El diálogo genera confianza - Irma Montes Patiño

Artículo de opinión sobre el diálogo como método para evitar conflictos sociales en el Perú. Columna escrita el año 2012

El diálogo, como mecanismo de prevención de cualquier tipo de conflicto, es positivo y necesario. Sin embargo, como ya lo hemos sostenido, hay que usarlo en la etapa adecuada del conflicto para resolverlo. La proliferación de mesas de diálogo extemporáneas –cuando el conflicto ya estalló o escaló a etapa de crisis– demuestra que Hernando de Soto está en lo cierto cuando sostiene que existe una falta de “voz económica y comercial” en las comunidades y que hay actores que carecen de acceso al sistema nacional de justicia. 

Así, estas mesas se convierten en centros de conciliación y tribunales que el Estado no ha sabido poner al servicio de todos los ciudadanos. Precisamente por la carencia de canales y otros mecanismos de solución a sus problemas, es que acuden a estos lugares de consenso donde se plantean sus inquietudes. y dudas, y donde no necesariamente pueden exponerlas en igualdad de condiciones. Son, pues, estas diferencias en materia política, económica y comercial las que de por sí generan una asimetría en la calidad del diálogo. No obstante ello, es un hecho que la disposición de mantener las mesas de diálogo –como la de Espinar– demuestra voluntad de recuperar la confianza y de no repetir los errores de otros conflictos como Conga, Tía María o el mismo ‘baguazo’. Para su éxito, debe generarse confianza a través del diálogo, sobre todo, con transparencia por parte de las empresas extractivas, tanto en sus inversiones como en el manejo y mitigación de sus pasivos ambientales.

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Oro para todos - Irma Montes Patiño

Artículo de opinión que trata sobre los recursos extractivos. Escrito el año 2012.

Los proyectos mineros están en el ojo de la tormenta, y no por sus virtudes –como la importancia para el crecimiento de la economía nacional–, sino por sus negativos impactos ambientales e incapacidad para beneficiar a corto plazo a las comunidades. Se han convertido, además, en la coartada de oportunistas para irrumpir en la escena política, sin mérito ni propuesta alguna. Personajes que se oponen por oponerse, que vociferan agua, Pachamama, contaminación y automáticamente copan los medios y pretenden ponerse a la altura de un presidente.

Indiscutiblemente, los proyectos extractivos y de infraestructura favorecen el desarrollo y el progreso, pero si las cosas no se hacen correcta y transparentemente, tendrán costos socioambientales irreversibles, pero sí previsibles, mitigables y hasta capitalizables. 

Los procesos de extracción de oro, y otros demandados metales, padecen de mala fama.Y es que unas pocas empresas erraron las formas, incumplieron promesas o trabajaron negligentemente. Demás está nombrar a los chicos malos de ambos bandos: empresas irresponsables y antimineros trasnochados. Más útil resulta poner el reflector sobre propuestas que muestran cómo el oro sí puede brillar para todos. 

El Perú sigue atrayendo las inversiones pese a la crisis global. Las compañías extractivas transnacionales continúan posicionándose aquí para procurar buenos negocios, por que genera rriqueza es el único y principal objetivo de toda empresa (moléstele a quien le moleste). Estas son cada vez más sensibles y conscientes de la necesidad de alinearse con los aspectos socioculturales y ambientales, para que la gran minería evolucione hacia un desarrollo, positivo y sostenible.Crucial resulta el respeto de los derechos ajenos, particularmente de las comunidades en cuyos territorios se albergan los recursos naturales.

Sobran quienes afirman que la explotación de recursos y el desarrollo son incompatibles con la conservación ambiental. Olvidan que antes de solicitar permisos, licencias o ejecutar los contratos, hay mecanismos positivos para la mitigación de los impactos socioculturales y ecológicos adversos.Estos mecanismos van desde la participación ciudadana hasta los acuerdos de impacto y beneficio (AIB). Los AIB son ampliamente usados en países respetuosos de sus poblaciones aborígenes, como Canadá y Australia (coincidentemente de donde provienen muchas de las empresas extractivas que operan en el Perú). Los AIB son convenios legales y ejecutables, suscritos entre las empresas y las comunidades que potencialmente serán afectadas, para establecer relaciones formales y de confianza, reducir el impacto negativo de los proyectos y asegurar el beneficio económico comunal. Además de posibilitarles la defensa de sus propios intereses y derechos y promocionar el empleo entre integrantes de la comunidad, algunos AIB incorporan disposiciones relativas a la participación de las comunidades en las utilidades del negocio, así como la atenuación de impactos culturales, programas sociales y mecanismos de manejo constructivo de conflictos: instrumentos que contribuyen a una participación comunal más directa en la toma de decisiones. 

