la tierra del alto comisionado - Irma Montes Patiño

Artículo de opinión sobre la gestión del diálogo en los actores del estado para evitar conflictos sociales en el Perú. Columna escrita el año 2012

Lo que está ocurriendo en Jauja demuestra que la flamante Oficina de Diálogo Nacional, de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), nació muerta (algo que en reiteradas oportunidades hemos sostenido).

En Jauja la autoridad local está enfrentada a la regional. El alcalde Sabino Mayor encabeza las protestas por la construcción de un aeropuerto en Orcotuna, lo que dejaría sin efecto la ya acordada ampliación e internacionalización del aeropuerto de Jauja y acusa al presidente regional Vladimir Cerrón de mentir al ministro de Transportes y Comunicaciones (MTC). Mientras tanto, Carlos Paredes, ministro del sector, informa que aún no se decide si se construirá un nuevo aeropuerto internacional de Junín en Orcotuna. Las protestas violentas muestran el nivel de descoordinación y desinformación intergubernamental, de tensión y el clima de desconfianza que estamos viviendo. La tensión no se solucionará cambiándole el nombre a una oficina ni poniendo caras nuevas.

El Perú –ya lo dijimos- requiere un sistema nacional de prevención y transformación de conflictos descentralizado y con capacidad de decisión. La protesta de los jaujinos es una comprobación de que Huaroc –ex presidente de la misma región donde ocurren los sucesos y actual jefe de la Oficina Nacional de Diálogo– no dejó el piso parejo. Su nombramiento como una suerte de ‘zar del diálogo’ es hasta ahora uno de los principales errores del primer ministro Jiménez Mayor. Recordemos que Huaroc, como presidente regional de Junín, prefirió mirar hacia otro lado antes de resolver la problemática del contaminado lago Chinchaycocha. En Jauja, falló la comunicación a todo nivel y es evidente que la autoridad nacional y regional carecen de credibilidad. Las balas se usaron antes que las palabras y la fuerza sobre la razón. ¿Dónde estaban Huaroc y “su diálogo”?

Irma Montes Patiño


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Irma Montes Patiño


martes, 10 de diciembre de 2013

El diálogo genera confianza - Irma Montes Patiño

Artículo de opinión sobre el diálogo como método para evitar conflictos sociales en el Perú. Columna escrita el año 2012


El diálogo, como mecanismo de prevención de cualquier tipo de conflicto, es positivo y necesario. Sin embargo, como ya lo hemos sostenido, hay que usarlo en la etapa adecuada del conflicto para resolverlo. La proliferación de mesas de diálogo extemporáneas –cuando el conflicto ya estalló o escaló a etapa de crisis– demuestra que Hernando de Soto está en lo cierto cuando sostiene que existe una falta de “voz económica y comercial” en las comunidades y que hay actores que carecen de acceso al sistema nacional de justicia. 

Así, estas mesas se convierten en centros de conciliación y tribunales que el Estado no ha sabido poner al servicio de todos los ciudadanos. Precisamente por la carencia de canales y otros mecanismos de solución a sus problemas, es que acuden a estos lugares de consenso donde se plantean sus inquietudes. y dudas, y donde no necesariamente pueden exponerlas en igualdad de condiciones. Son, pues, estas diferencias en materia política, económica y comercial las que de por sí generan una asimetría en la calidad del diálogo. No obstante ello, es un hecho que la disposición de mantener las mesas de diálogo –como la de Espinar– demuestra voluntad de recuperar la confianza y de no repetir los errores de otros conflictos como Conga, Tía María o el mismo ‘baguazo’. Para su éxito, debe generarse confianza a través del diálogo, sobre todo, con transparencia por parte de las empresas extractivas, tanto en sus inversiones como en el manejo y mitigación de sus pasivos ambientales.

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Irma Montes Patiño

Oro para todos - Irma Montes Patiño

Artículo de opinión que trata sobre los recursos extractivos. Escrito el año 2012.

Los proyectos mineros están en el ojo de la tormenta, y no por sus virtudes –como la importancia para el crecimiento de la economía nacional–, sino por sus negativos impactos ambientales e incapacidad para beneficiar a corto plazo a las comunidades. Se han convertido, además, en la coartada de oportunistas para irrumpir en la escena política, sin mérito ni propuesta alguna. Personajes que se oponen por oponerse, que vociferan agua, Pachamama, contaminación y automáticamente copan los medios y pretenden ponerse a la altura de un presidente.

