Un controvertido convenio - Irma Montes Patiño

Artículo de opinión sobre la ley de consulta previa. Columna escrita el 2012.

Un controvertido convenio suscrito el 11 de julio de 2012 entre Alberto Pizango, presidente de la Aidesep, y Pedro Miguel Grijalba Vásquez, de Petrobras Perú, increíblemente lesiona los derechos de los propios pueblos indígenas a los que la celebrada pero imperfecta Ley de Consulta Previa pretende proteger.

Las críticas a Pizango han sido muchas y desde varios frentes, sobre todo desde las bases de su pueblo de origen, los Shawi. Alfredo Torres Rucoba, alcalde de Balsapuerto, Loreto, calificó el hecho como una traición a los pueblos originarios. Incluso en abril el presidente del Consejo Aguaruna-Huambisa,Alexander TeetsWishu, lo acusa de malversar fondos y lo responsabiliza del abandono de los nativos apresados durante el Baguazo. Igual de duras han sido las expresiones desde la Conap, la segunda mayor organización indígena del país. 

El caso grafica que el debate sobre la eficacia de la Ley de Consulta está lejos de agotarse y, quizá, recién esté realmente por empezar el verdadero análisis de sus debilidades y entrampamientos. Lo de Pizango y Petrobras es un problema ético y a la vez muestra una profunda debilidad institucional y la pérdida de confianza de los mismos pueblos afectados. En estacolumna hemos reiterado la importancia de la palabra empeñada y a la confianza que debe imperar entre los actores. Solo en ese clima se podrá manejar de manera constructiva un potencial conflicto. Pizango y Petrobras han debilitado esa confianza entre pueblos y líderes, quienes juegan el importante papel de defensores delos derechos de sus hermanos. La debilidad institucional la expresa claramente el connotado experto en derecho internacional de los pueblos indígenas y jurista español Bartolomé Clavero, quien advirtió sobre este convenio. "Aparte de lo delicado de un compromiso de esta índole, la desproporción entre partida y contrapartida es enorme" Y enfatiza la cláusula séptima del convenio describiéndola como "tan desorbitada que no tiene cabida ni en la capacidad de una organización teóricamente representativa como la Aidesep ni, más general y llanamente, en el derecho contractual, esto es, entre las prácticas legítimas de extracción y tráfico de recursos. No obliga por supuesto a las comunidades indigenas". Con ello se refiere al contenido pernicioso que exime a las comunidades afectadas de cualquier reclamo, acción o demanda -de toda índole-en contra de Petrobras. En concreto, recae sobre pocas manos la decisión sobre un contrato leonino que nos afecta a todos como país y del que se benefician unos pocos dirigentes de turno. La duda y preocupación aparecen cuando reflexionamos sobre la objetividad y criterio que pueden tenerlos líderes nativos en quienes recae la responsabilidad de decidir mediante la aplicación de la ley de consulta -el destino delos recursos naturales de todos los peruanos. 

Uno se preguntaría ¿para qué insistir implementando la normas si llegado el momento bastará firmar un convenio casi secreto (algunos dirigentes de la Aidesep revelaron no haber conocido el contenido del documento) y dejar las decisiones que nos afecten a todos, en manos del representante de turno de las organizaciones indígenas? Hay que sumar que a todo esto además que el Gobierno mantiene inexplicablemente pa­ralizadas inversiones por más de 50 mil millones de dólares debido a la falta de institucionalidad.

Irma Montes Patiño

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Para recuperar la confianza - Irma Montes Patiño

Artículo de opinión que hace un análisis al tema ambiental, la falta de compromiso ante esto y lo  que esto conlleva. Columna escrita el 2012.

