El riesgo del diálogo extemporáneo - Irma Montes Patiño

Artículo de opinión sobre el enfoque, uso y fin de las mesas de diálogo que se dan en los conflictos sociales. Escrito el 2012.

Hasta el cansancio se ha escrito, discutido y analizado, sin logros ni mejorías, el tema de los conflictos sociales. La pregunta es cómo se solucionará algo que ya escaló en etapa de crisis, con enfrentamientos, posiciones antagónicas intransigentes. No parece que se esté pensando que quizá se ha asumido una estrategia errada para lograr el manejo constructivo de los conflictos. Vemos que la mayoría de métodos se ha enfocado –de manera inicialmente lógica pero ineficaz– en buscar el diálogo como solución. El diálogo es indiscutiblemente una vía democrática acertada y sobre todo pacífica para manejar con legitimidad los conflictos sociales y representa asimismo una vía válida, siempre y cuando esté bien enfocado y, fundamentalmente, insertado en la fase adecuada del conflicto. Por ello es crucial saber identificar en qué medida y momento combinar la opción del diálogo con otros métodos de resolución de conflictos.

En el caso de los actuales conflictos socioambientales –como Cajamarca y Espinar– el “diálogo” se está confundiendo con la etapa de negociación, que es lo que terminarán haciendo los tres ministros delegados. Los mecanismos de diálogo y negociación son diferentes y deben usarse en fases distintas del proceso. Además, se espera ver resultados inmediatos cuando el proceso de gestión del conflicto es dinámico y paulatino debiendo adaptarse a las distintas fases y condiciones del mismo. Las llamadas mesas de diálogo –que deben convocarse como mecanismo preventivo, no negociador del conflicto– están siendo mal aprovechadas, ya que se están convirtiendo en espacios de ideologización de causas y contrabando de agendas personales. Esto en vez de hacerlos un punto de encuentro para la distensión e intercambio racional de ideas, posiciones y perspectivas, en donde se aborden los temas de manera flexible, con estrategias enfocadas en procesos o estructuras y utilizando medidas no coercitivas y facilitando una actitud participativa de todos los actores.

Erradamente, en los actuales conflictos, los actores están confundiendo sus posiciones, atribuciones y representatividad. Por un lado, las empresas –aplicando convenientemente el dicho “Por la boca muere el pez”– permanecen en cura de silencio y el Estado aparece mal representado por ministros parlanchines que hablan como si fuesen voceros de las empresas. Y por el otro lado vemos que las comunidades mal informadas procuran protección amparándose en líderes oportunistas y (demasiadas) ONG ponzoñosas que son justamente las que desinforman, azuzan, generan temores infundados y son disociadoras. A tan solo diez meses de iniciado el gobierno del presidente Ollanta Humala, los enemigos del orden y la paz interna ya conocen la receta ideal para el caos social y la inestabilidad de las inversiones. Lamentablemente, la principal amenaza del Perú está siendo enfrentada con mecanismos inadecuados y enfoques desacertados e ineficaces. Lo que se requiere es manejar todo el problema desde un sistema nacional de prevención de conflictos en el marco de una eficiente política de Estado y no seguir solamente tratando de apagar incendios.


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Para proteger la Amazonía - Irma Montes Patiño

Artículo de opinión sobre cómo la reforestación puede ayudar al desarrollo y protección de zonas altoandinas y de la selva, ayudando también a evitar los conflictos sociales en el Perú.


Promover proyectos de energías limpias en los Andes, como hidroeléctricas y reforestar las zonas andinas, generaría puestos de trabajo, evitaría conflictos sociales, elevaría la calidad de vida de las comunidades altoandinas y, de paso se protegerá nuestra selva amazónica, que representa el 90% de los bosques peruanos. Tal como ocurre con la hidroeléctrica de Chaglla. En esa óptica, desarrollar una industria maderera andina, moderna y competitiva es una estrategia de bajo costo y corto plazo para garantizar la paz social y el crecimiento económico rural. 

