El aire dañino que respiramos y que las autoridades no se esfuerzan en mejorar - Irma Montes Patiño

Ya casi termina el año y seguimos respirando aire de bajísima calidad, casi tan baja como el compromiso de las autoridades para enfrentar la contaminación.

La fuente es el añejo parque automotor que sigue circulando por la capital, sin que la reforma del transporte se implemente, y no se hará si la iniciativa municipal no es respaldada por una decisión de Estado. Súmese a los motores, las industrias y refinerías mineras y petroleras ubicadas en zonas urbanas y periurbanas que incumplen los estándares ambientales, y no faltan las explotaciones mineras ilegales (como en Chosica) que liberan tóxicos al ambiente, incluidos vapores de mercurio.

Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial deben impulsar y unificar criterios, junto con los municipios, y generar una gran cruzada por el aire limpio. En los últimos años –según un informe de Munilima–, la contaminación causó unos 800 mil casos de infecciones respiratorias agudas (IRA) en Lima y Callao, con la consecuencia de pérdidas de horas hombre y una serie de gastos –evitables– en el sistema de salud social.

El aire contaminado es un ‘asesino silencioso’ que, solo en Lima, mata a seis mil personas cada año. Estamos ante el principal problema de salud pública de las ciudades y uno de los mayores problemas ambientales del país, pues esta amenaza es invisible –contrariamente a un relave minero o derrame petrolero– y los planes de acción y remediación no son inmediatos.

Lima será sede el próximo año de la 19 Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP19). En ese sentido, uno de los temas por tratar es la reducción de gases de efecto invernadero (GEI), varios de los cuales generan parte de la contaminación del aire. ¿Qué avances mostraremos el próximo diciembre a los líderes del mundo?

Una nota aparecida en “La Razón”, de España, informa que el miércoles pasado, la Comisión Europea aprobó una serie de medidas para mejorar la calidad del aire y evitar las 58 mil muertes prematuras anuales relacionadas con la contaminación. El anuncio lo hizo el comisionado europeo de Medio Ambiente, Janez Potocnik, quien además informó que la Directiva de Calidad del Aire, en vigor desde el 2011, será mucho más estricta.

Para ello, la Comisión Europea revisó todas sus políticas de calidad de aire, los vacíos jurídicos y estableció nuevos límites de contaminantes con calendarios específicos para 2020, 2025 y 2030. La contaminación ambiental le cuesta a Europa hasta 940 billones de euros anuales en temas de salud.

China, por su lado, invertirá unos US$300.000 millones en los próximos tres años, para combatir la contaminación. La cifra la dio a conocer Wang Jinnan, vicepresidente de la Academia china de Planificación Medioambiental, y aseguró que esta lucha frontal creará, además, más de dos millones de puestos de trabajo. Cerca de 37% del monto será para limpiar el aire, y el resto para promover las energías limpias y mejorar la eficiencia de los motores.

Urge, pues, que todos participemos en una cruzada por el aire limpio, de otro modo las ciudades –lejos de ser centros de prosperidad– se irán convirtiendo, cada vez más, en imperio de cáncer, asma, aborto espontáneo, infarto, embolia, hipertensión, bebes de bajo peso al nacer y otros males asociados al ‘asesino invisible”.

Irma Montes Patiño

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Publicado MARTES 24 DE DICIEMBRE DEL 2013 

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Anaya y Fitzcarrald

El presidente Ollanta Humala remarcó en la cumbre APEC, de octubre, que el liderazgo en la política medioambiental del país debe llevarlo el Estado y no las ONG. ¿Pero qué sucede cuando esas mismas personas que han estado años trabajando en esas ONG aludidas por el presidente Humala ocupan los puestos que deben tomar las decisiones técnicas y políticas, y trazar la política ambiental desde el propio Estado?

Lo dicho es más preocupante cuando estas mismas ONG alimentan de información a las ONG internacionales y estas a los organismos internacionales encargados de opinar –desde una óptica internacional y absolutamente objetiva- sobre el cumplimiento de acuerdos a los cuales se ha adscrito nuestro país.

En este contexto, nos preocupa la objetividad de la próxima visita oficial a nuestro país del señor James Anaya, relator especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Y es que el relator Anaya visitará el Perú luego de la publicación del informe que elaboró su despacho en Ginebra sobre la situación de los pueblos indígenas que habitan las proximidades del proyecto Camisea, en el Cusco, particularmente en la Reserva Territorial Kugapakori-Nahua-Nanti (RTKNN).

En este informe final se consigna, entre otros puntos de claro interés personal, dos que valen la pena rescatar para comprender la preocupación del presidente Humala por lo advertido en APEC. Máxime si el informe oficial del señor Anaya fue publicado en setiembre del 2013 –luego de un año de contrapunteo entre el Estado Peruano y el despacho de Anaya- y no considera como válidas ninguna de las declaraciones hechas por el Estado Peruano en los sucesivos informes que se le envía al relator Anaya a través de las entidades pertinentes.