Hace casi un año se promulgó la aplaudida ley de consulta previa. Hoy corresponde al Estado ser coherente con su política de promoción de inclusión social, impulsando iniciativas como los AIB, en aras de la pacificación y la justicia social y ambiental.

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Propiedad y prosperidad - Irma Montes Patiño

Artículo de opinión que trata sobre la propiedad de los recursos extractivos. Escrito el año 2012.

La presencia de gas y petróleo bajo sus campos de cultivo y pastoreo ha desatado un ‘boom’ económico para cerca de 200 familias rurales. No hay conflicto con las empresas que extraerán los recursos del subsuelo de sus propiedades. Esto ocurre en Estados Unidos, específicamente en Caldwell, una zona alta del valle del río Ohio. “The New York Times” informó recientemente que la empresa energética Eclipse Resources encontró importantes reservas hidrocarburíferas –gas natural específicamente– en el subsuelo de decenas de predios agrícolas. Antes del hallazgo el ingreso por familia en la zona era menor a 3.000 dólares mensuales (muy por debajo de la media norteamericana), después todo cambió. Eclipse Resources, una empresa de Pensilvania, ya giró su primer cheque a un grupo de 70 granjeros organizados: 16 millones de dólares, por concepto de arrendamiento financiero –leasing– por el recurso que extraerán del subsuelo de sus propiedades. Y es que, por ley, en varios estados de ese país el dueño de la superficie lo es también del subsuelo y lo que haya en él. El acuerdo comunidad-empresa incluye un 19% de regalías sobre las utilidades que generen los recursos.

Como cualquier otro proyecto extractivo, el de Ohio tiene riesgos: las perforaciones amenazan la calidad y disponibilidad de agua, y pueden filtrarse el gas y el petróleo. Por ello, el estado reescribió la normativa pertinente a la disposición de aguas servidas de pozos de gas y petróleo; elevó los estándares de seguridad; estableció la obligatoria transparencia en el uso de insumos químicos, entre varias disposiciones para el cuidado de la salud humana y ambiental. El acuerdo incluye salvaguardas para proteger el recurso hídrico y los suelos, garantizar la calidad y disponibilidad del agua, la conservación ambiental y la salud. Los predios agrícolas se han revalorizado 130 veces: hoy la empresa paga 4.000 dólares por acre (aproximadamente media hectárea), mientras antes las transacciones en el mercado se daban por apenas 30 dólares.

En esta zona de Ohio se ha aplicado una eficiente estrategia de transformación de conflictos, respeto por la propiedad ajena, el diálogo, la negociación y la preocupación por la conservación ambiental y la salud. Si en nuestro país se consideraran estos mecanismos de respeto, valorización justa y protección ambiental en la explotación de los recursos del subsuelo de las comunidades (aunque la Constitución diga que son del Estado), no tendríamos problemas como el de Conga, Espinar o Puno, entre otros. 

La controversial pero necesaria inversión en Conga será de casi 5 mil millones en 17 años –unos 800 mil dólares diarios– mientras las pérdidas por las protestas se estiman en un millón diarios para la región Cajamarca. La mala estrategia de manejo de un conflicto por parte de la empresa y la incapacidad del Estado para llamar al orden a sus funcionarios –como el presidente regional Santos– han desencadenado un problema colectivo con un gravísimo impacto local y nacional. Es tiempo de mirar otros casos de éxito en la obtención de licencias sociales para proyectos de extracción de recursos, como el caso de Caldwell, Ohio. Aprendamos ya.

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La importancia de la palabra - Irma Montes Patiño

Artículo de opinión sobre el enfoque del  diálogo que se dan en los conflictos sociales. Escrito el 2012.

La palabra a veces si crea la cosa; y la incumplida, el caos. La incapacidad de los funcionarios del ejecutivo para abordar los conflictos sociales se refleja en el constante cambio de interlocutores y de términos. Esta actitud errática ha desembocado –especialmente en el Caso Conga– en un pantano del cual será difícil salir si las pocas alternativas para solucionar el conflicto no se utilizan correctamente, y en el momento adecuado.

Los varios actores en Conga, con sus marchas y contramarchas, han dejado escasas vías de solución y creado incertidumbre. Lo que ahora nos ocupa –y debe preocuparnos– es que en este nuevo cambio de estrategia se confunden los términos. Se dice “dialogar” y algunos pretenden convertirlo en sinónimo de “negociar”. Nos llenan de palabras confusas y nada en concreto.

Unos entienden que dialogar es sentarse a negociar, y otros que para sentarse hay que poner condiciones, pero cuando se dialoga no deben ni pueden existir condicionamientos. Ahora se introduce la figura del facilitador o mediador. En el complejo escenario cajamarquino es importante reconocer haber logrado un consenso para la aceptación de los facilitadores: monseñor Cabrejos y el padre Garatea.

