El diálogo genera confianza - Irma Montes Patiño

Artículo de opinión sobre el diálogo como método para evitar conflictos sociales en el Perú. Columna escrita el año 2012

El diálogo, como mecanismo de prevención de cualquier tipo de conflicto, es positivo y necesario. Sin embargo, como ya lo hemos sostenido, hay que usarlo en la etapa adecuada del conflicto para resolverlo. La proliferación de mesas de diálogo extemporáneas –cuando el conflicto ya estalló o escaló a etapa de crisis– demuestra que Hernando de Soto está en lo cierto cuando sostiene que existe una falta de “voz económica y comercial” en las comunidades y que hay actores que carecen de acceso al sistema nacional de justicia. 

Así, estas mesas se convierten en centros de conciliación y tribunales que el Estado no ha sabido poner al servicio de todos los ciudadanos. Precisamente por la carencia de canales y otros mecanismos de solución a sus problemas, es que acuden a estos lugares de consenso donde se plantean sus inquietudes. y dudas, y donde no necesariamente pueden exponerlas en igualdad de condiciones. Son, pues, estas diferencias en materia política, económica y comercial las que de por sí generan una asimetría en la calidad del diálogo. No obstante ello, es un hecho que la disposición de mantener las mesas de diálogo –como la de Espinar– demuestra voluntad de recuperar la confianza y de no repetir los errores de otros conflictos como Conga, Tía María o el mismo ‘baguazo’. Para su éxito, debe generarse confianza a través del diálogo, sobre todo, con transparencia por parte de las empresas extractivas, tanto en sus inversiones como en el manejo y mitigación de sus pasivos ambientales.

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Propiedad y prosperidad - Irma Montes Patiño

Artículo de opinión que trata sobre la propiedad de los recursos extractivos. Escrito el año 2012.

La presencia de gas y petróleo bajo sus campos de cultivo y pastoreo ha desatado un ‘boom’ económico para cerca de 200 familias rurales. No hay conflicto con las empresas que extraerán los recursos del subsuelo de sus propiedades. Esto ocurre en Estados Unidos, específicamente en Caldwell, una zona alta del valle del río Ohio. “The New York Times” informó recientemente que la empresa energética Eclipse Resources encontró importantes reservas hidrocarburíferas –gas natural específicamente– en el subsuelo de decenas de predios agrícolas. Antes del hallazgo el ingreso por familia en la zona era menor a 3.000 dólares mensuales (muy por debajo de la media norteamericana), después todo cambió. Eclipse Resources, una empresa de Pensilvania, ya giró su primer cheque a un grupo de 70 granjeros organizados: 16 millones de dólares, por concepto de arrendamiento financiero –leasing– por el recurso que extraerán del subsuelo de sus propiedades. Y es que, por ley, en varios estados de ese país el dueño de la superficie lo es también del subsuelo y lo que haya en él. El acuerdo comunidad-empresa incluye un 19% de regalías sobre las utilidades que generen los recursos.

Como cualquier otro proyecto extractivo, el de Ohio tiene riesgos: las perforaciones amenazan la calidad y disponibilidad de agua, y pueden filtrarse el gas y el petróleo. Por ello, el estado reescribió la normativa pertinente a la disposición de aguas servidas de pozos de gas y petróleo; elevó los estándares de seguridad; estableció la obligatoria transparencia en el uso de insumos químicos, entre varias disposiciones para el cuidado de la salud humana y ambiental. El acuerdo incluye salvaguardas para proteger el recurso hídrico y los suelos, garantizar la calidad y disponibilidad del agua, la conservación ambiental y la salud. Los predios agrícolas se han revalorizado 130 veces: hoy la empresa paga 4.000 dólares por acre (aproximadamente media hectárea), mientras antes las transacciones en el mercado se daban por apenas 30 dólares.

En esta zona de Ohio se ha aplicado una eficiente estrategia de transformación de conflictos, respeto por la propiedad ajena, el diálogo, la negociación y la preocupación por la conservación ambiental y la salud. Si en nuestro país se consideraran estos mecanismos de respeto, valorización justa y protección ambiental en la explotación de los recursos del subsuelo de las comunidades (aunque la Constitución diga que son del Estado), no tendríamos problemas como el de Conga, Espinar o Puno, entre otros. 