Más de 7 millones de hectáreas en la sierra esperan ser recuperadas y las comunidades están ávidas por trabajarlas. Esta región constituye el 30% del territorio nacional y, según la FAO, “presenta una escasa cobertura de bosques naturales”. Impulsar una industria de la madera allí, de hecho protegerá los bosques primarios de la Amazonía de la tala ilegal, y brindará a las comunidades herramientas para superar la pobreza. Del mismo modo, las hidroeléctricas altoandinas evitarán la inundación de vastas áreas selváticas, el consecuente desplazamiento de comunidades enteras, pérdida de culturas y tradiciones y degradación de ecosistemas. Las hidroeléctricas altoandinas han sido, desde el siglo XX, la alternativa a la demanda energética del país. El ingeniero y matemático Santiago Antúnez de Mayolo Gomero dedicó su vida a estudiar la energía potencial de los ríos andinos, proponiendo la construcción de centrales que se materializaron en la segunda mitad del siglo XX.

En el caso de la reforestación en los Andes, a finales del siglo XIX y hasta la década del 60 del siglo XX, la Cerro de Pasco Peruvian Corporation introdujo y cultivó eucaliptos en Junín, pero tras su estatización por la dictadura velasquista se detuvo esa siembra. ¿Resultado? Hoy la madera escasea en la zona. Reforestar la sierra es prioritario para luchar contra la pobreza y lograr la inclusión social. Al integrar o reactivar esta propuesta con proyectos exitosos como Sierra Productiva o la truncada y prometedora Sierra Verde (a finales de los 90) se generan puestos de trabajo, círculos ecológicos virtuosos y oportunidades para millares de compatriotas que engrosan las estadísticas de la extrema pobreza. Todo esto evitará futuros conflictos socioambientales y protegerá nuestra Amazonía.

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Por una efectiva política ambiental - Irma Montes Patiño

Artículo de opinión sobre la implementación de una política ambiental efectiva en el país.

Las marchas y contramarchas experimentadas en el manejo del conflicto de Minas Conga pusieron al descubierto la desinformación y falta de comunicación entre los actores involucrados, lo que sumado a la poca coordinación intersectorial e intergubernamental evidenció la carencia de institucionalidad de nuestra política ambiental. Analizando profundamente el tema, puede afirmarse que las incoherencias se originan en la concepción errada de que la creación del ente rector de la política ambiental del país debía atender los pedidos de un Estado extranjero –en este caso Estados Unidos– al condicionar la aprobación del TLC a la creación del Ministerio del Ambiente, entre otras cosas.

En esos momentos, se debió aprovechar la oportunidad para cumplir con la necesidad de implementar una política ambiental seria, coherente, coordinada y sostenible a largo plazo, con una visión común e integradora de país. Un plan inmerso en una proyección hacia los auténticos objetivos del sector ambiental previniendo que hoy en día se tropiece –debido a su desacertada concepción– con visiones y estrategias discordantes de sectores como Energía y Minas, Transportes, Agricultura y Producción, además del manejo óptimo del recurso hídrico.

Estamos aún a tiempo de revertir muchos de estos errores y enfocar soluciones hacia una meta uniforme y coordinada centrándonos en una visión a largo plazo. Para ello debemos acudir a herramientas ya disponibles como la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) existente en el marco de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental como un “proceso sistemático, activo y participativo que tiene como finalidad internalizar la variable ambiental en las propuestas de las políticas, planes y programas de desarrollo” en todos los niveles de gobierno y que tengan implicancias ambientales significativas.

