Pago por servicios ambientales y paz social - Irma Montes Patiño

Artículo sobre diferentes alternativas que se tienen para mantener y conservar ambientes naturales, escrito el 2011. Igualmente lo comparto por este medio para los interesados.

La sostenibilidad se define como la capacidad de las generaciones presentes de satisfacer sus necesidades sin menoscabar la posibilidad de las generaciones futuras de satisfacer las suyas, en un medio ambiente sano. La insostenibilidad es, a contramano, sinónimo de degradación ambiental, desigualdad, exclusión, homogeneización cultural y agotamiento de los recursos naturales. Para evitarlo, existen preceptos como el aprovechamiento racional de los recursos, el ordenamiento territorial científico, el rescate de las prácticas y costumbres ancestrales y garantizar los bienes y servicios ambientales que brindan los distintos ecosistemas. Todos posibles de aplicarse en el Perú hoy y que facilitarían el manejo constructivo de los conflictos socioambientales.

Tomemos, por ejemplo, el sistema de ‘pago’ por servicios ambientales. Se trata de un incentivo económico originado para los dueños de terrenos forestales y amortizar sus gastos de conservación al realizar prácticas adecuadas de manejo del territorio. Y es que los usuarios están dispuestos a pagar por disfrutar de ellos y los proveedores a adoptar acciones para mantener y mejorar lo que brindan. Para evitar la proliferación de conflictos por el agua, por ejemplo, debería optarse por modelos de gestión ambiental sostenible en el abordaje de la problemática de la degradación de cuencas o la mitigación del cambio climático, ofreciendo alternativas al brote de un conflicto.

En el caso de los bosques, estos ofrecen infinidad de servicios ambientales que podrían beneficiar directamente la economía de las poblaciones rurales. Entre esos servicios figuran: protección y conservación de la biodiversidad, belleza paisajística aprovechada por el turismo y ecoturismo, captura de gases de efecto invernadero (GEI), entre otros. El Perú está entre los diez países con mayor densidad boscosa del planeta (cuarto en bosques tropicales). Con cerca de 73 millones de hectáreas de Amazonía, nuestro país alberga el 5% del total de los bosques del mundo. 

Tomemos como ejemplo el caso de Madre de Dios, donde campea la informalidad y continuos atentados ambientales por la expansión incontenible de la minería informal –y sus consecuencias sociales, morales, económicas y ambientales–, y contrastémoslo con una alternativa sensata para una región tan rica en recursos naturales y ecosistemas que le ha ganado el apelativo de Capital de la Biodiversidad. Si Madre de Dios decidiera dejar en pie sus casi seis millones de hectáreas de bosques, a través de modernos sistemas de servicios ambientales como el secuestro y captura de GEI –por la emisión de bonos de carbono o los mecanismos de reducción de emisiones derivadas de la deforestación y degradación (REDD)–  podría percibir unos $3.500 millones anuales para su desarrollo.

Cabe señalar que la Ley 28611, Ley General del Ambiente, establece el marco para el aprovechamiento y valoración de los servicios ambientales. Sin embargo, el proyecto normativo destinado a promover la compensación por servicios ambientales fue presentado durante el gobierno anterior y visitó la comisión de Pueblos Andinos, Ambiente y Ecología del Congreso sin éxito alguno.

Ley 28611 Ley General Del Ambiente by Irma Montes Patiño

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Irma Montes Patiño

La gestión pública de los conflictos sociales - Irma Montes Patiño

La gestión pública de los conflictos sociales.  Apuntes sobre el manejo de los conflictos sociales en la gestión pública, escrito el 2011. Igualmente lo comparto por este medio para los interesados.

A su regreso de Hawái, del foro APEC, el presidente Ollanta Humala se refirió a los conflictos antimineros (el tema Conga no se había radicalizado al punto actual). Humala expresó que los conflictos son una amenaza a la gobernabilidad y a la seguridad jurídica, capaces de ahuyentar las inversiones que el Perú requiere para un desarrollo con inclusión. Dejó en claro que su gobierno está dispuesto a aclarar con transparencia las dudas de las comunidades sobre los impactos que pueden generar ciertas actividades productivas. Estableció que el proyecto Conga, Cajamarca, –integrado al plan de desarrollo regional– es viable y permitirá alcanzar la gran transformación que ofreció durante su campaña.