Será difícil, sin embargo, que ambos se abstengan de opinar y, lamentablemente, cualquier opinión desvirtuará su función “mediadora”, arriesgando el proceso. La figura de los religiosos mediadores puede generar falsas expectativas en la población, que puede confundir su papel con el de árbitros cuyo dicho será decisivo y vinculante. 

Ya el presidente del Frente de Defensa de los Intereses de Cajamarca, Idelso Hernández –abierto opositor a Conga–, empezó a promover el desentendimiento al decir: “Primero que reflexionen [Cabrejos y Garatea] y entiendan nuestra plegaria, teniendo en cuenta los principios espirituales y de la vida. Esperamos en ese sentido que se conviertan en los aliados del pueblo”.

Estos discursos apocalípticos y confusionistas (tipo vida sí, oro no) calan en la desesperanza de una población que solo ha recibido falsas promesas de mejoramiento de su calidad de vida. Se trata ahora de que esa palabra sí se cumpla.

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El riesgo del diálogo extemporáneo - Irma Montes Patiño

Artículo de opinión sobre el enfoque, uso y fin de las mesas de diálogo que se dan en los conflictos sociales. Escrito el 2012.

Hasta el cansancio se ha escrito, discutido y analizado, sin logros ni mejorías, el tema de los conflictos sociales. La pregunta es cómo se solucionará algo que ya escaló en etapa de crisis, con enfrentamientos, posiciones antagónicas intransigentes. No parece que se esté pensando que quizá se ha asumido una estrategia errada para lograr el manejo constructivo de los conflictos. Vemos que la mayoría de métodos se ha enfocado –de manera inicialmente lógica pero ineficaz– en buscar el diálogo como solución. El diálogo es indiscutiblemente una vía democrática acertada y sobre todo pacífica para manejar con legitimidad los conflictos sociales y representa asimismo una vía válida, siempre y cuando esté bien enfocado y, fundamentalmente, insertado en la fase adecuada del conflicto. Por ello es crucial saber identificar en qué medida y momento combinar la opción del diálogo con otros métodos de resolución de conflictos.

En el caso de los actuales conflictos socioambientales –como Cajamarca y Espinar– el “diálogo” se está confundiendo con la etapa de negociación, que es lo que terminarán haciendo los tres ministros delegados. Los mecanismos de diálogo y negociación son diferentes y deben usarse en fases distintas del proceso. Además, se espera ver resultados inmediatos cuando el proceso de gestión del conflicto es dinámico y paulatino debiendo adaptarse a las distintas fases y condiciones del mismo. Las llamadas mesas de diálogo –que deben convocarse como mecanismo preventivo, no negociador del conflicto– están siendo mal aprovechadas, ya que se están convirtiendo en espacios de ideologización de causas y contrabando de agendas personales. Esto en vez de hacerlos un punto de encuentro para la distensión e intercambio racional de ideas, posiciones y perspectivas, en donde se aborden los temas de manera flexible, con estrategias enfocadas en procesos o estructuras y utilizando medidas no coercitivas y facilitando una actitud participativa de todos los actores.

Erradamente, en los actuales conflictos, los actores están confundiendo sus posiciones, atribuciones y representatividad. Por un lado, las empresas –aplicando convenientemente el dicho “Por la boca muere el pez”– permanecen en cura de silencio y el Estado aparece mal representado por ministros parlanchines que hablan como si fuesen voceros de las empresas. Y por el otro lado vemos que las comunidades mal informadas procuran protección amparándose en líderes oportunistas y (demasiadas) ONG ponzoñosas que son justamente las que desinforman, azuzan, generan temores infundados y son disociadoras. A tan solo diez meses de iniciado el gobierno del presidente Ollanta Humala, los enemigos del orden y la paz interna ya conocen la receta ideal para el caos social y la inestabilidad de las inversiones. Lamentablemente, la principal amenaza del Perú está siendo enfrentada con mecanismos inadecuados y enfoques desacertados e ineficaces. Lo que se requiere es manejar todo el problema desde un sistema nacional de prevención de conflictos en el marco de una eficiente política de Estado y no seguir solamente tratando de apagar incendios.


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Para proteger la Amazonía - Irma Montes Patiño

Artículo de opinión sobre cómo la reforestación puede ayudar al desarrollo y protección de zonas altoandinas y de la selva, ayudando también a evitar los conflictos sociales en el Perú.


Promover proyectos de energías limpias en los Andes, como hidroeléctricas y reforestar las zonas andinas, generaría puestos de trabajo, evitaría conflictos sociales, elevaría la calidad de vida de las comunidades altoandinas y, de paso se protegerá nuestra selva amazónica, que representa el 90% de los bosques peruanos. Tal como ocurre con la hidroeléctrica de Chaglla. En esa óptica, desarrollar una industria maderera andina, moderna y competitiva es una estrategia de bajo costo y corto plazo para garantizar la paz social y el crecimiento económico rural. 

