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miércoles, 4 de diciembre de 2013

El financiamiento contra Conga - Irma Montes Patiño

Artículo de opinión sobre el financiamiento contra proyectos de inversión (minera en este caso), y el trasfondo ideológico de las ONG antimineras.

Mucho se especula sobre los intereses detrás de los conflictos sociales, en especial de los socioambientales y, específicamente, en el caso de Minas Conga. Las causas no son recientes, pero sí complejas, pues las aristas y su trasfondo se incubaron largos años y hasta trascendieron diversos gobiernos.

Existen aspectos sociales, económicos, ambientales que muestran que este problema lleva años de gestación y que su solución a través de la “negociación” –como la estiman muchos mal asesorados políticos– no se dará en este ni en los próximos gobiernos, de continuar usándose mecanismos equivocados, pues es una cuestión de incapacidad y de errores acumulados por parte del Estado de pretender negociar el conflicto en lugar de transformarlo.


La etapa de crisis que llevó al estallido social del mismo y su imposibilidad, luego de muchos intentos de llegar a alguna solución, sí ha logrado transformar el conflicto, pero lamentablemente de manera negativa y perjudicial, pues ahora ha cobrado una connotación ideológica, política y hasta geopolítica, a tal punto que la manipulación por personajes que pretenden erigirse como figuras políticas utilizando la bandera ambientalista salta a la vista.


Sería válido, pues, analizar las distintas estrategias utilizadas para azuzar el conflicto promoviendo un viraje hacia lo radical e ideológico –que parece más “idiotológico”– al margen de lo puramente socioambiental. Ello debe apoyarse en la teoría de que existen intereses y actores, incluso legitimados y protegidos por la actual legislación, que aprovechan de la misma –o de la falta de esta– para contrabandear a sus anchas agendas paralelas que poco o nada tienen que ver con los temas centrales del conflicto y que deja pocas alternativas para el manejo constructivo y la transformación del mismo.

Dentro de las estrategias que mencionamos están los fondos, el financiamiento y la llamada asistencia técnica. 


Si bien mucha de esta asesoría es legítima, eficiente y necesaria, hay otro tipo: la que proviene de las ONG de “pensamiento único” financiadas con fondos del extranjero para fines particulares y que alimentan la justificación de su existencia en problemas como el de Conga. 

El trasfondo de muchos de estos conflictos sociales que devienen en ideológicos o políticos es, generalmente, un ciclo de flujo de capitales provenientes de organizaciones que operan sin supervisión nacional y, además, sin rendir cuentas del origen ni destino real de sus fondos, con lo cual pueden ser canalizados como “asistencia técnica”. Esto debido a que el proyecto de ley para fiscalizar a las ONG fuera vetado durante el gobierno de Alejandro Toledo. 

Entonces, antes de señalar culpables o pretender conceder logros, deberíamos analizar los nudos de gobernabilidad que dejaron los declarados garantes de la democracia y de la estabilidad social con escasa visión de estadistas y más de nefasta demagogia.

Se puede descargar una copia digital del artículos aquí:


O dándole click a la siguiente imagen:

Saludos,
Irma Montes Patiño

Por un valor compartido y beneficio y una coexistencia efectiva.


Por una efectiva política ambiental - Irma Montes Patiño

Artículo de opinión sobre la implementación de una política ambiental efectiva en el país.

Las marchas y contramarchas experimentadas en el manejo del conflicto de Minas Conga pusieron al descubierto la desinformación y falta de comunicación entre los actores involucrados, lo que sumado a la poca coordinación intersectorial e intergubernamental evidenció la carencia de institucionalidad de nuestra política ambiental. Analizando profundamente el tema, puede afirmarse que las incoherencias se originan en la concepción errada de que la creación del ente rector de la política ambiental del país debía atender los pedidos de un Estado extranjero –en este caso Estados Unidos– al condicionar la aprobación del TLC a la creación del Ministerio del Ambiente, entre otras cosas.