Durante la última campaña presidencial, los representantes de los partidos políticos más sólidos suscribieron el Pacto Ambiental, que con visión y acierto fue promovido por este Diario. Dentro de lo asumido figuraba: “Promover la conservación y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales en el marco de una gobernanza basada en el ordenamiento territorial, la inclusión social, equidad, participación ciudadana, interculturalidad, distribución equitativa de los beneficios y el fortalecimiento del Estado para el cumplimiento de su rol de administrar, salvaguardar los recursos naturales y prevenir los conflictos sociales”. También fortalecer el Sistema Nacional de Gestión Ambiental, con concertación intergubernamental, y el compromiso de reducir la degradación ambiental sin altos costos sociales. En el tema del agua, el compromiso fue la protección y el fortalecimiento de la institucionalidad. 

A 18 meses de asumidos esos compromisos vemos que a nuestros políticos les resulta fácil firmar –ad portas de una elección– para luego de asumir diversos cargos y olvidar lo prometido. Los conflictos socioambientales han escalado a récords históricos. La ausencia de institucionalidad ambiental y de manejo de conflictos es grave; no se respeta la coordinación intergubernamental, se vulneran derechos ciudadanos y la multiculturalidad y las comunidades no perciben los beneficios por la ineficiencia de sus autoridades. Lo peor: en el camino se han firmado otros pactos como el inexplicable beneficio a la minería informal. De esta manera se han otorgado doce meses más de impunidad para que continúen depredando hasta que estos mineros se “formalicen”. 

Esta prórroga para destruir y extraer oro ilegalmente, transgredir derechos y facilitar la evasión tributaria fue avalada por el actual ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal. Mientras tanto, se boicotean grandes proyectos mineros como Pierina (Barrick), Raura (Minsur) y Quellaveco (AngloAmerican) que respetan estándares ambientales e intentan impactar positivamente en la comunidad, aunque no lo logren al ritmo que estas esperan. Algunos líderes locales –adportas de una etapa de campaña electoral regional y provincial– buscan protagonismo descalificando la labor de estas empresas, y pretenden llevar lo ambiental a la arena sociopolítica para confundir y menoscabar logros de proyectos de inversión que aportan a las arcas de los mismos dirigentes que las atacan. Recuperar la confianza de las poblaciones de las zonas aledañas a los grandes proyectos mineros requiere de una sólida institucionalidad ambiental y de la adecuada fiscalización y monitoreo por parte del Estado.

Irma Montes Patiño

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Incertidumbre a un año de la consulta previa - Irma Montes Patiño

Artículo de opinión sobre la consulta previa y los riesgos que podría implicar a  las inversiones en el Perú. Columna escrita el año 2012

La promulgación de la Ley de Consulta Previa ha cumplido un año, y lo que se tiene son más preguntas que respuestas. El panorama no está claro, los conflictos socioambien­tales continúan. Tienen razón los detractores de la norma cuando señalan que su implementación es casi imposible debido a cómo fue reglamentada. A un año, existe aún incertidumbre porque la Ley de Consulta Previa requiere de un reglamento que -a diferencia del actual- sea eficiente y coherente. Recordemos que el propio proceso de elaboración del reglamento fue cuestionado por las organizaciones indígenas, pues algunos artículos contravienen lo establecido en el Convenio 169 de la OIT la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y la propia norma que debe reglamentar. 

Hace unos días se presentó el lnforme Alternativo Anual del cumplimiento del Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas, especialmente relevante, pues es el primero presentado con Ollanta Humala. El documento considera que el Estado peruano insiste en priorizar el "extractivismo" generando conflictos al no respetar la voluntad de las comunidades ni el cumplimiento de la Ley de Consulta. El aprovechamiento de los recursos no debería ser excluyente, sino complementario, pues la norma fue dada para proteger los derechos de los pueblos en cuyos territorios se encuentran los recursos a extraerse. 