La controversial pero necesaria inversión en Conga será de casi 5 mil millones en 17 años –unos 800 mil dólares diarios– mientras las pérdidas por las protestas se estiman en un millón diarios para la región Cajamarca. La mala estrategia de manejo de un conflicto por parte de la empresa y la incapacidad del Estado para llamar al orden a sus funcionarios –como el presidente regional Santos– han desencadenado un problema colectivo con un gravísimo impacto local y nacional. Es tiempo de mirar otros casos de éxito en la obtención de licencias sociales para proyectos de extracción de recursos, como el caso de Caldwell, Ohio. Aprendamos ya.

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La importancia de la palabra - Irma Montes Patiño

Artículo de opinión sobre el enfoque del  diálogo que se dan en los conflictos sociales. Escrito el 2012.

La palabra a veces si crea la cosa; y la incumplida, el caos. La incapacidad de los funcionarios del ejecutivo para abordar los conflictos sociales se refleja en el constante cambio de interlocutores y de términos. Esta actitud errática ha desembocado –especialmente en el Caso Conga– en un pantano del cual será difícil salir si las pocas alternativas para solucionar el conflicto no se utilizan correctamente, y en el momento adecuado.

Los varios actores en Conga, con sus marchas y contramarchas, han dejado escasas vías de solución y creado incertidumbre. Lo que ahora nos ocupa –y debe preocuparnos– es que en este nuevo cambio de estrategia se confunden los términos. Se dice “dialogar” y algunos pretenden convertirlo en sinónimo de “negociar”. Nos llenan de palabras confusas y nada en concreto.

Unos entienden que dialogar es sentarse a negociar, y otros que para sentarse hay que poner condiciones, pero cuando se dialoga no deben ni pueden existir condicionamientos. Ahora se introduce la figura del facilitador o mediador. En el complejo escenario cajamarquino es importante reconocer haber logrado un consenso para la aceptación de los facilitadores: monseñor Cabrejos y el padre Garatea.

Será difícil, sin embargo, que ambos se abstengan de opinar y, lamentablemente, cualquier opinión desvirtuará su función “mediadora”, arriesgando el proceso. La figura de los religiosos mediadores puede generar falsas expectativas en la población, que puede confundir su papel con el de árbitros cuyo dicho será decisivo y vinculante. 

Ya el presidente del Frente de Defensa de los Intereses de Cajamarca, Idelso Hernández –abierto opositor a Conga–, empezó a promover el desentendimiento al decir: “Primero que reflexionen [Cabrejos y Garatea] y entiendan nuestra plegaria, teniendo en cuenta los principios espirituales y de la vida. Esperamos en ese sentido que se conviertan en los aliados del pueblo”.

Estos discursos apocalípticos y confusionistas (tipo vida sí, oro no) calan en la desesperanza de una población que solo ha recibido falsas promesas de mejoramiento de su calidad de vida. Se trata ahora de que esa palabra sí se cumpla.

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El financiamiento contra Conga - Irma Montes Patiño

Artículo de opinión sobre el financiamiento contra proyectos de inversión (minera en este caso), y el trasfondo ideológico de las ONG antimineras.

Mucho se especula sobre los intereses detrás de los conflictos sociales, en especial de los socioambientales y, específicamente, en el caso de Minas Conga. Las causas no son recientes, pero sí complejas, pues las aristas y su trasfondo se incubaron largos años y hasta trascendieron diversos gobiernos.

Existen aspectos sociales, económicos, ambientales que muestran que este problema lleva años de gestación y que su solución a través de la “negociación” –como la estiman muchos mal asesorados políticos– no se dará en este ni en los próximos gobiernos, de continuar usándose mecanismos equivocados, pues es una cuestión de incapacidad y de errores acumulados por parte del Estado de pretender negociar el conflicto en lugar de transformarlo.

La etapa de crisis que llevó al estallido social del mismo y su imposibilidad, luego de muchos intentos de llegar a alguna solución, sí ha logrado transformar el conflicto, pero lamentablemente de manera negativa y perjudicial, pues ahora ha cobrado una connotación ideológica, política y hasta geopolítica, a tal punto que la manipulación por personajes que pretenden erigirse como figuras políticas utilizando la bandera ambientalista salta a la vista.