En esos momentos, se debió aprovechar la oportunidad para cumplir con la necesidad de implementar una política ambiental seria, coherente, coordinada y sostenible a largo plazo, con una visión común e integradora de país. Un plan inmerso en una proyección hacia los auténticos objetivos del sector ambiental previniendo que hoy en día se tropiece –debido a su desacertada concepción– con visiones y estrategias discordantes de sectores como Energía y Minas, Transportes, Agricultura y Producción, además del manejo óptimo del recurso hídrico.


Estamos aún a tiempo de revertir muchos de estos errores y enfocar soluciones hacia una meta uniforme y coordinada centrándonos en una visión a largo plazo. Para ello debemos acudir a herramientas ya disponibles como la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) existente en el marco de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental como un “proceso sistemático, activo y participativo que tiene como finalidad internalizar la variable ambiental en las propuestas de las políticas, planes y programas de desarrollo” en todos los niveles de gobierno y que tengan implicancias ambientales significativas.

Es decir, un instrumento homogeneizado que marque la pauta en la elaboración de estudios de impacto ambiental y social y sirva como referente en el cumplimiento apropiado de la normativa. Es imperativo, asimismo, contar con una ley de ordenamiento territorial eficiente, elaborada sobre la base de información técnica y científica de las potencialidades y limitaciones del territorio y teniendo en cuenta las demandas de la población a través de la consulta libre e informada. Que logre integrar los instrumentos técnicos disponibles con miras a reducir la conflictividad social y promover la sostenibilidad del desarrollo de nuestro país. Se necesita, además, una adecuada asignación de recursos y el fortalecimiento de las capacidades de servidores públicos, pues mucho se queda en intentos viables que se frustran por falta de capacidad de decisión o visión de las personas a cargo. Nos encontramos pues ante una excelente oportunidad para que el positivamente refrescado Gabinete –apoyándose en técnicos de primer nivel– enmiende el rumbo de la efervescencia social y genere los escenarios adecuados para el diálogo, promoviendo el manejo constructivo de los conflictos y el desarrollo armónico del país. Que lo nacido con Minas Conga nos sirva como advertencia de las graves consecuencias de la falta de una política coherente sobre esta delicada materia.

Se puede descargar el artículo en digital, aquí:


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Saludos,
Irma Montes Patiño

Abuso de la protesta social ( en el Perú ) - Irma Montes Patiño

Artículo de opinión sobre al abuso de la protesta social en el Perú. Estos relacionados en el momento de escrito el artículo, con la minería ilegal e informal.

El conocido actor George Clooney fue apresado –y liberado tras 12 horas– el último viernes en Washington D.C. por protestar pacíficamente contra el régimen sudanés. Mientras tanto en el Perú manifestantes violentos, vinculados a la minería ilegal en la selva sur, se rasgan las vestiduras victimizándose al tiempo que atropellan leyes y generan violencia hasta dejar tres muertos y más de 60 heridos. Las protestas generadas en torno a la minería se han agudizado en las últimas semanas arriesgando la estabilidad social y amenazando el Estado de derecho.


Vuelven las protestas hoy, a casi un año de los enfrentamientos en Madre de Dios entre mineros ilegales y autoridades del gobierno nacional por la destrucción de dragas ilegales, y el panorama ha empeorado convirtiéndose en una batalla campal por temas políticos e ideológicos.


En aquel entonces, se propuso un proyecto de formalización y apoyo multisectorial hacia los mineros para lograr un cambio efectivo y dar a los jóvenes involucrados en la minería ilegal una alternativa de ocupación. Sin embargo, hoy esta actividad no solo existe en zonas de exclusión minera sino, lo que es peor, hay evidencia contundente de que la minería ilegal está directamente vinculada con el narcotráfico y el lavado de activos.

El problema persiste, pues no existe una noción de la verdadera democracia, del vivir en sociedad respetando las leyes y el principio de autoridad y que el derecho a la protesta pacífica no sea excusa para la revuelta violenta y para desencadenar el caos social por todo aquello con lo que no se está de acuerdo.

Decretar la formalización de una actividad ilegal es dar una oportunidad de entrar en regla, advertir al que está evadiendo la ley que su situación puede empeorar de no respetar las normas. Formalizar no es atacar derechos laborales ni impedir la realización individual, como alegan los revoltosos.