En prevención, mencionó el fortalecimiento de la muy sobreestimada Oficina de Conflictos de la Presidencia del Consejo de Ministros, PCM (web abandonada); preocupante, puesto que tal oficina no ha sabido demostrar manejo político ni capacidad técnica para resolver y menos evitar la conflictividad. Esa ineficiencia se arrastra desde gobiernos anteriores y va de mal en peor.

Una de las primeras medidas de la nueva gestión fue dejar en suspenso –sin razón alguna– el Sistema de Alerta Temprana (SAT), un mecanismo de procedimientos y sistemas para el manejo de información, análisis y gestión de la conflictividad nacional, de utilidad intergubernamental. El anuncio de que esta oficina de la PCM reemplazará al Viceministerio de Interculturalidad para reglamentar la Ley de Consulta Previa resulta preocupante. Se está dilatando, así, esta impostergable y necesaria norma y creando confusión sobre la autonomía de los entes especializados en interculturalidad. Mientras tanto, los conflictos escalan a etapas de crisis con velocidad sin precedentes.

El presidente Humala ha anunciado, también, la creación de un ente fiscalizador de los estudios de impacto ambiental (EIA) adscrito a la PCM, que absorbería el área encargada de la aprobación de los EIA del Ministerio de Energía y Minas (Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros- DGAAM); la Autoridad Nacional del Agua (ANA), hoy adscrita a Agricultura; y el OEFA, hoy en Ambiente. Todo esto corrobora una vocación por mejorar y modernizar la gestión pública en lo que es manejo de los conflictos sociales. Se reconoce, además, la falta de institucionalidad y funcionalidad de ciertos organismos públicos y sectores que han transformado al Estado en uno elefantiásico, donde se duplican esfuerzos, competencias y las funciones se sobreponen: al final nadie sabe lo que le toca o se convierten en juez y parte, sembrando así la conflictividad dentro de la propia gestión pública. No debe llamar la atención que esta ineficiencia se desborde y refleje en la proliferación de conflictos sociales.

Ley Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental 29325 by Irma Montes Patiño

El nuevo organismo deberá estar dotado de presupuesto adecuado, autonomía e independencia técnica y funcional como ente evaluador y fiscalizador en materia de impacto ambiental y social. Además, debería respetar la esencia del Ministerio del Ambiente, creado justamente para poner en marcha el Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, cuya misión es precisamente implementar la normativa ambiental a través del OEFA. Es necesario, además, aplicar sanciones que garanticen un entorno saludable y sostenible, donde las actividades extractivas se desarrollen en armonía, respetando el derecho a la vida, la salud, al libre desarrollo y a la igualdad ante la ley.

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¿ Y la consulta previa ? - Irma Montes Patiño

¿ Y la consulta previa ?.  Apuntes sobre la ley de consulta previa y su reglamentación. El presente artículo lo escribí el 2011. Lo comparto como los anteriores, también por este medio para los interesados.

El último domingo, el presidente Ollanta Humala hizo un balance de los cien días de gestión. Es un hecho que ha tenido aciertos y signos positivos en el manejo macroeconómico. Varias de sus promesas de campaña, además, han sido cumplidas diligentemente, aunque no con la efectividad esperada.

Un ejemplo es la promulgación de la ley de consulta previa –gesto saludado por diversos sectores–, cuya aplicación genera incertidumbre especialmente en las comunidades directamente afectadas y los sectores económicos involucrados. La reglamentación de esta ley es crucial para la continuidad y sostenibilidad de proyectos extractivos, energéticos y de infraestructura. No hacerlo, oportuna y correctamente, podría llevar a perder millones de dólares en inversión y recaudación; inversiones que son el pilar de nuestro crecimiento y desarrollo, aunque eso no le guste a las ONG radicales que se autodenominan ambientalistas, a oportunistas políticos que se disfrazan de verdes y a seudolíderes con sospechosos intereses.