No le falta sentido al informe altemativo, ni razón a los representantes de los pueblos indígenas cuando llaman la atención de los organismos internacionales sobre si el Gobierno tiene la real intención de proteger sus derechos sobre decisiones que puedan afectar sus territorios. Tomemos en cuenta que hasta junio pasado, un cuarto del territorio peruano estaba ya concesionado para proyectos mineros los cuales, sin duda, no fueron sujetos a la mencionada ley. La supuesta buena noticia es que, en breve, la ley se aplicará en un proceso de consulta en Lore­to para un proyecto de PerúPetro de extracción hidrocarburífera en el Lote lAB. No queda claro, sin embargo, qué entidad se encargará de promover dicha consulta: si el Ministerio de Energía y Minas o la empresa extractiva, según la Ley Orgánica de Hidrocarburos, que señala que la compañía es la encargada de promover la inversión en exploración y explotación (artículo 6.a), así como negociar, celebrar y supervisar los contratos del sector (articulo 6..b). Esta posibilidad es evidente si consideramos que el turbio reglamento de la Ley de Consulta ofrece la posibilidad de acomo­dar la consulta a la normativa de cada sector. Lo preocupante es que, al no implementarse aún de manera adecuada esta ley; se resta institucionalidad a las políticas sectoriales que deben regir a las actividades extractivas y, lo que es peor, se pone en riesgo el enfoque intercultural de dicha institucionalidad en desmedro de la tan ofrecida inclusión social. Y para agravar la situación, se amenaza la fluidez y la estabilidad de las inversiones en actividades productivas, motor de nuestra economía y a las que debemos el estable crecimiento de los últimos 35 meses pese a la crisis internacional.

Irma Montes Patiño

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Diálogo de sordos en la tierra del alto comisionado - Irma Montes Patiño

Artículo de opinión sobre la gestión del diálogo en los actores del estado para evitar conflictos sociales en el Perú. Columna escrita el año 2012

Lo que está ocurriendo en Jauja demuestra que la flamante Oficina de Diálogo Nacional, de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), nació muerta (algo que en reiteradas oportunidades hemos sostenido).

En Jauja la autoridad local está enfrentada a la regional. El alcalde Sabino Mayor encabeza las protestas por la construcción de un aeropuerto en Orcotuna, lo que dejaría sin efecto la ya acordada ampliación e internacionalización del aeropuerto de Jauja y acusa al presidente regional Vladimir Cerrón de mentir al ministro de Transportes y Comunicaciones (MTC). Mientras tanto, Carlos Paredes, ministro del sector, informa que aún no se decide si se construirá un nuevo aeropuerto internacional de Junín en Orcotuna. Las protestas violentas muestran el nivel de descoordinación y desinformación intergubernamental, de tensión y el clima de desconfianza que estamos viviendo. La tensión no se solucionará cambiándole el nombre a una oficina ni poniendo caras nuevas.

El Perú –ya lo dijimos- requiere un sistema nacional de prevención y transformación de conflictos descentralizado y con capacidad de decisión. La protesta de los jaujinos es una comprobación de que Huaroc –ex presidente de la misma región donde ocurren los sucesos y actual jefe de la Oficina Nacional de Diálogo– no dejó el piso parejo. Su nombramiento como una suerte de ‘zar del diálogo’ es hasta ahora uno de los principales errores del primer ministro Jiménez Mayor. Recordemos que Huaroc, como presidente regional de Junín, prefirió mirar hacia otro lado antes de resolver la problemática del contaminado lago Chinchaycocha. En Jauja, falló la comunicación a todo nivel y es evidente que la autoridad nacional y regional carecen de credibilidad. Las balas se usaron antes que las palabras y la fuerza sobre la razón. ¿Dónde estaban Huaroc y “su diálogo”?

Irma Montes Patiño

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El diálogo genera confianza - Irma Montes Patiño

Artículo de opinión sobre el diálogo como método para evitar conflictos sociales en el Perú. Columna escrita el año 2012

El diálogo, como mecanismo de prevención de cualquier tipo de conflicto, es positivo y necesario. Sin embargo, como ya lo hemos sostenido, hay que usarlo en la etapa adecuada del conflicto para resolverlo. La proliferación de mesas de diálogo extemporáneas –cuando el conflicto ya estalló o escaló a etapa de crisis– demuestra que Hernando de Soto está en lo cierto cuando sostiene que existe una falta de “voz económica y comercial” en las comunidades y que hay actores que carecen de acceso al sistema nacional de justicia. 