La mal llamada minería artesanal o informal, la que usa dragas millonarias y químicos como el mercurio con consecuencias ambientales nefastas, es ilegal y perpetra delitos de contaminación ambiental en muchas de sus formas.

Por donde se mire, este tipo de minería es delictiva y debe permanecer tipificada como tal y contemplar penas severas.

Es necesario castigar entonces a todos los involucrados en la nefasta “ruta del oro”, desde los mineros ilegales, pasando por los intermediarios, acopiadores y ‘traders’, hasta los funcionarios de las empresas que demandan este tipo de metal de conocida procedencia ilícita.

Es urgente, asimismo, romper la cadena destructiva del oro sucio –que se cobija tras la máscara de la minería artesanal– y optar por la alternativa del oro verde, extraído de manera sostenible y por el que se paga hasta 15% más en el mercado internacional al garantizarse su procedencia ecológicamente responsable.

No permitamos la victimización de los plagiadores, no defendamos lo ilegal ni protejamos el falso discurso y la doble moral.

Se puede descargar el artículo en digital desde aquí:

o click en la siguiente imagen:

Saludos,
Irma Montes Patiño


Valor compartido y beneficio
Coexistencia efectiva

lunes, 2 de diciembre de 2013

Resumen de artículos 2011

Este es un resumen de los artículos mas resaltantes del año 2011 que publiqué aquí.
Darle click a cada imagen para agrandarla.

Pago por servicios ambientales y paz social.
Artículo sobre diferentes alternativas que se tienen para mantener y conservar ambientes naturales

La gestión pública de los conflictos sociales.
Artículo sobre los diferentes organismos públicos y la gestión pública de los conflictos sociales.



No repitamos el caso boliviano.
Artículo sobre la consulta previa y los riesgos que podrían implicar una mala aplicación de la misma. Comparativa con Bolivia.
                           

Desde el congreso protegen minería ilegal.
Artículo sobre el lobby de la minería ilegal que se dio en el congreso.

Voz y voto, pero no veto.
Artículo también sobre la consulta previa. Apuntes de "cómo" debería ser la norma.


Los orígenes del 'baguazo'.
Artículo sobre el 'baguazo'. Los origenes reales del problema y no lo sintomático.

Saludos!
Irma Montes Patiño

miércoles, 27 de noviembre de 2013

La gestión pública de los conflictos sociales - Irma Montes Patiño

La gestión pública de los conflictos sociales.  Apuntes sobre el manejo de los conflictos sociales en la gestión pública, escrito el 2011. Igualmente lo comparto por este medio para los interesados.


A su regreso de Hawái, del foro APEC, el presidente Ollanta Humala se refirió a los conflictos antimineros (el tema Conga no se había radicalizado al punto actual). Humala expresó que los conflictos son una amenaza a la gobernabilidad y a la seguridad jurídica, capaces de ahuyentar las inversiones que el Perú requiere para un desarrollo con inclusión. Dejó en claro que su gobierno está dispuesto a aclarar con transparencia las dudas de las comunidades sobre los impactos que pueden generar ciertas actividades productivas. Estableció que el proyecto Conga, Cajamarca, –integrado al plan de desarrollo regional– es viable y permitirá alcanzar la gran transformación que ofreció durante su campaña.

En prevención, mencionó el fortalecimiento de la muy sobreestimada Oficina de Conflictos de la Presidencia del Consejo de Ministros, PCM (web abandonada); preocupante, puesto que tal oficina no ha sabido demostrar manejo político ni capacidad técnica para resolver y menos evitar la conflictividad. Esa ineficiencia se arrastra desde gobiernos anteriores y va de mal en peor.

Una de las primeras medidas de la nueva gestión fue dejar en suspenso –sin razón alguna– el Sistema de Alerta Temprana (SAT), un mecanismo de procedimientos y sistemas para el manejo de información, análisis y gestión de la conflictividad nacional, de utilidad intergubernamental. El anuncio de que esta oficina de la PCM reemplazará al Viceministerio de Interculturalidad para reglamentar la Ley de Consulta Previa resulta preocupante. Se está dilatando, así, esta impostergable y necesaria norma y creando confusión sobre la autonomía de los entes especializados en interculturalidad. Mientras tanto, los conflictos escalan a etapas de crisis con velocidad sin precedentes.

