martes, 26 de noviembre de 2013

No repitamos el caso boliviano - Irma Montes Patiño

No repitamos el caso boliviano. Apuntes sobre la ley de consulta previa y un alcance sobre su similar en Bolivia. El presente artículo lo escribí el 2011. Lo comparto como los anteriores, también por este medio para los interesados.

El 6 de agosto del 2006 se instaló en Bolivia una Asamblea Constituyente para moldear un “Estado más equitativo, defender los recursos naturales y acabar con el modelo neoliberal”. La nueva Constitución –aprobada por cerca del 60% de votantes en un referéndum– fue promulgada por Evo Morales al estilo populista: “Misión cumplida con la refundación de una nueva Bolivia unida”.

Su modificada Constitución del Estado Plurinacional (CEP) de Bolivia introdujo cambios relacionados con los “pueblos indígena originario campesinos”, brindándoles derecho de autonomía y autogobierno y el reconocimiento oficial de sus entidades territoriales e instituciones, además de la “propiedad exclusiva de los recursos forestales de su comunidad”.



Hace poco se promulgó en el Perú la ley de consulta previa, que reconoce el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados sobre medidas que los afecten. En la práctica, de no primar la prudencia la buena intención podría generar nuevos conflictos como le sucede a nuestro vecino altiplánico. El reglamento de la saludable nueva ley lo elabora una comisión para darle sentido práctico y un enfoque adecuado que evite casos como el de Bolivia. En ese país, la modificada Constitución otorgó a los pueblos indígenas reconocimientos que ahora el propio Morales pretende revocar arbitrariamente, al haber dado luz verde, por ejemplo, a la construcción de una carretera que atravesará el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis), que su nueva Constitución protegió. Esto ha generado la peor crisis social del Gobierno Boliviano desde el 2006, provocando la renuncia de ministros y altos funcionarios.
Los enfrentamientos con los indígenas, lamentablemente, han cobrado vidas de menores, pero las protestas son comprensibles, pues se vulneran abiertamente las normas que protegen sus territorios. 



La polémica carretera –financiada por capitales brasileños y que llevó al propio Lula a viajar para hacer lobby por ella– desintegraría el territorio forestal a lo largo de 300 kilómetros, violando los artículos 387 y 388 de la CEP sobre la conservación de los bosques naturales y el que las comunidades “situadas dentro de áreas forestales serán titulares del derecho exclusivo de su aprovechamiento y de su gestión, de acuerdo con la ley”. Los impactos socioambientales de la obra serán severos y el temor de los pobladores es la posible invasión de sus tierras por cocaleros.

¿Dónde quedaron para Morales los derechos de pueblos a los que utilizó estratégicamente para llegar al poder? Los líderes indígenas consideran que su derecho a la consulta previa e informada no se ha respetado. En el marco de la nueva CEP, la consulta previa  –tan promocionada, aplaudida y manoseada por la demagogia evista– ha perdido sentido, pues el Estado decide por los territorios que supuestamente procura proteger y a los que obvia unilateralmente y sin consulta, cuando le estorban. El error político le ha costado a Morales la formación de una oposición mayoritaria.
Ojalá los traspiés de Morales y su carretera de la discordia sirvan de ejemplo para que prime la prudencia en la elaboración del reglamento de la ley de consulta previa en el Perú, para que la positiva norma no sea una piedra en el zapato del presidente Humala.

Se puede acceder a una copia digital del artículo aquí:
No repitamos el caso boliviano - Irma Montes Patiño by Irma Montes Patiño


Saludos,
Irma Montes Patiño

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