Estamos ad portas de que se cumplan los cien días de la promulgación de la referida ley y no hay reglamento. El escenario de su promulgación fue Bagua y el mismo presidente Humala mencionó ante la prensa tener un motivo sentimental de hacerlo en Imacita, comunidad cercana a su corazón. Hoy lo que se percibe, sin embargo, es el riesgo de caer en la inoperancia de una excelente iniciativa que puede terminar como gesto meramente populista. La ley promueve el diálogo intercultural y transparente entre el Estado y los pueblos indígenas –cimentando una cultura de paz–, por lo que debería ser un tema prioritario en la agenda de políticas públicas: no debemos olvidar que somos el tercer país con mayor población indígena de América Latina.

* Actualización: A la fecha ya se cuenta con reglamento

Reglamento de La Ley 29785. Ley de Consulta Previa by Irma Montes Patiño

Muchos son los retos, pero mayores son las contradicciones y vacíos que se revelan en la ausencia de un enfoque coherente en cuanto a políticas de interculturalidad. Una profunda contradicción es que el Instituto Nacional de Desarrollo de los Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuano (Indepa) –una de cuyas principales funciones es la defensa, promoción y afirmación de los derechos y desarrollo de la identidad de los pueblos indígenas– tenga ahora que asumir la decisión final de la consulta previa, de no llegarse a un acuerdo con las comunidades, a las que defiende y protege. ¿Tiene lógica haber convertido al Indepa, en juez y parte del proceso de la consulta previa?

El Indepa depende políticamente del Viceministerio de Interculturalidad, un ente de escasa institucionalidad y –hasta hace muy poco– sin capacidad técnica, lo que retrasó el crítico proceso de reglamentación. Si bien la promulgación de la ley de consulta previa es un logro sin precedentes, a los casi cien días de aprobada los problemas continúan y muchos conflictos sociales han escalado vertiginosamente a su fase de crisis. Y lo que es peor: veinte nuevos conflictos sociales han surgido en los últimos dos meses, la proliferación o el control de estos dependerá del éxito de la implementación de la consulta previa.

Mientras se espera la reglamentación, en el Perú se han detenido ya inversiones cercanas a los US$400 millones en el sector hidrocarburos, afectándose el derecho al empleo y el acceso a las oportunidades de los peruanos involucrados. ¿Realmente está comprometido el gobierno del presidente Ollanta Humala con la tan mentada inclusión social, que tiene como uno de sus ejes la adecuada implementación de la ley de consulta previa?

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¿Y la consulta previa? - Irma Montes Patiño by Irma Montes Patiño

  

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No repitamos el caso boliviano - Irma Montes Patiño

No repitamos el caso boliviano. Apuntes sobre la ley de consulta previa y un alcance sobre su similar en Bolivia. El presente artículo lo escribí el 2011. Lo comparto como los anteriores, también por este medio para los interesados.

El 6 de agosto del 2006 se instaló en Bolivia una Asamblea Constituyente para moldear un “Estado más equitativo, defender los recursos naturales y acabar con el modelo neoliberal”. La nueva Constitución –aprobada por cerca del 60% de votantes en un referéndum– fue promulgada por Evo Morales al estilo populista: “Misión cumplida con la refundación de una nueva Bolivia unida”.

Su modificada Constitución del Estado Plurinacional (CEP) de Bolivia introdujo cambios relacionados con los “pueblos indígena originario campesinos”, brindándoles derecho de autonomía y autogobierno y el reconocimiento oficial de sus entidades territoriales e instituciones, además de la “propiedad exclusiva de los recursos forestales de su comunidad”.

Constitución del Estado Plurinacional (CEP) Bolivia by Irma Montes Patiño

Hace poco se promulgó en el Perú la ley de consulta previa, que reconoce el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados sobre medidas que los afecten. En la práctica, de no primar la prudencia la buena intención podría generar nuevos conflictos como le sucede a nuestro vecino altiplánico. El reglamento de la saludable nueva ley lo elabora una comisión para darle sentido práctico y un enfoque adecuado que evite casos como el de Bolivia. En ese país, la modificada Constitución otorgó a los pueblos indígenas reconocimientos que ahora el propio Morales pretende revocar arbitrariamente, al haber dado luz verde, por ejemplo, a la construcción de una carretera que atravesará el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis), que su nueva Constitución protegió. Esto ha generado la peor crisis social del Gobierno Boliviano desde el 2006, provocando la renuncia de ministros y altos funcionarios.

Los enfrentamientos con los indígenas, lamentablemente, han cobrado vidas de menores, pero las protestas son comprensibles, pues se vulneran abiertamente las normas que protegen sus territorios. 