El presidente Humala ha anunciado, también, la creación de un ente fiscalizador de los estudios de impacto ambiental (EIA) adscrito a la PCM, que absorbería el área encargada de la aprobación de los EIA del Ministerio de Energía y Minas (Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros- DGAAM); la Autoridad Nacional del Agua (ANA), hoy adscrita a Agricultura; y el OEFA, hoy en Ambiente. Todo esto corrobora una vocación por mejorar y modernizar la gestión pública en lo que es manejo de los conflictos sociales. Se reconoce, además, la falta de institucionalidad y funcionalidad de ciertos organismos públicos y sectores que han transformado al Estado en uno elefantiásico, donde se duplican esfuerzos, competencias y las funciones se sobreponen: al final nadie sabe lo que le toca o se convierten en juez y parte, sembrando así la conflictividad dentro de la propia gestión pública. No debe llamar la atención que esta ineficiencia se desborde y refleje en la proliferación de conflictos sociales.






El nuevo organismo deberá estar dotado de presupuesto adecuado, autonomía e independencia técnica y funcional como ente evaluador y fiscalizador en materia de impacto ambiental y social. Además, debería respetar la esencia del Ministerio del Ambiente, creado justamente para poner en marcha el Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, cuya misión es precisamente implementar la normativa ambiental a través del OEFA. Es necesario, además, aplicar sanciones que garanticen un entorno saludable y sostenible, donde las actividades extractivas se desarrollen en armonía, respetando el derecho a la vida, la salud, al libre desarrollo y a la igualdad ante la ley.

Se puede acceder a una copia digital del artículo aquí:



Saludos,
Irma Montes Patiño

¿ Y la consulta previa ? - Irma Montes Patiño

¿ Y la consulta previa ?.  Apuntes sobre la ley de consulta previa y su reglamentación. El presente artículo lo escribí el 2011. Lo comparto como los anteriores, también por este medio para los interesados.

El último domingo, el presidente Ollanta Humala hizo un balance de los cien días de gestión. Es un hecho que ha tenido aciertos y signos positivos en el manejo macroeconómico. Varias de sus promesas de campaña, además, han sido cumplidas diligentemente, aunque no con la efectividad esperada.

Un ejemplo es la promulgación de la ley de consulta previa –gesto saludado por diversos sectores–, cuya aplicación genera incertidumbre especialmente en las comunidades directamente afectadas y los sectores económicos involucrados. La reglamentación de esta ley es crucial para la continuidad y sostenibilidad de proyectos extractivos, energéticos y de infraestructura. No hacerlo, oportuna y correctamente, podría llevar a perder millones de dólares en inversión y recaudación; inversiones que son el pilar de nuestro crecimiento y desarrollo, aunque eso no le guste a las ONG radicales que se autodenominan ambientalistas, a oportunistas políticos que se disfrazan de verdes y a seudolíderes con sospechosos intereses.

Estamos ad portas de que se cumplan los cien días de la promulgación de la referida ley y no hay reglamento. El escenario de su promulgación fue Bagua y el mismo presidente Humala mencionó ante la prensa tener un motivo sentimental de hacerlo en Imacita, comunidad cercana a su corazón. Hoy lo que se percibe, sin embargo, es el riesgo de caer en la inoperancia de una excelente iniciativa que puede terminar como gesto meramente populista. La ley promueve el diálogo intercultural y transparente entre el Estado y los pueblos indígenas –cimentando una cultura de paz–, por lo que debería ser un tema prioritario en la agenda de políticas públicas: no debemos olvidar que somos el tercer país con mayor población indígena de América Latina.

* Actualización: A la fecha ya se cuenta con reglamento



Muchos son los retos, pero mayores son las contradicciones y vacíos que se revelan en la ausencia de un enfoque coherente en cuanto a políticas de interculturalidad. Una profunda contradicción es que el Instituto Nacional de Desarrollo de los Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuano (Indepa) –una de cuyas principales funciones es la defensa, promoción y afirmación de los derechos y desarrollo de la identidad de los pueblos indígenas– tenga ahora que asumir la decisión final de la consulta previa, de no llegarse a un acuerdo con las comunidades, a las que defiende y protege. ¿Tiene lógica haber convertido al Indepa, en juez y parte del proceso de la consulta previa?

