Artículo de opinión sobre la implementación de una política ambiental efectiva en el país.
Las marchas y contramarchas experimentadas en el manejo del conflicto de Minas Conga pusieron al descubierto la desinformación y falta de comunicación entre los actores involucrados, lo que sumado a la poca coordinación intersectorial e intergubernamental evidenció la carencia de institucionalidad de nuestra política ambiental. Analizando profundamente el tema, puede afirmarse que las incoherencias se originan en la concepción errada de que la creación del ente rector de la política ambiental del país debía atender los pedidos de un Estado extranjero –en este caso Estados Unidos– al condicionar la aprobación del TLC a la creación del Ministerio del Ambiente, entre otras cosas.
En esos momentos, se debió aprovechar la oportunidad para cumplir con la necesidad de implementar una política ambiental seria, coherente, coordinada y sostenible a largo plazo, con una visión común e integradora de país. Un plan inmerso en una proyección hacia los auténticos objetivos del sector ambiental previniendo que hoy en día se tropiece –debido a su desacertada concepción– con visiones y estrategias discordantes de sectores como Energía y Minas, Transportes, Agricultura y Producción, además del manejo óptimo del recurso hídrico.
Estamos aún a tiempo de revertir muchos de estos errores y enfocar soluciones hacia una meta uniforme y coordinada centrándonos en una visión a largo plazo. Para ello debemos acudir a herramientas ya disponibles como la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) existente en el marco de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental como un “proceso sistemático, activo y participativo que tiene como finalidad internalizar la variable ambiental en las propuestas de las políticas, planes y programas de desarrollo” en todos los niveles de gobierno y que tengan implicancias ambientales significativas.
Es decir, un instrumento homogeneizado que marque la pauta en la elaboración de estudios de impacto ambiental y social y sirva como referente en el cumplimiento apropiado de la normativa. Es imperativo, asimismo, contar con una ley de ordenamiento territorial eficiente, elaborada sobre la base de información técnica y científica de las potencialidades y limitaciones del territorio y teniendo en cuenta las demandas de la población a través de la consulta libre e informada. Que logre integrar los instrumentos técnicos disponibles con miras a reducir la conflictividad social y promover la sostenibilidad del desarrollo de nuestro país. Se necesita, además, una adecuada asignación de recursos y el fortalecimiento de las capacidades de servidores públicos, pues mucho se queda en intentos viables que se frustran por falta de capacidad de decisión o visión de las personas a cargo. Nos encontramos pues ante una excelente oportunidad para que el positivamente refrescado Gabinete –apoyándose en técnicos de primer nivel– enmiende el rumbo de la efervescencia social y genere los escenarios adecuados para el diálogo, promoviendo el manejo constructivo de los conflictos y el desarrollo armónico del país. Que lo nacido con Minas Conga nos sirva como advertencia de las graves consecuencias de la falta de una política coherente sobre esta delicada materia.
Se puede descargar el artículo en digital, aquí:
O darle click a la siguiente imagen:
Saludos,
Irma Montes Patiño