Es decir, un instrumento homogeneizado que marque la pauta en la elaboración de estudios de impacto ambiental y social y sirva como referente en el cumplimiento apropiado de la normativa. Es imperativo, asimismo, contar con una ley de ordenamiento territorial eficiente, elaborada sobre la base de información técnica y científica de las potencialidades y limitaciones del territorio y teniendo en cuenta las demandas de la población a través de la consulta libre e informada. Que logre integrar los instrumentos técnicos disponibles con miras a reducir la conflictividad social y promover la sostenibilidad del desarrollo de nuestro país. Se necesita, además, una adecuada asignación de recursos y el fortalecimiento de las capacidades de servidores públicos, pues mucho se queda en intentos viables que se frustran por falta de capacidad de decisión o visión de las personas a cargo. Nos encontramos pues ante una excelente oportunidad para que el positivamente refrescado Gabinete –apoyándose en técnicos de primer nivel– enmiende el rumbo de la efervescencia social y genere los escenarios adecuados para el diálogo, promoviendo el manejo constructivo de los conflictos y el desarrollo armónico del país. Que lo nacido con Minas Conga nos sirva como advertencia de las graves consecuencias de la falta de una política coherente sobre esta delicada materia.

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Abuso de la protesta social ( en el Perú ) - Irma Montes Patiño

Artículo de opinión sobre al abuso de la protesta social en el Perú. Estos relacionados en el momento de escrito el artículo, con la minería ilegal e informal.

El conocido actor George Clooney fue apresado –y liberado tras 12 horas– el último viernes en Washington D.C. por protestar pacíficamente contra el régimen sudanés. Mientras tanto en el Perú manifestantes violentos, vinculados a la minería ilegal en la selva sur, se rasgan las vestiduras victimizándose al tiempo que atropellan leyes y generan violencia hasta dejar tres muertos y más de 60 heridos. Las protestas generadas en torno a la minería se han agudizado en las últimas semanas arriesgando la estabilidad social y amenazando el Estado de derecho.

Vuelven las protestas hoy, a casi un año de los enfrentamientos en Madre de Dios entre mineros ilegales y autoridades del gobierno nacional por la destrucción de dragas ilegales, y el panorama ha empeorado convirtiéndose en una batalla campal por temas políticos e ideológicos.

En aquel entonces, se propuso un proyecto de formalización y apoyo multisectorial hacia los mineros para lograr un cambio efectivo y dar a los jóvenes involucrados en la minería ilegal una alternativa de ocupación. Sin embargo, hoy esta actividad no solo existe en zonas de exclusión minera sino, lo que es peor, hay evidencia contundente de que la minería ilegal está directamente vinculada con el narcotráfico y el lavado de activos.

El problema persiste, pues no existe una noción de la verdadera democracia, del vivir en sociedad respetando las leyes y el principio de autoridad y que el derecho a la protesta pacífica no sea excusa para la revuelta violenta y para desencadenar el caos social por todo aquello con lo que no se está de acuerdo.

Decretar la formalización de una actividad ilegal es dar una oportunidad de entrar en regla, advertir al que está evadiendo la ley que su situación puede empeorar de no respetar las normas. Formalizar no es atacar derechos laborales ni impedir la realización individual, como alegan los revoltosos.

La mal llamada minería artesanal o informal, la que usa dragas millonarias y químicos como el mercurio con consecuencias ambientales nefastas, es ilegal y perpetra delitos de contaminación ambiental en muchas de sus formas.

Por donde se mire, este tipo de minería es delictiva y debe permanecer tipificada como tal y contemplar penas severas.

Es necesario castigar entonces a todos los involucrados en la nefasta “ruta del oro”, desde los mineros ilegales, pasando por los intermediarios, acopiadores y ‘traders’, hasta los funcionarios de las empresas que demandan este tipo de metal de conocida procedencia ilícita.

Es urgente, asimismo, romper la cadena destructiva del oro sucio –que se cobija tras la máscara de la minería artesanal– y optar por la alternativa del oro verde, extraído de manera sostenible y por el que se paga hasta 15% más en el mercado internacional al garantizarse su procedencia ecológicamente responsable.

No permitamos la victimización de los plagiadores, no defendamos lo ilegal ni protejamos el falso discurso y la doble moral.

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Valor compartido y beneficio
Coexistencia efectiva