Indiscutiblemente, los proyectos extractivos y de infraestructura favorecen el desarrollo y el progreso, pero si las cosas no se hacen correcta y transparentemente, tendrán costos socioambientales irreversibles, pero sí previsibles, mitigables y hasta capitalizables. 

Los procesos de extracción de oro, y otros demandados metales, padecen de mala fama.Y es que unas pocas empresas erraron las formas, incumplieron promesas o trabajaron negligentemente. Demás está nombrar a los chicos malos de ambos bandos: empresas irresponsables y antimineros trasnochados. Más útil resulta poner el reflector sobre propuestas que muestran cómo el oro sí puede brillar para todos. 

El Perú sigue atrayendo las inversiones pese a la crisis global. Las compañías extractivas transnacionales continúan posicionándose aquí para procurar buenos negocios, por que genera rriqueza es el único y principal objetivo de toda empresa (moléstele a quien le moleste). Estas son cada vez más sensibles y conscientes de la necesidad de alinearse con los aspectos socioculturales y ambientales, para que la gran minería evolucione hacia un desarrollo, positivo y sostenible.Crucial resulta el respeto de los derechos ajenos, particularmente de las comunidades en cuyos territorios se albergan los recursos naturales.

Sobran quienes afirman que la explotación de recursos y el desarrollo son incompatibles con la conservación ambiental. Olvidan que antes de solicitar permisos, licencias o ejecutar los contratos, hay mecanismos positivos para la mitigación de los impactos socioculturales y ecológicos adversos.Estos mecanismos van desde la participación ciudadana hasta los acuerdos de impacto y beneficio (AIB). Los AIB son ampliamente usados en países respetuosos de sus poblaciones aborígenes, como Canadá y Australia (coincidentemente de donde provienen muchas de las empresas extractivas que operan en el Perú). Los AIB son convenios legales y ejecutables, suscritos entre las empresas y las comunidades que potencialmente serán afectadas, para establecer relaciones formales y de confianza, reducir el impacto negativo de los proyectos y asegurar el beneficio económico comunal. Además de posibilitarles la defensa de sus propios intereses y derechos y promocionar el empleo entre integrantes de la comunidad, algunos AIB incorporan disposiciones relativas a la participación de las comunidades en las utilidades del negocio, así como la atenuación de impactos culturales, programas sociales y mecanismos de manejo constructivo de conflictos: instrumentos que contribuyen a una participación comunal más directa en la toma de decisiones. 

Hace casi un año se promulgó la aplaudida ley de consulta previa. Hoy corresponde al Estado ser coherente con su política de promoción de inclusión social, impulsando iniciativas como los AIB, en aras de la pacificación y la justicia social y ambiental.

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Irma Montes Patiño

lunes, 9 de diciembre de 2013

Propiedad y prosperidad - Irma Montes Patiño

Artículo de opinión que trata sobre la propiedad de los recursos extractivos. Escrito el año 2012.

La presencia de gas y petróleo bajo sus campos de cultivo y pastoreo ha desatado un ‘boom’ económico para cerca de 200 familias rurales. No hay conflicto con las empresas que extraerán los recursos del subsuelo de sus propiedades. Esto ocurre en Estados Unidos, específicamente en Caldwell, una zona alta del valle del río Ohio. “The New York Times” informó recientemente que la empresa energética Eclipse Resources encontró importantes reservas hidrocarburíferas –gas natural específicamente– en el subsuelo de decenas de predios agrícolas. Antes del hallazgo el ingreso por familia en la zona era menor a 3.000 dólares mensuales (muy por debajo de la media norteamericana), después todo cambió. Eclipse Resources, una empresa de Pensilvania, ya giró su primer cheque a un grupo de 70 granjeros organizados: 16 millones de dólares, por concepto de arrendamiento financiero –leasing– por el recurso que extraerán del subsuelo de sus propiedades. Y es que, por ley, en varios estados de ese país el dueño de la superficie lo es también del subsuelo y lo que haya en él. El acuerdo comunidad-empresa incluye un 19% de regalías sobre las utilidades que generen los recursos.