Sería válido, pues, analizar las distintas estrategias utilizadas para azuzar el conflicto promoviendo un viraje hacia lo radical e ideológico –que parece más “idiotológico”– al margen de lo puramente socioambiental. Ello debe apoyarse en la teoría de que existen intereses y actores, incluso legitimados y protegidos por la actual legislación, que aprovechan de la misma –o de la falta de esta– para contrabandear a sus anchas agendas paralelas que poco o nada tienen que ver con los temas centrales del conflicto y que deja pocas alternativas para el manejo constructivo y la transformación del mismo.

Dentro de las estrategias que mencionamos están los fondos, el financiamiento y la llamada asistencia técnica. 

Si bien mucha de esta asesoría es legítima, eficiente y necesaria, hay otro tipo: la que proviene de las ONG de “pensamiento único” financiadas con fondos del extranjero para fines particulares y que alimentan la justificación de su existencia en problemas como el de Conga. 

El trasfondo de muchos de estos conflictos sociales que devienen en ideológicos o políticos es, generalmente, un ciclo de flujo de capitales provenientes de organizaciones que operan sin supervisión nacional y, además, sin rendir cuentas del origen ni destino real de sus fondos, con lo cual pueden ser canalizados como “asistencia técnica”. Esto debido a que el proyecto de ley para fiscalizar a las ONG fuera vetado durante el gobierno de Alejandro Toledo. 

Entonces, antes de señalar culpables o pretender conceder logros, deberíamos analizar los nudos de gobernabilidad que dejaron los declarados garantes de la democracia y de la estabilidad social con escasa visión de estadistas y más de nefasta demagogia.

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Por un valor compartido y beneficio y una coexistencia efectiva.

Por una efectiva política ambiental - Irma Montes Patiño

Artículo de opinión sobre la implementación de una política ambiental efectiva en el país.

Las marchas y contramarchas experimentadas en el manejo del conflicto de Minas Conga pusieron al descubierto la desinformación y falta de comunicación entre los actores involucrados, lo que sumado a la poca coordinación intersectorial e intergubernamental evidenció la carencia de institucionalidad de nuestra política ambiental. Analizando profundamente el tema, puede afirmarse que las incoherencias se originan en la concepción errada de que la creación del ente rector de la política ambiental del país debía atender los pedidos de un Estado extranjero –en este caso Estados Unidos– al condicionar la aprobación del TLC a la creación del Ministerio del Ambiente, entre otras cosas.

En esos momentos, se debió aprovechar la oportunidad para cumplir con la necesidad de implementar una política ambiental seria, coherente, coordinada y sostenible a largo plazo, con una visión común e integradora de país. Un plan inmerso en una proyección hacia los auténticos objetivos del sector ambiental previniendo que hoy en día se tropiece –debido a su desacertada concepción– con visiones y estrategias discordantes de sectores como Energía y Minas, Transportes, Agricultura y Producción, además del manejo óptimo del recurso hídrico.

Estamos aún a tiempo de revertir muchos de estos errores y enfocar soluciones hacia una meta uniforme y coordinada centrándonos en una visión a largo plazo. Para ello debemos acudir a herramientas ya disponibles como la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) existente en el marco de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental como un “proceso sistemático, activo y participativo que tiene como finalidad internalizar la variable ambiental en las propuestas de las políticas, planes y programas de desarrollo” en todos los niveles de gobierno y que tengan implicancias ambientales significativas.

Es decir, un instrumento homogeneizado que marque la pauta en la elaboración de estudios de impacto ambiental y social y sirva como referente en el cumplimiento apropiado de la normativa. Es imperativo, asimismo, contar con una ley de ordenamiento territorial eficiente, elaborada sobre la base de información técnica y científica de las potencialidades y limitaciones del territorio y teniendo en cuenta las demandas de la población a través de la consulta libre e informada. Que logre integrar los instrumentos técnicos disponibles con miras a reducir la conflictividad social y promover la sostenibilidad del desarrollo de nuestro país. Se necesita, además, una adecuada asignación de recursos y el fortalecimiento de las capacidades de servidores públicos, pues mucho se queda en intentos viables que se frustran por falta de capacidad de decisión o visión de las personas a cargo. Nos encontramos pues ante una excelente oportunidad para que el positivamente refrescado Gabinete –apoyándose en técnicos de primer nivel– enmiende el rumbo de la efervescencia social y genere los escenarios adecuados para el diálogo, promoviendo el manejo constructivo de los conflictos y el desarrollo armónico del país. Que lo nacido con Minas Conga nos sirva como advertencia de las graves consecuencias de la falta de una política coherente sobre esta delicada materia.