La polémica carretera –financiada por capitales brasileños y que llevó al propio Lula a viajar para hacer lobby por ella– desintegraría el territorio forestal a lo largo de 300 kilómetros, violando los artículos 387 y 388 de la CEP sobre la conservación de los bosques naturales y el que las comunidades “situadas dentro de áreas forestales serán titulares del derecho exclusivo de su aprovechamiento y de su gestión, de acuerdo con la ley”. Los impactos socioambientales de la obra serán severos y el temor de los pobladores es la posible invasión de sus tierras por cocaleros.

¿Dónde quedaron para Morales los derechos de pueblos a los que utilizó estratégicamente para llegar al poder? Los líderes indígenas consideran que su derecho a la consulta previa e informada no se ha respetado. En el marco de la nueva CEP, la consulta previa  –tan promocionada, aplaudida y manoseada por la demagogia evista– ha perdido sentido, pues el Estado decide por los territorios que supuestamente procura proteger y a los que obvia unilateralmente y sin consulta, cuando le estorban. El error político le ha costado a Morales la formación de una oposición mayoritaria.

Ojalá los traspiés de Morales y su carretera de la discordia sirvan de ejemplo para que prime la prudencia en la elaboración del reglamento de la ley de consulta previa en el Perú, para que la positiva norma no sea una piedra en el zapato del presidente Humala.

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Desde el Congreso protegen minería ilegal - Irma Montes Patiño

Desde el Congreso protegen minería ilegal. Artículo sobre el "lobby" del la minería ilegal e informal en el Congreso. Este artículo lo escribí el 2011. Lo comparto también por este medio para los interesados.

Desde la bancada oficialista se intenta derogar el Decreto de Urgencia 028 y dejar sin efecto el Decreto Supremo 035-2011-EM. Ambos fueron dados para contrarrestar las consecuencias socioambientales de la minería informal en Madre de Dios y en Puno. Dictadas a fines del gobierno aprista con carácter de urgencia, para recuperar a corto plazo la estabilidad y paz social en Puno y establecer un ordenamiento minero formal en Madre de Dios, estas normas garantizan la salud, la seguridad, la conservación ambiental y el ejercicio pleno de derechos fundamentales. Quien quiere mandarlas al tacho es un defensor de la minería informal y congresista del partido de gobierno por Madre de Dios. 

Como lo ha denunciado este Diario, se trata de Eulogio Amado Romero Rodríguez. 

Este personaje ha estado en la mira de las organizaciones ambientalistas y defensoras de los derechos humanos, así como de organismos públicos de fiscalización ambiental por su activo rol en la Federación Minera de Madre de Dios (Fedemin), donde actuaba como capo de cártel más que como dirigente gremial. 

Tras ser electo congresista, Amado Romero estuvo detenido en el penal San Francisco de Asís, acusado de peculado en agravio de la Dirección Regional de Agricultura de Madre de Dios. Esto a raíz de que desapareció un lote de caoba del Inrena, que él tenía en custodia. No ha quedado claro por qué la detención con reclusión se le varió por comparecencia.

Ahora, en sospechosa estrategia desde su nueva posición congresal, intenta deslizar dos proyectos de ley: uno para proteger la minería informal en Puno, región que no representa, y otro para evitar el ordenamiento minero en Madre de Dios. 

Eulogio Amado Romero Rodríguez –según ficha del Jurado Nacional de Elecciones– es propietario de un predio agrícola y de una concesión minera en Tambopata, donde es sabido que campea la minería ilegal, hay cobro de regalías a trabajadores, ausencia de certificación ambiental, tala ilegal e invasión de la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional de Tambopata. Vale recordar que la minería informal y artesanal se convierte en ilegal cuando viola los derechos de propiedad de terceros y las transacciones económicas no son registradas. 

Ahora, bajo la bandera de la ‘no discriminación’ se pretende suspender los avances en la recuperación de cuencas y el adecuado ordenamiento territorial para proteger los frágiles ecosistemas amazónicos. 

Se atenta, además, contra los derechos y seguridad de las personas, pues está comprobado que en esas tierras de nadie, campea la trata de personas y la explotación sexual y laboral de menores. 

Actitudes como las de Romero Rodríguez solo menoscaban la aprobación y confianza en el nuevo Congreso.