El Indepa depende políticamente del Viceministerio de Interculturalidad, un ente de escasa institucionalidad y –hasta hace muy poco– sin capacidad técnica, lo que retrasó el crítico proceso de reglamentación. Si bien la promulgación de la ley de consulta previa es un logro sin precedentes, a los casi cien días de aprobada los problemas continúan y muchos conflictos sociales han escalado vertiginosamente a su fase de crisis. Y lo que es peor: veinte nuevos conflictos sociales han surgido en los últimos dos meses, la proliferación o el control de estos dependerá del éxito de la implementación de la consulta previa.

Mientras se espera la reglamentación, en el Perú se han detenido ya inversiones cercanas a los US$400 millones en el sector hidrocarburos, afectándose el derecho al empleo y el acceso a las oportunidades de los peruanos involucrados. ¿Realmente está comprometido el gobierno del presidente Ollanta Humala con la tan mentada inclusión social, que tiene como uno de sus ejes la adecuada implementación de la ley de consulta previa?


Se puede acceder a una copia digital del artículo aquí:

  
Saludos,
Irma Montes Patiño

martes, 26 de noviembre de 2013

No repitamos el caso boliviano - Irma Montes Patiño

No repitamos el caso boliviano. Apuntes sobre la ley de consulta previa y un alcance sobre su similar en Bolivia. El presente artículo lo escribí el 2011. Lo comparto como los anteriores, también por este medio para los interesados.

El 6 de agosto del 2006 se instaló en Bolivia una Asamblea Constituyente para moldear un “Estado más equitativo, defender los recursos naturales y acabar con el modelo neoliberal”. La nueva Constitución –aprobada por cerca del 60% de votantes en un referéndum– fue promulgada por Evo Morales al estilo populista: “Misión cumplida con la refundación de una nueva Bolivia unida”.

Su modificada Constitución del Estado Plurinacional (CEP) de Bolivia introdujo cambios relacionados con los “pueblos indígena originario campesinos”, brindándoles derecho de autonomía y autogobierno y el reconocimiento oficial de sus entidades territoriales e instituciones, además de la “propiedad exclusiva de los recursos forestales de su comunidad”.



Hace poco se promulgó en el Perú la ley de consulta previa, que reconoce el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados sobre medidas que los afecten. En la práctica, de no primar la prudencia la buena intención podría generar nuevos conflictos como le sucede a nuestro vecino altiplánico. El reglamento de la saludable nueva ley lo elabora una comisión para darle sentido práctico y un enfoque adecuado que evite casos como el de Bolivia. En ese país, la modificada Constitución otorgó a los pueblos indígenas reconocimientos que ahora el propio Morales pretende revocar arbitrariamente, al haber dado luz verde, por ejemplo, a la construcción de una carretera que atravesará el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis), que su nueva Constitución protegió. Esto ha generado la peor crisis social del Gobierno Boliviano desde el 2006, provocando la renuncia de ministros y altos funcionarios.
Los enfrentamientos con los indígenas, lamentablemente, han cobrado vidas de menores, pero las protestas son comprensibles, pues se vulneran abiertamente las normas que protegen sus territorios. 



La polémica carretera –financiada por capitales brasileños y que llevó al propio Lula a viajar para hacer lobby por ella– desintegraría el territorio forestal a lo largo de 300 kilómetros, violando los artículos 387 y 388 de la CEP sobre la conservación de los bosques naturales y el que las comunidades “situadas dentro de áreas forestales serán titulares del derecho exclusivo de su aprovechamiento y de su gestión, de acuerdo con la ley”. Los impactos socioambientales de la obra serán severos y el temor de los pobladores es la posible invasión de sus tierras por cocaleros.

