La declaración de la ONU del 2011 como Año Internacional de los Bosques lleva a pensar con cuánta facilidad se buscan culpables de los constantes conflictos socioambientales del país. Los presuntos “culpables y responsables” son prontamente descalificados y se pide su destitución. Uno de los conflictos que marcó nuestra historia democrática –por su paupérrimo manejo– fue el ‘baguazo’, cuya causa se originó en el 2002. Dramas como los de Bagua amenazan la estabilidad social y la gobernabilidad, marcando precedentes para quienes participaron directamente. Paradójicamente, los responsables indirectos del ‘baguazo’ se encontraban en el extranjero cuando ocurrieron los hechos, alejados de los problemas que habrían provocado años antes al no velar por el cumplimiento de la ley que declaraba la veda de especies maderables en peligro de extinción. Nos referimos a la Ley 27308, Ley Forestal y de Fauna Silvestre, promulgada en el 2000 por el gobierno de Alberto Fujimori.
Enfrentamiento con la policía en el 'baguazo' - Irma Montes Patiño |
La norma fue promulgada por la imperiosa necesidad de controlar la tala indiscriminada de especies como la caoba y el cedro, cuya demanda internacional se había elevado en 4.000% entre 1995 y el 2000. De haberse seguido con ese ritmo las especies se hubiesen extinguido. La ley declaró la veda desde su promulgación –en julio del 2000– por diez años: hasta el 2010. A la letra se prohibió “la extracción de especies maderables caoba y cedro en las cuencas de los ríos Putumayo, Yavarí, Tamaya y el Purús; así como en otras áreas declaradas o por declararse mediante decreto supremo”.
Interesados lobbies de madereros, y la presentación de recursos ante el Tribunal Constitucional por un grupo de congresistas liderados por Guiomar Seijas, en aquel entonces de Perú Posible, pretendieron dejar sin efecto esta ley. Para ello se removió a funcionarios del Inrena (aún no existía el Ministerio del Ambiente) y se valieron de directivas y resoluciones que contravenían la norma dada por el Legislativo. Esto llevó a la depredación de las especies que debieron ser protegidas. Ante los constantes agravios contra los comuneros de las zonas de tala, se empezó a gestar un descontento entre la población, que veía atónita este impune atropello.
Las comunidades nativas, desde ese entonces, se sentían amenazadas por las actividades ilícitas y las arbitrariedades de entidades y funcionarios del gobierno en desmedro de sus recursos. Estábamos, pues, ante la gestación de un conflicto. El desenlace no es ajeno a ningún peruano: se puso en riesgo la democracia, el Estado de derecho y la gobernabilidad del país cuando estallaron los sucesos en Bagua en junio del 2009.
Cabe resaltar que los orígenes de ese caos no fueron la dación de los decretos legislativos 1090, 1064 y los demás del ‘paquetazo’, como se afirma. Eso fue simplemente el detonante. Los orígenes del ‘baguazo’ se retrotraen a los acontecimientos antes mencionados, expresión de negligencia e indiferencia por parte del gobierno toledista que permitió semejantes actos de ilegalidad y corrupción.
¿Dónde estaba en el 2002 la denominada institución defensora de los pueblos indígenas ?
Saludos,
Irma Montes Patiño
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