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Desde el Congreso se protege la minería ilegal - Irma Montes Patiño by Irma Montes Patiño

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Voz y voto, pero no veto - Irma Montes Patiño

Voz y voto pero no veto. Apuntes sobre la ley de consulta previa. El presente artículo lo escribí el 2011. Lo comparto como los anteriores, también por este medio para los interesados.

El Congreso aprobó por unanimidad la ley de consulta previa, una promesa medular de la campaña electoral del presidente Ollanta Humala. Lo que debe debatirse ahora, de manera técnica y no política, es el cómo. Es decir, de qué manera se implementará el mecanismo de consulta, pues la aprobación es tan solo el principio de un largo y accidentado camino por recorrer.

Apus - Imagen referencial 

Es esencial prestar ahora atención a la elaboración del reglamento de esta ley, pues este dictará las vías para aplicar la nueva norma. Hay ciertas consideraciones básicas a tener en cuenta. Por ejemplo, la identificación de parámetros y mecanismos de consulta y participación, es decir el modus operandi del proceso. Y es así que surgirán inquietudes: ¿Qué se consultará en realidad? ¿Qué derechos de los pueblos indígenas podrían verse vulnerados? ¿Qué poblaciones son consideradas pueblos indígenas? ¿Cuáles se rán los mecanismos de consulta?

Reglamento de La Ley 29785. Ley de Consulta Previa by Irma Montes Patiño

Lo complejo aparecerá cuando se intente aplicar una especie de transculturación, pues lo que es lógico para unos, no necesariamente lo es para otros. La multiculturalidad e interetnicidad de nuestro país nos hace inmensamente ricos en términos culturales, pero a la vez nos impone grandes brechas de desarrollo, porque la multiplicidad de grupos concibe el mundo de manera diversa. Tomemos, por ejemplo, el reconocimiento de las organizaciones representativas de los pueblos originarios y a la vez a sus representantes. En este ámbito, aparecerán inquietudes de cómo reconocer la voluntad de una comunidad a través del apu: si el apu fue elegido por la mayoría democráticamente o si la democracia– tal y como la concebimos en Occidente es similar dentro de la tradición de un determinado pueblo indígena. El asunto no será nada simple. ¿Tiene el apu representatividad legítima, según los procesos de elección aprobados por la ONPE y otros órganos de nuestro sistema electoral?

Mezquinamente pretendemos que los pueblos indígenas se comporten con una visión de Occidente. Lo que esta nueva ley nos trae en el fondo es la necesidad de aprender a aceptar la diversidad, al otro que comprende el mundo de manera distinta que nosotros. Son nuestras diferencias, la propia diversidad y la falta de información lo que nos lleva a inexactitudes, lo que llama a ser sumamente cautelosos al reglamentar la ley de consulta previa.

Conozco a muchos líderes comunales, apus y dirigentes de todo tipo, elegidos, designados, reconocidos, así como autoridades –dentro de las comunidades no son necesariamente lo mismo que los líderes–, y en todos encuentro cualidades legítimas de representatividad. Esto, en muchos casos, podría crear incertidumbre al tiempo de elaborar el reglamento de la ley. 

Estamos frente a un fenómeno de transculturalidad en el sistema de representatividad, más complejo de lo que creen los legisladores del oficialismo. No se trata de cumplir con una promesa electoral ligera y un tanto demagógica, tomando en cuenta que en el Perú la consulta previa existe formalmente desde 1994. Ese año, durante el gobierno del presidente Fujimori, se ratificó el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), diseñado sobre la base del reconocimiento de los derechos de protección a las minorías étnicas. 

Las autoridades tienen muchos puntos por afinar y considerar, sin embargo.

Todos los peruanos, al margen de nuestro origen étnico, buscamos una mejor calidad de vida y esto se logra a través del crecimiento económico, la promoción de la inversión privada, la seguridad jurídica y la estabilidad social.

Mediante consensos, diálogo e información adecuada y oportuna puede llegarse a acuerdos que promuevan el crecimiento con inclusión social. Esto se logrará, sin duda, fortaleciendo el derecho a voz y voto de las poblaciones que podrían sentirse afectadas por una determinada inversión. 

Voz y voto, hay que recordarlo, no es derecho a voz y veto.

