Los retos socioambientales del hoy presidente Ollanta Humala. El presente artículo lo escribí el 2011. Lo comparto también por este medio para los interesados.
El próximo gobierno de Ollanta Humala tendrá que afrontar 227 conflictos sociales pendientes (más de la mitad están vinculados con asuntos ambientales). Este fenómeno social ha crecido notablemente desde principios de este siglo, a partir del ‘tambograndazo’ (Piura, 2000) hasta llegar a los actuales sucesos en Puno.
La mayoría de estas protestas de comunidades rurales e indígenas se vinculan con los derechos de propiedad y tenencia de tierras. Una de las principales razones es la inexactitud en la demarcación y el ordenamiento territorial (asunto mediocremente abordado por los sucesivos gobiernos de Toledo y García). Se generan, así, expectativas distintas sobre el uso del recurso hídrico y el derecho sobre los recursos naturales. Las legítimas preocupaciones son azuzadas, muchas veces, por politiqueros en busca de notoriedad, infiltración ideológica, inequidad económica y la prepotencia para imponer ciertos proyectos, imposibilitando el diálogo fructífero.
En el plan de gobierno original del presidente electo se contemplaba la total observancia del Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales. Reconociendo, así, su derecho a participar en la toma de decisiones en temas que los afecten directamente. Sería oportuno conocer la política de prevención y manejo de conflictos que implementará el nuevo gobierno cuando se busque, por ejemplo, la licencia social para el controvertido Convenio Energético Perú-Brasil, que requiere la construcción de gran infraestructura de centrales hidroeléctricas de embalse en nuestra Amazonia. Sus impactos ambientales serán considerables, pero nada comparados con los sociales. Varias comunidades deberán ser reubicadas y este desplazamiento forzado de miles de pobladores generará migración, ruptura de sus costumbres y sistemas de vida, descontrol de sus instituciones comunales y tradiciones; todo esto sin mencionar el atropello a su derecho de conservar el ambiente que los sustenta. ¿Qué se hará entonces con lo estipulado en el Convenio 169 que Gana Perú dijo que respetaría?
El tema merece atención por la estrecha relación entre el presidente electo y el gobierno de Brasil. Se podría pensar que el Perú se beneficiará en muchos aspectos, como compartir una enorme frontera verde con uno de los BRIC (sigla de las economías emergentes más poderosas del mundo: Brasil, Rusia, India y China) y que impulsaría nuestra economía simplemente por ubicación geográfica. Pero, ¿cuán ‘verde’ sería esa frontera? ¿Están preocupados por el medio ambiente los BRIC? Recordemos que tres de ellos –Brasil, India y China– son de los principales emisores (30%) de gases de efecto invernadero (GEI) en el ámbito global.
Es necesario que la nueva gestión empiece ya a prevenir lo que está en ebullición y, de paso, revisar su concertación (un eventual cogobierno) con Perú Posible, que ocupó el cuarto lugar en la primera vuelta. La paz social, la gobernabilidad y la estabilidad democrática serán puestas a prueba en la capacidad de prevención y resolución de conflictos sociales. Preocupa recordar que el próximo presidente y sus potenciales aliados de Perú Posible tuvieron presencia parlamentaria en estos últimos cinco años, pero los hechos demuestran que sus bancadas no fueron capaces de mediar para evitar el sangriento ‘baguazo’. Más aun, el gobierno de Alejandro Toledo –hoy aliado de Humala– fue un pésimo negociador y extraordinario promotor de las coyunturas que gestaron muchos de los conflictos sociales y socioambientales más lamentables de los últimos veinte años. La ciudadanía deberá estar vigilante y fiscalizar un tema del que depende el orden interno y la viabilidad democrática del país.
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Saludos,
Irma Montes Patiño
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