¿Dónde quedaron para Morales los derechos de pueblos a los que utilizó estratégicamente para llegar al poder? Los líderes indígenas consideran que su derecho a la consulta previa e informada no se ha respetado. En el marco de la nueva CEP, la consulta previa  –tan promocionada, aplaudida y manoseada por la demagogia evista– ha perdido sentido, pues el Estado decide por los territorios que supuestamente procura proteger y a los que obvia unilateralmente y sin consulta, cuando le estorban. El error político le ha costado a Morales la formación de una oposición mayoritaria.
Ojalá los traspiés de Morales y su carretera de la discordia sirvan de ejemplo para que prime la prudencia en la elaboración del reglamento de la ley de consulta previa en el Perú, para que la positiva norma no sea una piedra en el zapato del presidente Humala.

Se puede acceder a una copia digital del artículo aquí:
No repitamos el caso boliviano - Irma Montes Patiño by Irma Montes Patiño


Saludos,
Irma Montes Patiño

viernes, 22 de noviembre de 2013

Los retos socioambientales de Ollanta Humala - Irma Montes Patiño

Los retos socioambientales del hoy presidente Ollanta Humala. El presente artículo lo escribí el 2011. Lo comparto también por este medio para los interesados.


El próximo gobierno de Ollanta Humala tendrá que afrontar 227 conflictos sociales pendientes (más de la mitad están vinculados con asuntos ambientales). Este fenómeno social ha crecido notablemente desde principios de este siglo, a partir del ‘tambograndazo’ (Piura, 2000) hasta llegar a los actuales sucesos en Puno.



La mayoría de estas protestas de comunidades rurales e indígenas se vinculan con los derechos de propiedad y tenencia de tierras. Una de las principales razones es la inexactitud en la demarcación y el ordenamiento territorial (asunto mediocremente abordado por los sucesivos gobiernos de Toledo y García). Se generan, así, expectativas distintas sobre el uso del recurso hídrico y el derecho sobre los recursos naturales. Las legítimas preocupaciones son azuzadas, muchas veces, por politiqueros en busca de notoriedad, infiltración ideológica, inequidad económica y la prepotencia para imponer ciertos proyectos, imposibilitando el diálogo fructífero.

En el plan de gobierno original del presidente electo se contemplaba la total observancia del Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales. Reconociendo, así, su derecho a participar en la toma de decisiones en temas que los afecten directamente. Sería oportuno conocer la política de prevención y manejo de conflictos que implementará el nuevo gobierno cuando se busque, por ejemplo, la licencia social para el controvertido Convenio Energético Perú-Brasil, que requiere la construcción de gran infraestructura de centrales hidroeléctricas de embalse en nuestra Amazonia. Sus impactos ambientales serán considerables, pero nada comparados con los sociales. Varias comunidades deberán ser reubicadas y este desplazamiento forzado de miles de pobladores generará migración, ruptura de sus costumbres y sistemas de vida, descontrol de sus instituciones comunales y tradiciones; todo esto sin mencionar el atropello a su derecho de conservar el ambiente que los sustenta. ¿Qué se hará entonces con lo estipulado en el Convenio 169 que Gana Perú dijo que respetaría?


El tema merece atención por la estrecha relación entre el presidente electo y el gobierno de Brasil. Se podría pensar que el Perú se beneficiará en muchos aspectos, como compartir una enorme frontera verde con uno de los BRIC (sigla de las economías emergentes más poderosas del mundo: Brasil, Rusia, India y China) y que impulsaría nuestra economía simplemente por ubicación geográfica. Pero, ¿cuán ‘verde’ sería esa frontera? ¿Están preocupados por el medio ambiente los BRIC? Recordemos que tres de ellos –Brasil, India y China– son de los principales emisores (30%) de gases de efecto invernadero (GEI) en el ámbito global.