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Voz y voto pero no veto - Irma Montes Patiño by Irma Montes Patiño

Los retos socioambientales de Ollanta Humala - Irma Montes Patiño

Los retos socioambientales del hoy presidente Ollanta Humala. El presente artículo lo escribí el 2011. Lo comparto también por este medio para los interesados.

El próximo gobierno de Ollanta Humala tendrá que afrontar 227 conflictos sociales pendientes (más de la mitad están vinculados con asuntos ambientales). Este fenómeno social ha crecido notablemente desde principios de este siglo, a partir del ‘tambograndazo’ (Piura, 2000) hasta llegar a los actuales sucesos en Puno.

La mayoría de estas protestas de comunidades rurales e indígenas se vinculan con los derechos de propiedad y tenencia de tierras. Una de las principales razones es la inexactitud en la demarcación y el ordenamiento territorial (asunto mediocremente abordado por los sucesivos gobiernos de Toledo y García). Se generan, así, expectativas distintas sobre el uso del recurso hídrico y el derecho sobre los recursos naturales. Las legítimas preocupaciones son azuzadas, muchas veces, por politiqueros en busca de notoriedad, infiltración ideológica, inequidad económica y la prepotencia para imponer ciertos proyectos, imposibilitando el diálogo fructífero.

En el plan de gobierno original del presidente electo se contemplaba la total observancia del Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales. Reconociendo, así, su derecho a participar en la toma de decisiones en temas que los afecten directamente. Sería oportuno conocer la política de prevención y manejo de conflictos que implementará el nuevo gobierno cuando se busque, por ejemplo, la licencia social para el controvertido Convenio Energético Perú-Brasil, que requiere la construcción de gran infraestructura de centrales hidroeléctricas de embalse en nuestra Amazonia. Sus impactos ambientales serán considerables, pero nada comparados con los sociales. Varias comunidades deberán ser reubicadas y este desplazamiento forzado de miles de pobladores generará migración, ruptura de sus costumbres y sistemas de vida, descontrol de sus instituciones comunales y tradiciones; todo esto sin mencionar el atropello a su derecho de conservar el ambiente que los sustenta. ¿Qué se hará entonces con lo estipulado en el Convenio 169 que Gana Perú dijo que respetaría?

Convenio 169 OIT by Irma Montes Patiño

El tema merece atención por la estrecha relación entre el presidente electo y el gobierno de Brasil. Se podría pensar que el Perú se beneficiará en muchos aspectos, como compartir una enorme frontera verde con uno de los BRIC (sigla de las economías emergentes más poderosas del mundo: Brasil, Rusia, India y China) y que impulsaría nuestra economía simplemente por ubicación geográfica. Pero, ¿cuán ‘verde’ sería esa frontera? ¿Están preocupados por el medio ambiente los BRIC? Recordemos que tres de ellos –Brasil, India y China– son de los principales emisores (30%) de gases de efecto invernadero (GEI) en el ámbito global.

Es necesario que la nueva gestión empiece ya a prevenir lo que está en ebullición y, de paso, revisar su concertación (un eventual cogobierno) con Perú Posible, que ocupó el cuarto lugar en la primera vuelta. La paz social, la gobernabilidad y la estabilidad democrática serán puestas a prueba en la capacidad de prevención y resolución de conflictos sociales. Preocupa recordar que el próximo presidente y sus potenciales aliados de Perú Posible tuvieron presencia parlamentaria en estos últimos cinco años, pero los hechos demuestran que sus bancadas no fueron capaces de mediar para evitar el sangriento ‘baguazo’. Más aun, el gobierno de Alejandro Toledo –hoy aliado de Humala– fue un pésimo negociador y extraordinario promotor de las coyunturas que gestaron muchos de los conflictos sociales y socioambientales más lamentables de los últimos veinte años. La ciudadanía deberá estar vigilante y fiscalizar un tema del que depende el orden interno y la viabilidad democrática del país.

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Retos Socioambientales de Humala - Irma Montes Patiño by Irma Montes Patiño

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Irma Montes Patiño

Los orígenes del ‘baguazo’ - Irma Montes Patiño

Los orígenes del ‘baguazo’. El presente artículo lo escribí el 2011. Lo comparto por este medio para los interesados.