Como cualquier otro proyecto extractivo, el de Ohio tiene riesgos: las perforaciones amenazan la calidad y disponibilidad de agua, y pueden filtrarse el gas y el petróleo. Por ello, el estado reescribió la normativa pertinente a la disposición de aguas servidas de pozos de gas y petróleo; elevó los estándares de seguridad; estableció la obligatoria transparencia en el uso de insumos químicos, entre varias disposiciones para el cuidado de la salud humana y ambiental. El acuerdo incluye salvaguardas para proteger el recurso hídrico y los suelos, garantizar la calidad y disponibilidad del agua, la conservación ambiental y la salud. Los predios agrícolas se han revalorizado 130 veces: hoy la empresa paga 4.000 dólares por acre (aproximadamente media hectárea), mientras antes las transacciones en el mercado se daban por apenas 30 dólares.

En esta zona de Ohio se ha aplicado una eficiente estrategia de transformación de conflictos, respeto por la propiedad ajena, el diálogo, la negociación y la preocupación por la conservación ambiental y la salud. Si en nuestro país se consideraran estos mecanismos de respeto, valorización justa y protección ambiental en la explotación de los recursos del subsuelo de las comunidades (aunque la Constitución diga que son del Estado), no tendríamos problemas como el de Conga, Espinar o Puno, entre otros. 

La controversial pero necesaria inversión en Conga será de casi 5 mil millones en 17 años –unos 800 mil dólares diarios– mientras las pérdidas por las protestas se estiman en un millón diarios para la región Cajamarca. La mala estrategia de manejo de un conflicto por parte de la empresa y la incapacidad del Estado para llamar al orden a sus funcionarios –como el presidente regional Santos– han desencadenado un problema colectivo con un gravísimo impacto local y nacional. Es tiempo de mirar otros casos de éxito en la obtención de licencias sociales para proyectos de extracción de recursos, como el caso de Caldwell, Ohio. Aprendamos ya.

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Irma Montes Patiño

domingo, 8 de diciembre de 2013

La importancia de la palabra - Irma Montes Patiño

Artículo de opinión sobre el enfoque del  diálogo que se dan en los conflictos sociales. Escrito el 2012.

La palabra a veces si crea la cosa; y la incumplida, el caos. La incapacidad de los funcionarios del ejecutivo para abordar los conflictos sociales se refleja en el constante cambio de interlocutores y de términos. Esta actitud errática ha desembocado –especialmente en el Caso Conga– en un pantano del cual será difícil salir si las pocas alternativas para solucionar el conflicto no se utilizan correctamente, y en el momento adecuado.

Los varios actores en Conga, con sus marchas y contramarchas, han dejado escasas vías de solución y creado incertidumbre. Lo que ahora nos ocupa –y debe preocuparnos– es que en este nuevo cambio de estrategia se confunden los términos. Se dice “dialogar” y algunos pretenden convertirlo en sinónimo de “negociar”. Nos llenan de palabras confusas y nada en concreto.

Unos entienden que dialogar es sentarse a negociar, y otros que para sentarse hay que poner condiciones, pero cuando se dialoga no deben ni pueden existir condicionamientos. Ahora se introduce la figura del facilitador o mediador. En el complejo escenario cajamarquino es importante reconocer haber logrado un consenso para la aceptación de los facilitadores: monseñor Cabrejos y el padre Garatea.

Será difícil, sin embargo, que ambos se abstengan de opinar y, lamentablemente, cualquier opinión desvirtuará su función “mediadora”, arriesgando el proceso. La figura de los religiosos mediadores puede generar falsas expectativas en la población, que puede confundir su papel con el de árbitros cuyo dicho será decisivo y vinculante. 

Ya el presidente del Frente de Defensa de los Intereses de Cajamarca, Idelso Hernández –abierto opositor a Conga–, empezó a promover el desentendimiento al decir: “Primero que reflexionen [Cabrejos y Garatea] y entiendan nuestra plegaria, teniendo en cuenta los principios espirituales y de la vida. Esperamos en ese sentido que se conviertan en los aliados del pueblo”.

Estos discursos apocalípticos y confusionistas (tipo vida sí, oro no) calan en la desesperanza de una población que solo ha recibido falsas promesas de mejoramiento de su calidad de vida. Se trata ahora de que esa palabra sí se cumpla.

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Irma Montes Patiño

sábado, 7 de diciembre de 2013

El riesgo del diálogo extemporáneo - Irma Montes Patiño

Artículo de opinión sobre el enfoque, uso y fin de las mesas de diálogo que se dan en los conflictos sociales. Escrito el 2012.