Así, estas mesas se convierten en centros de conciliación y tribunales que el Estado no ha sabido poner al servicio de todos los ciudadanos. Precisamente por la carencia de canales y otros mecanismos de solución a sus problemas, es que acuden a estos lugares de consenso donde se plantean sus inquietudes. y dudas, y donde no necesariamente pueden exponerlas en igualdad de condiciones. Son, pues, estas diferencias en materia política, económica y comercial las que de por sí generan una asimetría en la calidad del diálogo. No obstante ello, es un hecho que la disposición de mantener las mesas de diálogo –como la de Espinar– demuestra voluntad de recuperar la confianza y de no repetir los errores de otros conflictos como Conga, Tía María o el mismo ‘baguazo’. Para su éxito, debe generarse confianza a través del diálogo, sobre todo, con transparencia por parte de las empresas extractivas, tanto en sus inversiones como en el manejo y mitigación de sus pasivos ambientales.

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Oro para todos - Irma Montes Patiño

Artículo de opinión que trata sobre los recursos extractivos. Escrito el año 2012.

Los proyectos mineros están en el ojo de la tormenta, y no por sus virtudes –como la importancia para el crecimiento de la economía nacional–, sino por sus negativos impactos ambientales e incapacidad para beneficiar a corto plazo a las comunidades. Se han convertido, además, en la coartada de oportunistas para irrumpir en la escena política, sin mérito ni propuesta alguna. Personajes que se oponen por oponerse, que vociferan agua, Pachamama, contaminación y automáticamente copan los medios y pretenden ponerse a la altura de un presidente.

Indiscutiblemente, los proyectos extractivos y de infraestructura favorecen el desarrollo y el progreso, pero si las cosas no se hacen correcta y transparentemente, tendrán costos socioambientales irreversibles, pero sí previsibles, mitigables y hasta capitalizables. 

Los procesos de extracción de oro, y otros demandados metales, padecen de mala fama.Y es que unas pocas empresas erraron las formas, incumplieron promesas o trabajaron negligentemente. Demás está nombrar a los chicos malos de ambos bandos: empresas irresponsables y antimineros trasnochados. Más útil resulta poner el reflector sobre propuestas que muestran cómo el oro sí puede brillar para todos. 

El Perú sigue atrayendo las inversiones pese a la crisis global. Las compañías extractivas transnacionales continúan posicionándose aquí para procurar buenos negocios, por que genera rriqueza es el único y principal objetivo de toda empresa (moléstele a quien le moleste). Estas son cada vez más sensibles y conscientes de la necesidad de alinearse con los aspectos socioculturales y ambientales, para que la gran minería evolucione hacia un desarrollo, positivo y sostenible.Crucial resulta el respeto de los derechos ajenos, particularmente de las comunidades en cuyos territorios se albergan los recursos naturales.

Sobran quienes afirman que la explotación de recursos y el desarrollo son incompatibles con la conservación ambiental. Olvidan que antes de solicitar permisos, licencias o ejecutar los contratos, hay mecanismos positivos para la mitigación de los impactos socioculturales y ecológicos adversos.Estos mecanismos van desde la participación ciudadana hasta los acuerdos de impacto y beneficio (AIB). Los AIB son ampliamente usados en países respetuosos de sus poblaciones aborígenes, como Canadá y Australia (coincidentemente de donde provienen muchas de las empresas extractivas que operan en el Perú). Los AIB son convenios legales y ejecutables, suscritos entre las empresas y las comunidades que potencialmente serán afectadas, para establecer relaciones formales y de confianza, reducir el impacto negativo de los proyectos y asegurar el beneficio económico comunal. Además de posibilitarles la defensa de sus propios intereses y derechos y promocionar el empleo entre integrantes de la comunidad, algunos AIB incorporan disposiciones relativas a la participación de las comunidades en las utilidades del negocio, así como la atenuación de impactos culturales, programas sociales y mecanismos de manejo constructivo de conflictos: instrumentos que contribuyen a una participación comunal más directa en la toma de decisiones. 

Hace casi un año se promulgó la aplaudida ley de consulta previa. Hoy corresponde al Estado ser coherente con su política de promoción de inclusión social, impulsando iniciativas como los AIB, en aras de la pacificación y la justicia social y ambiental.

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Propiedad y prosperidad - Irma Montes Patiño

Artículo de opinión que trata sobre la propiedad de los recursos extractivos. Escrito el año 2012.

La presencia de gas y petróleo bajo sus campos de cultivo y pastoreo ha desatado un ‘boom’ económico para cerca de 200 familias rurales. No hay conflicto con las empresas que extraerán los recursos del subsuelo de sus propiedades. Esto ocurre en Estados Unidos, específicamente en Caldwell, una zona alta del valle del río Ohio. “The New York Times” informó recientemente que la empresa energética Eclipse Resources encontró importantes reservas hidrocarburíferas –gas natural específicamente– en el subsuelo de decenas de predios agrícolas. Antes del hallazgo el ingreso por familia en la zona era menor a 3.000 dólares mensuales (muy por debajo de la media norteamericana), después todo cambió. Eclipse Resources, una empresa de Pensilvania, ya giró su primer cheque a un grupo de 70 granjeros organizados: 16 millones de dólares, por concepto de arrendamiento financiero –leasing– por el recurso que extraerán del subsuelo de sus propiedades. Y es que, por ley, en varios estados de ese país el dueño de la superficie lo es también del subsuelo y lo que haya en él. El acuerdo comunidad-empresa incluye un 19% de regalías sobre las utilidades que generen los recursos.

Como cualquier otro proyecto extractivo, el de Ohio tiene riesgos: las perforaciones amenazan la calidad y disponibilidad de agua, y pueden filtrarse el gas y el petróleo. Por ello, el estado reescribió la normativa pertinente a la disposición de aguas servidas de pozos de gas y petróleo; elevó los estándares de seguridad; estableció la obligatoria transparencia en el uso de insumos químicos, entre varias disposiciones para el cuidado de la salud humana y ambiental. El acuerdo incluye salvaguardas para proteger el recurso hídrico y los suelos, garantizar la calidad y disponibilidad del agua, la conservación ambiental y la salud. Los predios agrícolas se han revalorizado 130 veces: hoy la empresa paga 4.000 dólares por acre (aproximadamente media hectárea), mientras antes las transacciones en el mercado se daban por apenas 30 dólares.

En esta zona de Ohio se ha aplicado una eficiente estrategia de transformación de conflictos, respeto por la propiedad ajena, el diálogo, la negociación y la preocupación por la conservación ambiental y la salud. Si en nuestro país se consideraran estos mecanismos de respeto, valorización justa y protección ambiental en la explotación de los recursos del subsuelo de las comunidades (aunque la Constitución diga que son del Estado), no tendríamos problemas como el de Conga, Espinar o Puno, entre otros. 

La controversial pero necesaria inversión en Conga será de casi 5 mil millones en 17 años –unos 800 mil dólares diarios– mientras las pérdidas por las protestas se estiman en un millón diarios para la región Cajamarca. La mala estrategia de manejo de un conflicto por parte de la empresa y la incapacidad del Estado para llamar al orden a sus funcionarios –como el presidente regional Santos– han desencadenado un problema colectivo con un gravísimo impacto local y nacional. Es tiempo de mirar otros casos de éxito en la obtención de licencias sociales para proyectos de extracción de recursos, como el caso de Caldwell, Ohio. Aprendamos ya.

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