La declaración de la ONU del 2011 como Año Internacional de los Bosques lleva a pensar con cuánta facilidad se buscan culpables de los constantes conflictos socioambientales del país. Los presuntos “culpables y responsables” son prontamente descalificados y se pide su destitución. Uno de los conflictos que marcó nuestra historia democrática –por su paupérrimo manejo– fue el ‘baguazo’, cuya causa se originó en el 2002. Dramas como los de Bagua amenazan la estabilidad social y la gobernabilidad, marcando precedentes para quienes participaron directamente. Paradójicamente, los responsables indirectos del ‘baguazo’ se encontraban en el extranjero cuando ocurrieron los hechos, alejados de los problemas que habrían provocado años antes al no velar por el cumplimiento de la ley que declaraba la veda de especies maderables en peligro de extinción. Nos referimos a la Ley 27308, Ley Forestal y de Fauna Silvestre, promulgada en el 2000 por el gobierno de Alberto Fujimori.

Enfrentamiento con la policía en el 'baguazo' - Irma Montes Patiño

La norma fue promulgada por la imperiosa necesidad de controlar la tala indiscriminada de especies como la caoba y el cedro, cuya demanda internacional se había elevado en 4.000% entre 1995 y el 2000. De haberse seguido con ese ritmo las especies se hubiesen extinguido. La ley declaró la veda desde su promulgación –en julio del 2000– por diez años: hasta el 2010. A la letra se prohibió “la extracción de especies maderables caoba y cedro en las cuencas de los ríos Putumayo, Yavarí, Tamaya y el Purús; así como en otras áreas declaradas o por declararse mediante decreto supremo”.

Ley 27308 Ley Forestal y de Fauna Silvestre - Irma Montes Patiño by Irma Montes Patiño

Interesados lobbies de madereros, y la presentación de recursos ante el Tribunal Constitucional por un grupo de congresistas liderados por Guiomar Seijas, en aquel entonces de Perú Posible, pretendieron dejar sin efecto esta ley. Para ello se removió a funcionarios del Inrena (aún no existía el Ministerio del Ambiente) y se valieron de directivas y resoluciones que contravenían la norma dada por el Legislativo. Esto llevó a la depredación de las especies que debieron ser protegidas. Ante los constantes agravios contra los comuneros de las zonas de tala, se empezó a gestar un descontento entre la población, que veía atónita este impune atropello.

Las comunidades nativas, desde ese entonces, se sentían amenazadas por las actividades ilícitas y las arbitrariedades de entidades y funcionarios del gobierno en desmedro de sus recursos. Estábamos, pues, ante la gestación de un conflicto. El desenlace no es ajeno a ningún peruano: se puso en riesgo la democracia, el Estado de derecho y la gobernabilidad del país cuando estallaron los sucesos en Bagua en junio del 2009.

Cabe resaltar que los orígenes de ese caos no fueron la dación de los decretos legislativos 1090, 1064 y los demás del ‘paquetazo’, como se afirma. Eso fue simplemente el detonante. Los orígenes del ‘baguazo’ se retrotraen a los acontecimientos antes mencionados, expresión de negligencia e indiferencia por parte del gobierno toledista que permitió semejantes actos de ilegalidad y corrupción. 

¿Dónde estaba en el 2002 la denominada institución defensora de los pueblos indígenas ?

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Irma Montes Patiño

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Los orígenes del 'baguazo' - Irma Montes Patiño by Irma Montes Patiño

Participación en mesa redonda en el diario El Comercio

Se me invitó a una mesa redonda en el diario El Comercio (Julio 2012). Hablamos entre otras cosas, sobre propuestas de solución a los conflictos sociales.

Mesa Redonda - Irma Montes Patiño

      
Fue sin duda, una reunión muy interesante.

Si quieren leer mas detalles sobre la nota, pueden ingresar aquí

       

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Irma Montes Patiño

Conflictos Sociales - Opinión y Artículos - Irma Montes Patiño

El presente blog es una recopilación de los artículos y columnas de opinión que escribe para diferentes medios. En los mismos se va plasmando opiniones, puntos de vista, y demás temas relacionados a los de conflictos sociales, el cual es el enfoque particular que se le da a las columnas.

Irma Montes Patiño

Irma Montes Patiño

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Irma Montes Patiño