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La gestión pública de los conflictos sociales - Irma Montes Patiño

La gestión pública de los conflictos sociales.  Apuntes sobre el manejo de los conflictos sociales en la gestión pública, escrito el 2011. Igualmente lo comparto por este medio para los interesados.

A su regreso de Hawái, del foro APEC, el presidente Ollanta Humala se refirió a los conflictos antimineros (el tema Conga no se había radicalizado al punto actual). Humala expresó que los conflictos son una amenaza a la gobernabilidad y a la seguridad jurídica, capaces de ahuyentar las inversiones que el Perú requiere para un desarrollo con inclusión. Dejó en claro que su gobierno está dispuesto a aclarar con transparencia las dudas de las comunidades sobre los impactos que pueden generar ciertas actividades productivas. Estableció que el proyecto Conga, Cajamarca, –integrado al plan de desarrollo regional– es viable y permitirá alcanzar la gran transformación que ofreció durante su campaña.

En prevención, mencionó el fortalecimiento de la muy sobreestimada Oficina de Conflictos de la Presidencia del Consejo de Ministros, PCM (web abandonada); preocupante, puesto que tal oficina no ha sabido demostrar manejo político ni capacidad técnica para resolver y menos evitar la conflictividad. Esa ineficiencia se arrastra desde gobiernos anteriores y va de mal en peor.

Una de las primeras medidas de la nueva gestión fue dejar en suspenso –sin razón alguna– el Sistema de Alerta Temprana (SAT), un mecanismo de procedimientos y sistemas para el manejo de información, análisis y gestión de la conflictividad nacional, de utilidad intergubernamental. El anuncio de que esta oficina de la PCM reemplazará al Viceministerio de Interculturalidad para reglamentar la Ley de Consulta Previa resulta preocupante. Se está dilatando, así, esta impostergable y necesaria norma y creando confusión sobre la autonomía de los entes especializados en interculturalidad. Mientras tanto, los conflictos escalan a etapas de crisis con velocidad sin precedentes.

El presidente Humala ha anunciado, también, la creación de un ente fiscalizador de los estudios de impacto ambiental (EIA) adscrito a la PCM, que absorbería el área encargada de la aprobación de los EIA del Ministerio de Energía y Minas (Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros- DGAAM); la Autoridad Nacional del Agua (ANA), hoy adscrita a Agricultura; y el OEFA, hoy en Ambiente. Todo esto corrobora una vocación por mejorar y modernizar la gestión pública en lo que es manejo de los conflictos sociales. Se reconoce, además, la falta de institucionalidad y funcionalidad de ciertos organismos públicos y sectores que han transformado al Estado en uno elefantiásico, donde se duplican esfuerzos, competencias y las funciones se sobreponen: al final nadie sabe lo que le toca o se convierten en juez y parte, sembrando así la conflictividad dentro de la propia gestión pública. No debe llamar la atención que esta ineficiencia se desborde y refleje en la proliferación de conflictos sociales.

Ley Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental 29325 by Irma Montes Patiño

El nuevo organismo deberá estar dotado de presupuesto adecuado, autonomía e independencia técnica y funcional como ente evaluador y fiscalizador en materia de impacto ambiental y social. Además, debería respetar la esencia del Ministerio del Ambiente, creado justamente para poner en marcha el Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, cuya misión es precisamente implementar la normativa ambiental a través del OEFA. Es necesario, además, aplicar sanciones que garanticen un entorno saludable y sostenible, donde las actividades extractivas se desarrollen en armonía, respetando el derecho a la vida, la salud, al libre desarrollo y a la igualdad ante la ley.

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