Hasta el cansancio se ha escrito, discutido y analizado, sin logros ni mejorías, el tema de los conflictos sociales. La pregunta es cómo se solucionará algo que ya escaló en etapa de crisis, con enfrentamientos, posiciones antagónicas intransigentes. No parece que se esté pensando que quizá se ha asumido una estrategia errada para lograr el manejo constructivo de los conflictos. Vemos que la mayoría de métodos se ha enfocado –de manera inicialmente lógica pero ineficaz– en buscar el diálogo como solución. El diálogo es indiscutiblemente una vía democrática acertada y sobre todo pacífica para manejar con legitimidad los conflictos sociales y representa asimismo una vía válida, siempre y cuando esté bien enfocado y, fundamentalmente, insertado en la fase adecuada del conflicto. Por ello es crucial saber identificar en qué medida y momento combinar la opción del diálogo con otros métodos de resolución de conflictos.


En el caso de los actuales conflictos socioambientales –como Cajamarca y Espinar– el “diálogo” se está confundiendo con la etapa de negociación, que es lo que terminarán haciendo los tres ministros delegados. Los mecanismos de diálogo y negociación son diferentes y deben usarse en fases distintas del proceso. Además, se espera ver resultados inmediatos cuando el proceso de gestión del conflicto es dinámico y paulatino debiendo adaptarse a las distintas fases y condiciones del mismo. Las llamadas mesas de diálogo –que deben convocarse como mecanismo preventivo, no negociador del conflicto– están siendo mal aprovechadas, ya que se están convirtiendo en espacios de ideologización de causas y contrabando de agendas personales. Esto en vez de hacerlos un punto de encuentro para la distensión e intercambio racional de ideas, posiciones y perspectivas, en donde se aborden los temas de manera flexible, con estrategias enfocadas en procesos o estructuras y utilizando medidas no coercitivas y facilitando una actitud participativa de todos los actores.

Erradamente, en los actuales conflictos, los actores están confundiendo sus posiciones, atribuciones y representatividad. Por un lado, las empresas –aplicando convenientemente el dicho “Por la boca muere el pez”– permanecen en cura de silencio y el Estado aparece mal representado por ministros parlanchines que hablan como si fuesen voceros de las empresas. Y por el otro lado vemos que las comunidades mal informadas procuran protección amparándose en líderes oportunistas y (demasiadas) ONG ponzoñosas que son justamente las que desinforman, azuzan, generan temores infundados y son disociadoras. A tan solo diez meses de iniciado el gobierno del presidente Ollanta Humala, los enemigos del orden y la paz interna ya conocen la receta ideal para el caos social y la inestabilidad de las inversiones. Lamentablemente, la principal amenaza del Perú está siendo enfrentada con mecanismos inadecuados y enfoques desacertados e ineficaces. Lo que se requiere es manejar todo el problema desde un sistema nacional de prevención de conflictos en el marco de una eficiente política de Estado y no seguir solamente tratando de apagar incendios.


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Irma Montes Patiño

viernes, 6 de diciembre de 2013

Para proteger la Amazonía - Irma Montes Patiño

Artículo de opinión sobre cómo la reforestación puede ayudar al desarrollo y protección de zonas altoandinas y de la selva, ayudando también a evitar los conflictos sociales en el Perú.


Promover proyectos de energías limpias en los Andes, como hidroeléctricas y reforestar las zonas andinas, generaría puestos de trabajo, evitaría conflictos sociales, elevaría la calidad de vida de las comunidades altoandinas y, de paso se protegerá nuestra selva amazónica, que representa el 90% de los bosques peruanos. Tal como ocurre con la hidroeléctrica de Chaglla. En esa óptica, desarrollar una industria maderera andina, moderna y competitiva es una estrategia de bajo costo y corto plazo para garantizar la paz social y el crecimiento económico rural. 

Más de 7 millones de hectáreas en la sierra esperan ser recuperadas y las comunidades están ávidas por trabajarlas. Esta región constituye el 30% del territorio nacional y, según la FAO, “presenta una escasa cobertura de bosques naturales”. Impulsar una industria de la madera allí, de hecho protegerá los bosques primarios de la Amazonía de la tala ilegal, y brindará a las comunidades herramientas para superar la pobreza. Del mismo modo, las hidroeléctricas altoandinas evitarán la inundación de vastas áreas selváticas, el consecuente desplazamiento de comunidades enteras, pérdida de culturas y tradiciones y degradación de ecosistemas. Las hidroeléctricas altoandinas han sido, desde el siglo XX, la alternativa a la demanda energética del país. El ingeniero y matemático Santiago Antúnez de Mayolo Gomero dedicó su vida a estudiar la energía potencial de los ríos andinos, proponiendo la construcción de centrales que se materializaron en la segunda mitad del siglo XX.