Más de 7 millones de hectáreas en la sierra esperan ser recuperadas y las comunidades están ávidas por trabajarlas. Esta región constituye el 30% del territorio nacional y, según la FAO, “presenta una escasa cobertura de bosques naturales”. Impulsar una industria de la madera allí, de hecho protegerá los bosques primarios de la Amazonía de la tala ilegal, y brindará a las comunidades herramientas para superar la pobreza. Del mismo modo, las hidroeléctricas altoandinas evitarán la inundación de vastas áreas selváticas, el consecuente desplazamiento de comunidades enteras, pérdida de culturas y tradiciones y degradación de ecosistemas. Las hidroeléctricas altoandinas han sido, desde el siglo XX, la alternativa a la demanda energética del país. El ingeniero y matemático Santiago Antúnez de Mayolo Gomero dedicó su vida a estudiar la energía potencial de los ríos andinos, proponiendo la construcción de centrales que se materializaron en la segunda mitad del siglo XX.

En el caso de la reforestación en los Andes, a finales del siglo XIX y hasta la década del 60 del siglo XX, la Cerro de Pasco Peruvian Corporation introdujo y cultivó eucaliptos en Junín, pero tras su estatización por la dictadura velasquista se detuvo esa siembra. ¿Resultado? Hoy la madera escasea en la zona. Reforestar la sierra es prioritario para luchar contra la pobreza y lograr la inclusión social. Al integrar o reactivar esta propuesta con proyectos exitosos como Sierra Productiva o la truncada y prometedora Sierra Verde (a finales de los 90) se generan puestos de trabajo, círculos ecológicos virtuosos y oportunidades para millares de compatriotas que engrosan las estadísticas de la extrema pobreza. Todo esto evitará futuros conflictos socioambientales y protegerá nuestra Amazonía.

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El financiamiento contra Conga - Irma Montes Patiño

Artículo de opinión sobre el financiamiento contra proyectos de inversión (minera en este caso), y el trasfondo ideológico de las ONG antimineras.

Mucho se especula sobre los intereses detrás de los conflictos sociales, en especial de los socioambientales y, específicamente, en el caso de Minas Conga. Las causas no son recientes, pero sí complejas, pues las aristas y su trasfondo se incubaron largos años y hasta trascendieron diversos gobiernos.

Existen aspectos sociales, económicos, ambientales que muestran que este problema lleva años de gestación y que su solución a través de la “negociación” –como la estiman muchos mal asesorados políticos– no se dará en este ni en los próximos gobiernos, de continuar usándose mecanismos equivocados, pues es una cuestión de incapacidad y de errores acumulados por parte del Estado de pretender negociar el conflicto en lugar de transformarlo.

La etapa de crisis que llevó al estallido social del mismo y su imposibilidad, luego de muchos intentos de llegar a alguna solución, sí ha logrado transformar el conflicto, pero lamentablemente de manera negativa y perjudicial, pues ahora ha cobrado una connotación ideológica, política y hasta geopolítica, a tal punto que la manipulación por personajes que pretenden erigirse como figuras políticas utilizando la bandera ambientalista salta a la vista.

Sería válido, pues, analizar las distintas estrategias utilizadas para azuzar el conflicto promoviendo un viraje hacia lo radical e ideológico –que parece más “idiotológico”– al margen de lo puramente socioambiental. Ello debe apoyarse en la teoría de que existen intereses y actores, incluso legitimados y protegidos por la actual legislación, que aprovechan de la misma –o de la falta de esta– para contrabandear a sus anchas agendas paralelas que poco o nada tienen que ver con los temas centrales del conflicto y que deja pocas alternativas para el manejo constructivo y la transformación del mismo.

Dentro de las estrategias que mencionamos están los fondos, el financiamiento y la llamada asistencia técnica. 

Si bien mucha de esta asesoría es legítima, eficiente y necesaria, hay otro tipo: la que proviene de las ONG de “pensamiento único” financiadas con fondos del extranjero para fines particulares y que alimentan la justificación de su existencia en problemas como el de Conga. 

El trasfondo de muchos de estos conflictos sociales que devienen en ideológicos o políticos es, generalmente, un ciclo de flujo de capitales provenientes de organizaciones que operan sin supervisión nacional y, además, sin rendir cuentas del origen ni destino real de sus fondos, con lo cual pueden ser canalizados como “asistencia técnica”. Esto debido a que el proyecto de ley para fiscalizar a las ONG fuera vetado durante el gobierno de Alejandro Toledo. 

Entonces, antes de señalar culpables o pretender conceder logros, deberíamos analizar los nudos de gobernabilidad que dejaron los declarados garantes de la democracia y de la estabilidad social con escasa visión de estadistas y más de nefasta demagogia.

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Por un valor compartido y beneficio y una coexistencia efectiva.