Es necesario que la nueva gestión empiece ya a prevenir lo que está en ebullición y, de paso, revisar su concertación (un eventual cogobierno) con Perú Posible, que ocupó el cuarto lugar en la primera vuelta. La paz social, la gobernabilidad y la estabilidad democrática serán puestas a prueba en la capacidad de prevención y resolución de conflictos sociales. Preocupa recordar que el próximo presidente y sus potenciales aliados de Perú Posible tuvieron presencia parlamentaria en estos últimos cinco años, pero los hechos demuestran que sus bancadas no fueron capaces de mediar para evitar el sangriento ‘baguazo’. Más aun, el gobierno de Alejandro Toledo –hoy aliado de Humala– fue un pésimo negociador y extraordinario promotor de las coyunturas que gestaron muchos de los conflictos sociales y socioambientales más lamentables de los últimos veinte años. La ciudadanía deberá estar vigilante y fiscalizar un tema del que depende el orden interno y la viabilidad democrática del país.


Se puede acceder a una copia digital del artículo aquí:
Saludos,
Irma Montes Patiño

miércoles, 20 de noviembre de 2013

Los orígenes del ‘baguazo’ - Irma Montes Patiño

Los orígenes del ‘baguazo’. El presente artículo lo escribí el 2011. Lo comparto por este medio para los interesados.

La declaración de la ONU del 2011 como Año Internacional de los Bosques lleva a pensar con cuánta facilidad se buscan culpables de los constantes conflictos socioambientales del país. Los presuntos “culpables y responsables” son prontamente descalificados y se pide su destitución. Uno de los conflictos que marcó nuestra historia democrática –por su paupérrimo manejo– fue el ‘baguazo’, cuya causa se originó en el 2002. Dramas como los de Bagua amenazan la estabilidad social y la gobernabilidad, marcando precedentes para quienes participaron directamente. Paradójicamente, los responsables indirectos del ‘baguazo’ se encontraban en el extranjero cuando ocurrieron los hechos, alejados de los problemas que habrían provocado años antes al no velar por el cumplimiento de la ley que declaraba la veda de especies maderables en peligro de extinción. Nos referimos a la Ley 27308, Ley Forestal y de Fauna Silvestre, promulgada en el 2000 por el gobierno de Alberto Fujimori.

Enfrentamiento con la policía en el 'baguazo' - Irma Montes Patiño

La norma fue promulgada por la imperiosa necesidad de controlar la tala indiscriminada de especies como la caoba y el cedro, cuya demanda internacional se había elevado en 4.000% entre 1995 y el 2000. De haberse seguido con ese ritmo las especies se hubiesen extinguido. La ley declaró la veda desde su promulgación –en julio del 2000– por diez años: hasta el 2010. A la letra se prohibió “la extracción de especies maderables caoba y cedro en las cuencas de los ríos Putumayo, Yavarí, Tamaya y el Purús; así como en otras áreas declaradas o por declararse mediante decreto supremo”.



Interesados lobbies de madereros, y la presentación de recursos ante el Tribunal Constitucional por un grupo de congresistas liderados por Guiomar Seijas, en aquel entonces de Perú Posible, pretendieron dejar sin efecto esta ley. Para ello se removió a funcionarios del Inrena (aún no existía el Ministerio del Ambiente) y se valieron de directivas y resoluciones que contravenían la norma dada por el Legislativo. Esto llevó a la depredación de las especies que debieron ser protegidas. Ante los constantes agravios contra los comuneros de las zonas de tala, se empezó a gestar un descontento entre la población, que veía atónita este impune atropello.

Las comunidades nativas, desde ese entonces, se sentían amenazadas por las actividades ilícitas y las arbitrariedades de entidades y funcionarios del gobierno en desmedro de sus recursos. Estábamos, pues, ante la gestación de un conflicto. El desenlace no es ajeno a ningún peruano: se puso en riesgo la democracia, el Estado de derecho y la gobernabilidad del país cuando estallaron los sucesos en Bagua en junio del 2009.

Cabe resaltar que los orígenes de ese caos no fueron la dación de los decretos legislativos 1090, 1064 y los demás del ‘paquetazo’, como se afirma. Eso fue simplemente el detonante. Los orígenes del ‘baguazo’ se retrotraen a los acontecimientos antes mencionados, expresión de negligencia e indiferencia por parte del gobierno toledista que permitió semejantes actos de ilegalidad y corrupción. 

¿Dónde estaba en el 2002 la denominada institución defensora de los pueblos indígenas ?


Saludos,
Irma Montes Patiño

Se puede acceder a una copia digital del artículo aquí: