¿ Y la consulta previa ?. Apuntes sobre la ley de consulta previa y su reglamentación. El presente artículo lo escribí el 2011. Lo comparto como los anteriores, también por este medio para los interesados.
El último domingo, el presidente Ollanta Humala hizo un balance de los cien días de gestión. Es un hecho que ha tenido aciertos y signos positivos en el manejo macroeconómico. Varias de sus promesas de campaña, además, han sido cumplidas diligentemente, aunque no con la efectividad esperada.
Un ejemplo es la promulgación de la ley de consulta previa –gesto saludado por diversos sectores–, cuya aplicación genera incertidumbre especialmente en las comunidades directamente afectadas y los sectores económicos involucrados. La reglamentación de esta ley es crucial para la continuidad y sostenibilidad de proyectos extractivos, energéticos y de infraestructura. No hacerlo, oportuna y correctamente, podría llevar a perder millones de dólares en inversión y recaudación; inversiones que son el pilar de nuestro crecimiento y desarrollo, aunque eso no le guste a las ONG radicales que se autodenominan ambientalistas, a oportunistas políticos que se disfrazan de verdes y a seudolíderes con sospechosos intereses.
Estamos ad portas de que se cumplan los cien días de la promulgación de la referida ley y no hay reglamento. El escenario de su promulgación fue Bagua y el mismo presidente Humala mencionó ante la prensa tener un motivo sentimental de hacerlo en Imacita, comunidad cercana a su corazón. Hoy lo que se percibe, sin embargo, es el riesgo de caer en la inoperancia de una excelente iniciativa que puede terminar como gesto meramente populista. La ley promueve el diálogo intercultural y transparente entre el Estado y los pueblos indígenas –cimentando una cultura de paz–, por lo que debería ser un tema prioritario en la agenda de políticas públicas: no debemos olvidar que somos el tercer país con mayor población indígena de América Latina.
* Actualización: A la fecha ya se cuenta con reglamento
Muchos son los retos, pero mayores son las contradicciones y vacíos que se revelan en la ausencia de un enfoque coherente en cuanto a políticas de interculturalidad. Una profunda contradicción es que el Instituto Nacional de Desarrollo de los Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuano (Indepa) –una de cuyas principales funciones es la defensa, promoción y afirmación de los derechos y desarrollo de la identidad de los pueblos indígenas– tenga ahora que asumir la decisión final de la consulta previa, de no llegarse a un acuerdo con las comunidades, a las que defiende y protege. ¿Tiene lógica haber convertido al Indepa, en juez y parte del proceso de la consulta previa?
El Indepa depende políticamente del Viceministerio de Interculturalidad, un ente de escasa institucionalidad y –hasta hace muy poco– sin capacidad técnica, lo que retrasó el crítico proceso de reglamentación. Si bien la promulgación de la ley de consulta previa es un logro sin precedentes, a los casi cien días de aprobada los problemas continúan y muchos conflictos sociales han escalado vertiginosamente a su fase de crisis. Y lo que es peor: veinte nuevos conflictos sociales han surgido en los últimos dos meses, la proliferación o el control de estos dependerá del éxito de la implementación de la consulta previa.
Mientras se espera la reglamentación, en el Perú se han detenido ya inversiones cercanas a los US$400 millones en el sector hidrocarburos, afectándose el derecho al empleo y el acceso a las oportunidades de los peruanos involucrados. ¿Realmente está comprometido el gobierno del presidente Ollanta Humala con la tan mentada inclusión social, que tiene como uno de sus ejes la adecuada implementación de la ley de consulta previa?
Se puede acceder a una copia digital del artículo aquí:
Irma Montes Patiño
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