En el caso de la reforestación en los Andes, a finales del siglo XIX y hasta la década del 60 del siglo XX, la Cerro de Pasco Peruvian Corporation introdujo y cultivó eucaliptos en Junín, pero tras su estatización por la dictadura velasquista se detuvo esa siembra. ¿Resultado? Hoy la madera escasea en la zona. Reforestar la sierra es prioritario para luchar contra la pobreza y lograr la inclusión social. Al integrar o reactivar esta propuesta con proyectos exitosos como Sierra Productiva o la truncada y prometedora Sierra Verde (a finales de los 90) se generan puestos de trabajo, círculos ecológicos virtuosos y oportunidades para millares de compatriotas que engrosan las estadísticas de la extrema pobreza. Todo esto evitará futuros conflictos socioambientales y protegerá nuestra Amazonía.

Para proteger la Amazonía - Irma Montes Patiño by Irma Montes Patiño


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Irma Montes Patiño

miércoles, 4 de diciembre de 2013

El financiamiento contra Conga - Irma Montes Patiño

Artículo de opinión sobre el financiamiento contra proyectos de inversión (minera en este caso), y el trasfondo ideológico de las ONG antimineras.

Mucho se especula sobre los intereses detrás de los conflictos sociales, en especial de los socioambientales y, específicamente, en el caso de Minas Conga. Las causas no son recientes, pero sí complejas, pues las aristas y su trasfondo se incubaron largos años y hasta trascendieron diversos gobiernos.

Existen aspectos sociales, económicos, ambientales que muestran que este problema lleva años de gestación y que su solución a través de la “negociación” –como la estiman muchos mal asesorados políticos– no se dará en este ni en los próximos gobiernos, de continuar usándose mecanismos equivocados, pues es una cuestión de incapacidad y de errores acumulados por parte del Estado de pretender negociar el conflicto en lugar de transformarlo.


La etapa de crisis que llevó al estallido social del mismo y su imposibilidad, luego de muchos intentos de llegar a alguna solución, sí ha logrado transformar el conflicto, pero lamentablemente de manera negativa y perjudicial, pues ahora ha cobrado una connotación ideológica, política y hasta geopolítica, a tal punto que la manipulación por personajes que pretenden erigirse como figuras políticas utilizando la bandera ambientalista salta a la vista.


Sería válido, pues, analizar las distintas estrategias utilizadas para azuzar el conflicto promoviendo un viraje hacia lo radical e ideológico –que parece más “idiotológico”– al margen de lo puramente socioambiental. Ello debe apoyarse en la teoría de que existen intereses y actores, incluso legitimados y protegidos por la actual legislación, que aprovechan de la misma –o de la falta de esta– para contrabandear a sus anchas agendas paralelas que poco o nada tienen que ver con los temas centrales del conflicto y que deja pocas alternativas para el manejo constructivo y la transformación del mismo.

Dentro de las estrategias que mencionamos están los fondos, el financiamiento y la llamada asistencia técnica. 


Si bien mucha de esta asesoría es legítima, eficiente y necesaria, hay otro tipo: la que proviene de las ONG de “pensamiento único” financiadas con fondos del extranjero para fines particulares y que alimentan la justificación de su existencia en problemas como el de Conga. 

El trasfondo de muchos de estos conflictos sociales que devienen en ideológicos o políticos es, generalmente, un ciclo de flujo de capitales provenientes de organizaciones que operan sin supervisión nacional y, además, sin rendir cuentas del origen ni destino real de sus fondos, con lo cual pueden ser canalizados como “asistencia técnica”. Esto debido a que el proyecto de ley para fiscalizar a las ONG fuera vetado durante el gobierno de Alejandro Toledo. 

Entonces, antes de señalar culpables o pretender conceder logros, deberíamos analizar los nudos de gobernabilidad que dejaron los declarados garantes de la democracia y de la estabilidad social con escasa visión de estadistas y más de nefasta demagogia.

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Irma Montes Patiño

Por un valor compartido y beneficio y una coexistencia efectiva.