Preocupa más cuando insiste en mantener una posición suspicaz al remarcar: “El relator especial observa, sin embargo, que existe una divergencia entre la información presentada por el Gobierno [Peruano] y las alegaciones recibidas con respecto a la legalidad de la ampliación de actividades hidrocarburíferas en el lote 88, la existencia de una concesión en el denominado lote Fitzcarrald”.

Aseveración oficial del relator al que el Estado Peruano, a través de un oficio de la procuradora pública especializada supranacional del Ministerio de Justicia, responde: “Con respecto al alegado lote Fitzcarrald, es necesario afirmar de manera contundente que Perú-Petro no ha establecido ningún área con dicha denominación ni lote calificado como tal, menos aún sobre la Reserva Territorial Kugapakori-Nahua-Nanti. Por lo tanto, no existe ningún trámite de negociación con alguna empresa en el área mencionada”.

Queda clarísimo así que el lote Fitzcarrald, sobre el cual alguien ha desinformado al relator Anaya, no es más que una invención ‘oenegera’ y ello evidencia el sesgo de nuestro próximo ilustre visitante.

Nos sumamos así a la preocupación del presidente Humala cuando con justa razón advierte que las ONG no deben encargarse de dictar la política ambiental del Estado. Pues, en un afán de garantizar el flujo de fondos internacionales, apuntan a moldear las opiniones de ciertos organismos internacionales.

Nos preguntamos entonces, luego de un informe tan ligero, ¿debemos tomar en serio las sugerencias de un funcionario internacional que además de estar de salida de su cargo, exige que durante su visita oficial se le conceda visitar otras áreas ‘de interes’ que ni siquiera consigna su informe oficial?

Irma Montes Patiño


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Q.E.P.D - Irma Montes Patiño

Se acaba de propinar el golpe más fuerte contra la ley de consulta previa, desde su promulgación hace dos años. La responsable ha sido, lamentablemente, la flamante ministra de Cultura, Diana Álvarez-Calderón, es decir, la "garante" de esa ley. Y es que, en su primera entrevista a un programa televisivo -concedida al periodista Jaime  de Althaus-, la ministra entró en una serie de contradicciones que evidenciaron su falta de información sobre el tema.

No es nuestra intención hacer notar las debilidades técnicas de la ministra Álvarez-Calderón ni su falta de información sobre los alcances de su cargo, pero sí la de su situación al mando de un ministerio que quizá sea el mas importante para destrabar la millonaria inversión paralizada para grandes proyectos extractivos y de infraestructura.

Si bien su nombramiento fue muy criticado, siempre es fácil hacerlo desde el otro lado de la vereda y por eso, luego de analizar su posición, podemos contar con información mas certera, pues proviene de sus mismas declaraciones. La sorpresa se da mas por el lado de las personas que están a cargo de los temas técnicos, de las que la asesoran y de las que ya formaban los cuadros de expertos en el sector que ella ahora lidera. 

La ministra es la que lleva la voz cantante en el sector y hace eco de la línea trazada por el gobierno. Es decir, que lo que ella manifiesta no es sólo algo con lo que esta de acuerdo personalmente, sino que transmite la opinión de los que proponen las políticas de su sector.

Pues bien, el golpe del que hablamos al inicio se da a por fin aceptar lo que muchos quisieron esconder y no reconocer: que no existen lineamientos técnicos serios para determinar quiénes serán los pueblos a los que la ley de consulta debe consultar. Se ha escrito y debatido extensamente sobre el objeto a consultar, el contenido de lo consultado y demás aspectos, pero de nada serviría llegar a un acuerdo bajo esas condiciones si lo principal -el sujeto de la propia consulta- no se puede reconocer. Y es que si bien la ley se basa en los criterios que recoge el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (1989), ese mismo convenio es muy amplio, genérico y hasta poco claro en cuanto al criterio de la subjetividad, es decir, que los pueblos indígenas mismos deben autorreconocerse como tales.

Queda pues en evidencia lo que hemos venido sosteniendo en esta columna del aspecto demagógico de dicha ley y que sólo fue usada como una ficha táctica en el nuevo tablero del entonces inaugurado gobierno. Donde las aclamaciones llegaron al extranjero, como si ello anunciara lo que sería un gobierno justo, inclusivo, tolerante, y eficiente en materia de pueblos indígenas, Dos años después, nada mas alejado de la realidad.

En conclusión, con lo que manifestó la ministra Álvarez-Calderón, podemos considerar que se ha sepultado la ultima posibilidad de implementación adecuada de la ley, pues declaró que para saber a quienes se les consultará "se ha solicitado al Minagri [Ministerio de Agricultura y Riego] el poyo con un catastro que se hará en el siguiente censo", es decir, no se tendrá respuesta a esa pregunta crucial en este gobierno y, claro, ya será responsabilidad del próximo o de alguien más. Que en paz descanse, ley de consulta previa.

Irma Montes Patiño

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